Un derrame de residuos de crudo y fuel oil en la antigua Termoeléctrica José Martí, ubicada en la Zona Industrial de Matanzas y fuera de servicio desde 2015, ha encendido las alarmas entre la población local y evidenciado, una vez más, la profunda fragilidad de la infraestructura energética e industrial del país. El suceso, confirmado por el medio oficialista Periódico Girón, ocurrió en uno de los tanques que aún conservaba restos de combustible, reavivando el trauma de tragedias ambientales recientes en la provincia y exponiendo la negligencia en el manejo de instalaciones en desuso.
Según declaraciones de Román Pérez Castañeda, director técnico de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras —de la cual depende técnicamente la planta Martí—, el vertimiento se originó por una presunta falla en el cuerpo del tanque o en las tuberías de acceso. Aunque el ejecutivo cubano había asegurado que se realizaron acciones previas para retirar el contenido, lo cierto es que no se logró darle un destino definitivo a estos residuos. Esta inacción mantuvo durante años materiales altamente contaminantes en una instalación abandonada, configurando un escenario de riesgo evitable que solo fue atendido tras el siniestro.
El tanque afectado almacenaba aproximadamente 500 metros cúbicos de residuos peligrosos. Las autoridades de la isla indicaron que el cubeto de contención cumplió inicialmente su función de retener el derrame, pero la rapidez con la que se desplegaron medidas urgentes reveló el alto peligro de la situación. Entre las acciones de emergencia implementadas destacan la activación del sistema contra incendios, la revisión de la bomba mecánica, el traslado de material rocoso para erigir una segunda barrera física y la coordinación para succionar el combustible derramado antes de que alcance zonas de mayor vulnerabilidad ecológica.
El fantasma de la catástrofe de 2022
El incidente en la termoeléctrica Martí ha golpeado la sensibilidad de los matanceros, quienes aún cargan con el trauma de la catástrofe ocurrida el 5 de agosto de 2022 en la Base de Supertanqueros, situada en la misma zona industrial. Aquel devastador incendio dejó un saldo de 17 fallecidos, entre ellos jóvenes reclutas del Servicio Militar obligatorio enviados a la zona sin la preparación ni el equipo adecuado, y más de un centenar de heridos. Las explosiones generaron una columna de humo negro de proporciones apocalípticas que llegó a oscurecer la capital del país, exponiendo al mundo la incapacidad del Estado para manejar emergencias industriales.
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Este nuevo derrame no es un hecho aislado, sino la gota que rebasa el vaso en una serie de accidentes ambientales que han marcado a la provincia en los últimos años. La falta de mantenimiento y la obsolescencia del sistema industrial han provocado que Matanzas se convierta en un polvorín ecológico. En 2024, un salidero en la línea de Fuel Oil Alto Vanadio provocó la fuga de petróleo en la bahía de Matanzas, afectando el ecosistema marino de una de las bahías más importantes del país.
A estos se suman otros episodios igualmente alarmantes que evidencian un patrón sistemático de desidia. Meses antes del incidente en la bahía, en Cárdenas, se vertió un líquido desde un tanque costero en desuso, replicando la misma negligencia que ahora se observa en la planta Martí. En 2021, un cambio de presión durante operaciones en el pozo Yumurí 201 derivó en otro derrame en la costa norte matancera. Incluso fuera de los límites provinciales, el peligro persiste: a finales de 2024, un accidente ferroviario en Cabaiguán, Sancti Spíritus, ocasionó el derrame de petróleo desde varios vagones que transportaban crudo desde la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Contexto: El colapso sistémico y el abandono de la infraestructura
Este patrón recurrente de accidentes y fugas es consecuencia directa de la fragilidad estructural de la infraestructura industrial cubana, víctima de décadas de falta de inversión, corrupción interna y mala gestión por parte del régimen de La Habana. El modelo económico centralizado ha demostrado ser incapaz de garantizar el mantenimiento básico de instalaciones clave, priorizando el control político y el aparato represivo sobre la seguridad ciudadana y la protección medioambiental. Mientras las instalaciones energéticas se desmoronan, los recursos escasos se desvían hacia áreas que aseguran la supervivencia del poder.
Foto: Girón
La crisis energética que sufre la isla es el telón de fondo de estos desastres. La dependencia de la planta Antonio Guiteras, que sufre paradas técnicas constantes y averías crónicas, refleja la desesperación del gobierno cubano por mantener encendido el Sistema Electroenergético Nacional. Las termoeléctricas operan muy por encima de su capacidad útil o, como en el caso de la José Martí, quedan abandonadas con materiales peligrosos en su interior, convirtiéndose en amenazas latentes. Los apagones prolongados, que en muchas provincias superan las 12 horas diarias, son síntoma de un sistema que colapsa bajo su propio peso burocrático.
Además del riesgo físico, existe un problema grave de transparencia y censura. La dictadura cubana mantiene un estricto control sobre la información relacionada con desastres ambientales, limitando el acceso de la prensa independiente y de organismos internacionales a las zonas afectadas. Esta política de opacidad impide que la sociedad civil conozca el verdadero alcance de los daños ecológicos y exija responsabilidades. La represión contra quienes intentan documentar o denunciar estas crisis es una violación flagrante de los derechos humanos y del derecho a la información pública.
Implicaciones a futuro y responsabilidad de Estado
Las consecuencias de este nuevo derrame en Matanzas trascienden el impacto inmediato. El riesgo de contaminación de acuíferos, la afectación a la fauna y flora local, y el peligro de una explosión mayor son amenazas reales que pesan sobre una población ya castigada por la escasez, la inflación y el deterioro de los servicios públicos. La incapacidad del Estado para desmantelar de forma segura una planta clausurada hace una década es una prueba más de la parálisis institucional que domina a la isla.
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Frente a esta realidad, la comunidad internacional y los organismos de protección ambiental deben exigir al gobierno cubano transparencia en la gestión de estos incidentes y el cumplimiento de los protocolos internacionales de seguridad industrial. Por su parte, la ciudadanía continúa sufriendo las consecuencias de un sistema que la ha abandonado a su suerte, impulsando un éxodo migratorio sin precedentes. El colapso no es solo económico o político; es también ambiental, y las generaciones futuras serán las herederas de un país devastado por la ineficiencia y la falta de libertades.
