En las calles de Holguín, decenas de personas de la tercera edad recorren kilómetros diarios vendiendo escobas, pan, cloro y otros productos de primera necesidad para poder comer. Las pensiones estatales, que no superan los 1.700 pesos mensuales, resultan insuficientes frente a una inflación galopante y unos precios de mercado que consumen la totalidad del ingreso en un solo producto básico. La crisis estructural del sistema de seguridad social cubano empuja a los ancianos a una supervivencia que el régimen de La Habana simultáneamente persigue como «ilegalidad».
Ismael Cruz Díaz tiene 73 años y camina más de diez kilómetros bajo el sol de la oriental provincia de Holguín con un atado de escobas y trapeadores al hombro. Su jornada comienza en San Rafael, el asentamiento rural donde reside, a más de una decena de kilómetros de la ciudad. De allí se traslada en transporte hasta la Escuela Vocacional, luego a la terminal Las Baleares, y desde allí continúa a pie por las calles Ángel Guerra y Morales Lemus hasta alcanzar la carretera de Gibara. Todo ese recorrido, casi diario, tiene un único propósito: conseguir dinero para comer. Su pensión mensual es de 1.500 pesos, una cantidad que, según sus propias palabras, no le alcanza ni para comprar leche.
La historia de Cruz Díaz no es excepcional. En las calles holguineras es cada vez más frecuente encontrar vendedores ambulantes de la tercera edad que ofrecen desde alimentos hasta enseres domésticos básicos. Estos comerciantes informales han pasado a ocupar un rol que el Estado no puede ni quiere cubrir: el abastecimiento de la población ante el vacío persistente de las tiendas estatales y la distorsión profunda de un mercado interno cada vez más fragmentado y dolarizado. La presencia de ancianos en este sector es una consecuencia directa del deterioro del sistema de pensiones y de la incapacidad del gobierno cubano para garantizar la seguridad social que promete desde hace más de seis décadas.
El peso demográfico de un país que envejece sin recursos
No es casual que muchos de estos comerciantes informales sean personas jubiladas. Según datos oficiales, el índice de envejecimiento poblacional en Cuba alcanza el 25,7%, lo que significa que uno de cada cuatro cubanos tiene 60 años o más. Este indicador, que sitúa a Cuba como uno de los países más envejecidos de América Latina, debería acompañarse de un sistema de protección social robusto. Sin embargo, la realidad es la inversa: las pensiones que reciben los jubilados no cubren ni las necesidades más elementales y los obligan a buscar fuentes de ingreso alternativas en una edad en la que, en cualquier sociedad funcional, deberían disfrutar de un descanso merecido.
Otro vendedor de escobas en Holguín (Foto: CubaNet)
Sergio Morales tiene 76 años y vende pan por las calles de Holguín. Nunca imaginó que a esa edad tendría que seguir trabajando. Su dilema está expresado con una crudeza que no admite matices: con una chequera de 1.680 pesos mensuales, quedarse en casa equivale, literalmente, a morirse de hambre. La pensión que recibe tras una vida laboral completa no le permite acceder a una canasta básica de alimentos. La diferencia entre el ingreso fijo y el costo real de la vida en Cuba es tan abismal que el trabajo informal deja de ser una opción y se convierte en una necesidad ineludible.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) sitúan la inflación interanual en Cuba en abril de 2025 en el 18,57%. Sin embargo, especialistas independientes y la propia experiencia de los ciudadanos indican que la cifra real es considerablemente superior, pues las estadísticas oficiales no reflejan fielmente los precios del mercado informal, un sector mucho más dinámico y abastecido que el mercado formal controlado por el Estado. Un litro de aceite de cocina, por ejemplo, asciende actualmente a 1.100 pesos en el mercado informal, un valor casi equivalente a la pensión mensual completa de un jubilado. Esto significa que un anciano que destine la totalidad de su pensión a un solo producto básico apenas podría adquirir algo más de un litro al mes.
«Si no vendemos, no comemos»
Víctor Ramírez tiene 86 años y camina las calles de Holguín vendiendo cloro. Tras 50 años de trabajo continuo con el Estado, su jubilación es de 1.528 pesos. La venta está mala, afirma, y no hay dinero. Su constatación es tan simple como devastadora: los pobres no pueden soportar esta situación. Ramírez no puede disfrutar de un descanso que ha ganado con medio siglo de labor ininterrumpida. Como su chequera no le alcanza, vende cloro por las calles. Si no lo hace, no come. La ecuación no admite más elaboración.
Un vendedor ambulante de productos del agro en Holguín (Foto: CubaNet)
Wilfredo Suárez es otro de los innumerables vendedores de la tercera edad que transitan las calles holguineras. Pregoná máquinas de afeitar desechables y reconoce que no gana mucho, pero que le da al menos para comer un poco y no morirse de hambre. Su descripción del esfuerzo cotidiano es elocuente: para ganarse unos pocos pesos tiene que dar más vueltas que un trompo. La metáfora encapsula la realidad de miles de ancianos cubanos que dedican sus últimas energías físicas a una actividad comercial de subsistencia, sin red de protección, sin seguridad laboral y sin expectativa de mejora.
