El Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, José Ramón Viñas Alonso, ha ratificado su negativa a acatar la orden de destitución emitida por el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS), denunciando una injerencia directa del régimen de La Habana en los asuntos internos de la institución masónica. En un comunicado oficial, el líder masón aseguró que la dignidad de la institución prevalecerá sobre las «imposiciones» del poder y que están dispuestos a «asumir el precio» de su resistencia.
El conflicto estalló tras la notificación emitida por Miriam García, directora del Registro de Asociaciones, quien alegó una supuesta ilegalidad en la reelección de Viñas Alonso ocurrida en el mes de marzo. La funcionaria del gobierno cubano no solo exigió la repetición del proceso electoral, sino que ordenó la sustitución de Viñas por Lázaro Cuesta Valdés, su predecesor en el cargo. Ante esta exigencia, Viñas Alonso respondió con un documento público reafirmando que el Supremo Consejo «se mantiene dirigido por este Soberano Gran Comendador y todos sus cuerpos subordinados continúan trabajando normalmente», respaldado por la mayoría de sus miembros.
La defensa de Viñas Alonso se fundamenta en la legalidad interna de la orden. El líder masón sostuvo que la legislación escocista fue elaborada por y para masones, y que si bien el Registro de Asociaciones la aprobó en su momento, su aplicación interna es soberana. Además, desmintió que Cuesta Valdés esté facultado para sucederlo. Cuesta, quien supera los 80 años de edad, perdió su condición de miembro activo y fue recientemente expulsado de la institución tras ser señalado por traicionar al Supremo Consejo al prestararse a los designios del poder político en su intento de destituir a Viñas.
El respaldo a Viñas Alonso se materializó en una reunión extraordinaria celebrada el pasado 31 de mayo en la Catedral Escocesa, sede del Supremo Consejo en La Habana. En este encuentro, más de un centenar y medio de masones escocistas expresaron su rechazo a las injerencias gubernamentales. Según Viñas, tras explicar «legal y matemáticamente» la legitimidad de su cargo a más del 80% de los hermanos, estos decidieron por unanimidad no aceptar el mandato de la directora del Registro de Asociaciones.
Masones de toda Cuba se reúnen para destituir al Gran Maestro
La tensión ha escalado a niveles preocupantes, con advertencias explícitas sobre posibles consecuencias físicas. Viñas Alonso alertó que la intromisión del Estado, en lugar de fomentar la armonía, «ha creado peligrosamente un enfrentamiento entre hermanos que puede terminar con agresiones fatales». En un tono firme, el Soberano Gran Comendador declaró que la opción más sencilla sería ceder ante la burocracia estatal, pero que la voluntad mayoritaria de los masones es resistir. «Quien tenga intención de imponernos prepotentes decisiones arbitrarias de este tipo, tendrá que estar dispuesto a imponerse con violencia y decidirse a pagar el precio más caro que existe», sentenció.
Antecedentes de una persecución política
El ensañamiento de las autoridades de la isla contra Viñas Alonso no es un fenómeno aislado ni estrictamente administrativo, sino que responde a una purga política orquestada por la dictadura cubana. El motivo real de la hostilidad radica en la postura pública que asumió Viñas frente a la brutal represión estatal durante las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J). Su valentía al condenar la violencia policial contra la ciudadanía lo convirtió en un objetivo para los aparatos de inteligencia del Estado.
Esta persecución fue denunciada anteriormente por un ex Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, quien tuvo que exiliarse en Estados Unidos en 2023 tras sufrir las presiones constantes de la Seguridad del Estado. El exiliado reveló que los órganos represivos le exigieron iniciar un proceso interno para expulsar a Viñas Alonso de la Masonería, una orden a la cual él se negó rotundamente, lo que le costó el acoso y el posterior destierro.
