La vicepresidenta de operaciones del monopolio estatal de telecomunicaciones en Cuba, Sybel Alonso Baldor, ha intentado justificar el reciente e impopular incremento de las tarifas de internet argumentando la necesidad de sostener la infraestructura tecnológica de la isla, en medio de un creciente rechazo ciudadano que amenaza con desbordar las calles y las universidades.
En un intento por calmar las aguas tras el anuncio de la dolarización parcial de sus servicios, las autoridades de la isla informaron sobre la implementación de dos nuevos paquetes de datos móviles. El primero, denominado «adicional», ofrece 2 GB por 1.200 pesos cubanos (CUP), mientras que el segundo, clasificado como «sectorial», ofrece 6 GB por 360 CUP, destinado exclusivamente a los estudiantes universitarios. Estas medidas llegan como una respuesta tardía al descontento generalizado provocado por el «tarifazo» original, que obligaba a los usuarios a pagar en divisas para acceder a planes de datos viables.
Desde su cuenta en la red social X, la directiva de ETECSA defendió la medida asegurando que los ingresos en divisas de los últimos años han sido el motor para construir la actual red de telecomunicaciones. Alonso Baldor destacó cifras específicas para fundamentar su postura: la existencia de dos cables submarinos, ocho millones de teléfonos móviles activos y más de 5.600 radiobases distribuidas por el territorio nacional. «Necesitamos sostener todo esto para que los cubanos sigamos conectados al el mundo», subrayó la funcionaria, en un mensaje que busca apelar a la modernidad pero ignora la capacidad adquisitiva real de la población.
En otra publicación, la dirigente de la empresa estatal culpó directamente a las «conductas fraudulentas de recargas internacionales» por las supuestas pérdidas financieras de la corporación. Según su narrativa, estas prácticas ilícitas retrasan el «futuro tecnológico» del país. Sin embargo, esta explicación ha sido percibida por amplios sectores de la sociedad civil como una excusa para enmascarar la ineficiencia administrativa y la urgente necesidad del régimen de La Habana de captar divisas frescas a toda costa, trasladando el costo de la crisis económica a los ciudadanos de a pie.
La retórica institucional, no obstante, ha chocado de frente con la realidad material de la población cubana. La dolarización parcial de la economía, materializada en las nuevas tarifas de ETECSA, ha desatado una ola de protestas ciudadanas lideradas principalmente por el sector estudiantil universitario. Las redes sociales se han inundado de testimonios que evidencian la insostenibilidad de estos precios. Comentarios como «sigue siendo un precio abusivo», «eso es otra estafa» o el dramático cálculo de que un jubilado que percibe la pensión media de 1.680 CUP se quedaría con apenas 480 pesos para sobrevivir todo el mes si adquiere el plan adicional, reflejan la indignación popular.
Diálogo institucional o contención social
Paralelamente a los anuncios tarifarios, el gobierno cubano ha desplegado una estrategia de aparente apertura al diálogo. Medios oficiales informaron sobre la conformación de un grupo de trabajo conjunto entre directivos de ETECSA y estudiantes universitarios seleccionados, del cual surgieron más de 40 propuestas técnicas y de comunicación para «mejorar el servicio». Los estudiantes fueron divididos en tres áreas: Operaciones, Comercial y Comunicación, con representantes de varias provincias.
Entre las propuestas presentadas figuran ajustes técnicos de cierta envergadura, como la virtualización de nodos, el rediseño del portal de navegación y la creación de estrategias de comunicación para gestionar futuras crisis. También se incluyeron cambios administrativos, como permitir que los padres designen beneficiarios de líneas móviles, una medida que reconoce la complejidad de las dinámicas familiares en un país azotado por el éxodo migratorio. Pese a esta puesta en escena, numerosas voces tanto dentro como fuera de la isla coinciden en que estas acciones no alteran la lógica de exclusión y control que domina el acceso a internet en Cuba.