Los retos de estos vendedores no se limitan a la baja demanda o a los achaques propios de la edad avanzada. Dennis Gómez, quien construyó una freidora eléctrica improvisada para vender croquetas, enfrenta un obstáculo adicional que lastra cualquier intento de generar ingresos estables: los apagones. Cuando se va la corriente no puede seguir vendiendo, explica. La interrupción del servicio eléctrico, que en muchas zonas del país se prolonga durante horas e incluso días, destruye la cadena productiva de los pequeños vendedores informales que dependen de energía para conservar, preparar o vender sus productos. A esto se suma la escasez de gas combustible, otro factor que limita severamente la capacidad de operación de quienes intentan ganarse el sustento en el sector de alimentos.
La represión del régimen contra la supervivencia
Paralelamente a esta batalla diaria por la supervivencia, la dictadura cubana mantiene una arremetida sistemática contra lo que califica de «ilegalidades» en el mercado informal. Operativos de control, decomisos, multas y amenazas se han intensificado en los últimos meses contra pequeños negocios, cuentapropistas y, de manera particular, contra vendedores callejeros. Las autoridades justifican estas medidas como acciones para eliminar la ilegalidad, vigilar precios y mantener el orden urbano. Sin embargo, los afectados y la mayoría de la población las perciben como decisiones represivas y arbitrarias que criminalizan la pobreza y el esfuerzo individual.
¿Caminarías 10 km diarios a los 73 años para sobrevivir?
Lázaro Dubras, de 77 años, vende jabitas de nailon en las calles. No legaliza su trabajo porque entre el pago de la patente y los impuestos le queda muy poco de ganancia. Ya ha sido multado en varias ocasiones, pero ha logrado evitar el decomiso de su mercancía gracias a su propia resistencia y a la solidaridad de los transeúntes. Su caso ilustra la paradoja de un sistema que obliga a los ciudadanos a trabajar en la informalidad por incapacidad de proveerles un ingreso digno y, simultáneamente, los persigue por hacerlo. El régimen crea las condiciones de la miseria y luego castiga a quienes intentan escapar de ella.
Contexto: el colapso estructural que nadie asume
La situación de los jubilados vendedores ambulantes en Holguín es un síntoma más del colapso estructural que atraviesa Cuba en múltiples dimensiones simultáneas. El sistema de seguridad social, diseñado en una época en que el Estado monopolizaba la economía y distribuía recursos subsidiados, ha perdido toda viabilidad en un contexto de inflación descontrolada, dolarización parcial de la economía y desabastecimiento crónico. Las pensiones, fijadas en pesos cubanos, no se han ajustado al ritmo de los precios reales del mercado, lo que ha generado una pérdida de poder adquisitivo que raya en la indigencia para la mayoría de los jubilados de la isla.
Este deterioro se inscribe en una crisis más amplia que combina inflación, escasez de combustible, apagones prolongados, colapso del sistema de salud pública y un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado al país de su fuerza laboral en edad productiva. La salida masiva de jóvenes y adultos en edad de trabajar ha dejado a una población cada vez más envejecida sin redes familiares de apoyo, pues muchos de los hijos y nietos que sostenían económicamente a los ancianos han emigrado. Las remesas, cuando llegan, no alcanzan a cubrir las necesidades de todos, y miles de jubilados quedan abandonados a su suerte en un sistema que no los protege.
El gobierno cubano ha reconocido de manera implícita la insostenibilidad del sistema de pensiones, pero no ha adoptado medidas estructurales para resolverla. Los ajustes salariales y de pensiones aplicados en años recientes han sido absorbidos inmediatamente por la inflación, sin impacto real en el poder adquisitivo de los beneficiarios. La falta de voluntad política para emprender una reforma profunda del modelo económico, que incluya la apertura real del mercado, la liberalización de precios y la creación de un marco fiscal racional, mantiene a los jubilados en una trampa de la que no pueden escapar por sí mismos.
Consecuencias y perspectivas
El panorama que dibujan estos testimonios en Holguín es replicable en prácticamente todas las provincias del país. La imagen de ancianos recorriendo kilómetros bajo el sol para vender escobas, pan o cloro es ya una escena habitual del paisaje cubano, una postal de la decadencia que el régimen intenta ocultar pero que la realidad impone con fuerza creciente. Las consecuencias de este abandono institucional se miden no solo en términos económicos, sino también en el deterioro físico y mental de una población vulnerable que se ve obligada a exertir esfuerzos físicos impropios de su edad.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han documentado de manera reiterada la crisis social cubana, pero la respuesta institucional del régimen sigue siendo la represión del sector informal y la propaganda sobre un sistema de seguridad social que en los hechos ha dejado de funcionar. Mientras tanto, personas como Ismael, Sergio, Víctor, Wilfredo y Lázaro continuarán caminando las calles de Holguín y de toda Cuba, sostenidos únicamente por la necesidad y la voluntad de no morirse de hambre. La pregunta que queda flotando es cuánto tiempo más podrá sostenerse un modelo que obliga a sus ancianos a trabajar hasta el último día de sus vidas para poder comer.