La crisis institucional también envuelve a la Gran Logia de Cuba, que rige los grados del 1 al 3, mientras el Supremo Consejo gobierna los grados filosóficos del 4 al 33. A inicios de 2024, el entonces Gran Maestro, Mario Urquía, fue destapado por un supuesto desfalco de 19.000 dólares en su oficina, además del manejo irregular de fondos millonarios y estafas al Estado a través de su mipyme. Acosado por estas denuncias, Urquía fue chantajeado por la policía política y se plegó a sus planes, lo que desató una histórica protesta de los masones que lo obligó a renunciar.
En su lugar, las autoridades impulsaron a Mayker Filema, una figura de escaso relieve dentro de la institución pero con el respaldo del régimen. En marzo, Filema se negó a convocar elecciones e inició una «cacería de brujas» contra los opositores a su gestión, permitiendo la expulsión ilegal de figuras incómodas como Viñas Alonso y el escritor y ex preso político Ángel Santiesteban Prats. Ante esta vulneración de la ley, los masones celebraron una sesión extraordinaria el 25 de mayo, destituyendo a Filema y convocando elecciones generales para septiembre. Sin embargo, el Registro de Asociaciones ha ignorado la crisis de la Gran Logia y ha centrado su ataque en el Supremo Consejo.
El control de la sociedad civil en medio de la crisis estructural
El acoso contra la Masonería cubana no puede desvincularse del contexto de profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La inflación galopante, el colapso sistemático del sistema eléctrico, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y el éxodo migratorio masivo han generado un clima de insatisfacción popular sin precedentes. En este escenario de vulnerabilidad, el gobierno cubano percibe a cualquier institución con capacidad de convocatoria y autonomía histórica como una amenaza directa a su hegemonía.
La dictadura cubana ha perfeccionado el uso de instituciones aparentemente civiles y administrativas, como el Ministerio de Justicia y el Registro de Asociaciones, para neutralizar a la sociedad civil. Esta estrategia de control burocrático se aplica no solo a la Masonería, sino también a asociaciones religiosas, gremios de abogados, periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales. El objetivo es claro: impedir que se consoliden espacios de debate que escapen al monopolio ideológico del Partido Comunista, especialmente cuando figuras como Viñas Alonso demuestran que es posible la disidencia desde el seno de instituciones centenarias.
La Masonería en Cuba, con más de 165 años de historia, representa uno de los últimos reductos de sociabilidad independiente en el país. La negativa de Viñas Alonso a «arrodillarse» ante las imposiciones del poder refleja la fractura entre una ciudadanía que busca defender sus derechos y un Estado dispuesto a utilizar toda su maquinaria represiva y administrativa para silenciar cualquier atisbo de rebeldía. La advertencia sobre la posibilidad de «agresiones fatales» evidencia hasta qué punto la injerencia estatal ha envenenado los espacios cívicos.
Implicaciones y futuro de la resistencia cívica
El desenlace de este conflicto interno tendrá repercusiones significativas para el futuro de la sociedad civil en Cuba. Si el régimen de La Habana logra imponer su voluntad mediante la destitución de Viñas Alonso, enviará un mensaje contundente sobre la inviabilidad de cualquier autonomía institucional bajo el actual sistema autoritario. Por el contrario, la resistencia del Supremo Consejo y su capacidad para movilizar a cientos de masones en defensa de su legislación sienta un precedente de desafío cívico que podría inspirar a otros colectivos oprimidos por la burocracia estatal.
La comunidad internacional y las organizaciones dedicadas a la vigilancia de los derechos humanos en la región deben prestar atención a este caso. La criminalización de la disidencia interna y el uso del chantaje y la extorsión (como se evidenció en el caso de Mario Urquía) son prácticas propias de un Estado que no respeta el estado de derecho. Lo que comenzó como una disputa administrativa sobre la reelección de un cargo masónico se ha transformado en una prueba de fuego para medir la capacidad de resistencia de la sociedad civil cubana frente a los tentáculos de la dictadura.