Antecedentes de un monopolio al servicio del control
Para comprender la magnitud del descontento, es necesario observar los antecedentes de la conectividad en la isla. ETECSA ha mantenido un monopolio absoluto sobre las telecomunicaciones durante décadas. La llegada de los datos móviles en 2018 representó un avance significativo, pero también consolidó a la empresa estatal como una de las principales fuentes de captación de divisas para el ejecutivo cubano, dependiente en gran medida del turismo, las remesas y los servicios profesionales exportados. Cada recarga, cada paquete comprado, ha funcionado como un impuesto indirecto que sostiene una economía centralizada y ineficiente.
El acceso a internet en Cuba ha estado históricamente mediatizado por la voluntad del Estado. La dictadura cubana ha utilizado la conectividad no solo como un negocio rentable, sino como una herramienta de vigilancia y control social. El corte de señal durante las protestas del 11 de julio de 2021 demostró que la infraestructura que ahora ETECSA pide «sostener» puede ser silenciada a voluntad cuando la ciudadanía se moviliza exigiendo libertades fundamentales. El actual «tarifazo» no es más que la última iteración de una política que penaliza el acceso a la información y castiga a quienes no tienen vínculos con el exterior.
Contexto Sistémico: La crisis estructural y el apartheid informativo
El conflicto en torno a las tarifas de ETECSA no es un fenómeno aislado, sino un síntoma más del colapso estructural que atraviesa la isla. La economía cubana enfrenta una inflación galopante que ha destruido el poder adquisitivo del salario medio, el cual raramente supera los 4.000 CUP mensuales, una cifra insuficiente para cubrir la canasta básica de alimentos en un mercado donde un kilo de carne de cerdo puede costar más de 500 CUP. En este contexto, exigir 1.200 CUP por 2 GB de internet equivale a pedirle a una familia que renuncie a varios días de alimentación para mantenerse informada.
El régimen de La Habana ha profundizado en los últimos años una dolarización de facto, creando un sistema de apartheid económico donde quienes reciben remesas del extranjero o trabajan en empresas mixtas tienen acceso a bienes y servicios, mientras que la inmensa mayoría de los cubanos, dependientes del salario estatal, son empujados a la marginación. Las nuevas tarifas de telecomunicaciones consolidan este apartheid informativo, dividiendo a la sociedad entre los que pueden pagar en divisas por el derecho a comunicarse y los que son confinados a la desconexión.
Además, este escenario se desarrolla en medio del mayor éxodo migratorio de la historia reciente de Cuba. Cientos de miles de jóvenes y profesionales han abandonado el país ante la falta de oportunidades y la asfixia política. Los que se quedan, en su mayoría estudiantes y trabajadores estatales, son los mismos que ahora se enfrentan a la imposibilidad de pagar un servicio de internet que, para muchos, es la única vía de escape, educación y comunicación con sus familiares emigrados.
Implicaciones políticas y panorama a futuro
La respuesta del régimen, que combina pequeñas concesiones tarifarias con mesas de diálogo controladas, parece estar orientada más a desactivar la presión social a corto plazo que a ofrecer soluciones de fondo. La promesa de planes sectoriales para estudiantes genera más división que alivio, ya que no resuelve el problema de la conectividad para el resto de la población y obliga a los jóvenes a negociar sus derechos bajo la supervisión de instituciones oficialistas.
A medida que las autoridades de la isla intentan proyectar una imagen de escucha y adaptación, la calle y las redes sociales mantienen viva la memoria de la represión y la censura. El fondo del problema, como señalan analistas y activistas, no es estrictamente técnico ni comercial, sino profundamente político. La concentración del poder, el control absoluto de la información y la criminalización del disenso son los pilares que sostienen el monopolio de ETECSA y, por extensión, el poder de la dictadura cubana.
El futuro inmediato apunta a una persistente tensión social. Si el gobierno cubano no rectifica su política de dolarización forzada y continúa trasladando el peso de la crisis a los sectores más vulnerables, es probable que las protestas estudiantiles escalen hacia un conflicto social de mayor envergadura. La comunidad internacional, por su parte, observa con preocupación cómo el acceso a un derecho universal como la conectividad es utilizado en Cuba como un instrumento de dominación económica y silenciamiento político, poniendo de manifiesto la desconexión total entre las necesidades del pueblo y las prioridades del poder.
