El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó la sede de la microempresa Dofleini Software S.R.L., ubicada en el municipio capitalino de Playa, en un gesto oficial que busca proyectar una imagen de apertura hacia el sector privado emergente. Sin embargo, la elección de esta compañía no responde al éxito del libre mercado, sino que evidencia los profundos vínculos de las empresas favorecidas con el aparato estatal, la burocracia y los órganos de inteligencia de la isla.
A través de sus redes sociales, el mandatario destacó el encuentro como un acercamiento al sector privado, elogiando la labor de la empresa en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Díaz-Canel se refirió al «equipo joven» de la firma, describiéndolo como un reflejo del supuesto potencial de la industria del software en el país. No obstante, la promoción oficial de Dofleini funciona más como una operación de propaganda que como un reflejo genuino de una política económica inclusiva.
La realidad detrás de Dofleini dista mucho de la narrativa del emprendimiento espontáneo. Fundada por un grupo de egresados de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), la empresa no es una mipyme cualquiera, sino que ostenta el título de haber sido la primera aprobada en el país. La UCI es una institución concebida desde sus orígenes bajo el control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con un fuerte vínculo con los órganos de inteligencia del Estado cubano, lo que garantiza una base de lealtad ideológica y operativa para sus egresados.
Entre los rostros más visibles del equipo directivo de Dofleini figuran Carlos Miguel Pérez, quien además ostenta el cargo de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como Yadian Fernández Pérez, Erick Vega De la Cruz y Reynaldo Barceló Rodríguez. El perfil público de Pérez resulta especialmente elocuente. En entrevistas con medios afines, ha reproducido de manera fiel el discurso del régimen, defendiendo la «voluntad política» detrás del surgimiento de las mipymes y minimizando las críticas generalizadas sobre el freno en la aprobación de nuevas licencias.
Oficinas de Dofleini. (Foto: Instagram de Dofleini)
Según el sitio web de la empresa, Dofleini ofrece «soluciones tecnológicas avanzadas y personalizadas» en desarrollo de software, consultoría informática y transformación digital, presumiendo de más de 10 años de experiencia y más de 300 proyectos ejecutados. Su cartera de servicios, que incluye el desarrollo de portales web y soluciones empresariales, está dirigida principalmente a entidades estatales. De hecho, uno de los proyectos clave de Dofleini es la gestión del registro de las propias mipymes cubanas, una responsabilidad de alta sensibilidad que no podría recaer en una empresa sin estrechos y comprobados lazos con las instituciones gubernamentales.
El patrón de las empresas afines al poder
La historia de Dofleini no es una excepción, sino la regla en un ecosistema económico restringido y controlado. En Cuba, las mipymes que logran prosperar y obtener visibilidad son generalmente aquellas vinculadas directamente al Estado o creadas por individuos con conexiones directas al poder. Ejemplos de este patrón incluyen la desaparecida tienda virtual Tuambia SURL, propiedad de familiares de Perdomo Dilella, o Evexcon, fundada por Alfonso Valentín Larrea Barroso, otro empresario alineado con el oficialismo.
Estas empresas disfrutan de beneficios inaccesibles para el resto del sector privado: licencias preferenciales, acceso prioritario a divisas, participación en eventos gubernamentales y amplia exposición en los medios de comunicación estatales. Las publicaciones de Dofleini en sus redes sociales ilustran esta dinámica de privilegios, mostrando su presencia en ferias internacionales como FIHAV 2023, su participación en eventos como Reactor360 y distinciones tras concluir su incubación en el Parque Científico Tecnológico de La Habana.
Principales directivos. Foto: sitio web de Dofleini.
El entorno de éxito, estabilidad e innovación que proyecta Dofleini contrasta radicalmente con la realidad que enfrentan cientos de emprendedores cubanos comunes. Mientras la élite empresarial conectada al poder opera con comodidad, la mayoría de las mipymes sufren inseguridad jurídica, acoso fiscal, trabas administrativas insalvables y restricciones legales severas para operar e importar libremente. La visita de Díaz-Canel celebra, en definitiva, el éxito de un modelo donde la cercanía al poder es la única garantía de prosperidad.
Una estrategia de fachada para la comunidad internacional
Empresas como Dofleini también juegan un papel fundamental en la estrategia diplomática del régimen de La Habana. La firma ha participado en encuentros internacionales, como el celebrado en Miami, donde representantes del sector privado cubano se reunieron con empresarios cubanoamericanos, políticos y funcionarios estadounidenses. Estos intercambios buscan presentar una imagen modernizada del sector empresarial de la isla, con el objetivo de desbloquear relaciones diplomáticas y atraer capitales extranjeros.
Analistas especializados en la economía cubana señalan que muchas de estas mipymes, incluidas algunas con perfiles tan pulidos como el de Dofleini, han surgido de estructuras estatales previas o son dirigidas por testaferros de altos funcionarios del Partido Comunista o de la Seguridad del Estado. El florecimiento de estas empresas bajo el amparo del poder evidencia la inexistencia de un mercado realmente competitivo y transparente, exponiendo la naturaleza de un capitalismo de Estado selectivo.
Imágenes tomadas del sitio web de Dofleini.
Contexto de crisis estructural y represión económica
Para comprender la dimensión de esta visita presidencial, es indispensable enmarcarla en la profunda crisis estructural que asola a la isla. La economía cubana atraviesa un periodo de hiperinflación, colapso de los servicios básicos, apagones sistemáticos y un éxodo migratorio sin precedentes. En este contexto, el surgimiento de las mipymes en 2021 no fue producto de una liberalización ideológica del régimen, sino una medida desesperada para intentar contener el colapso total de la cadena de suministro tras el fracaso de la llamada Tarea Ordenamiento.
Sin embargo, el ejecutivo cubano rápidamente se dio cuenta de que el crecimiento del sector privado amenazaba su monopolio económico. Ante el temor de perder el control sobre la circulación de la riqueza, las autoridades de la isla implementaron un congelamiento de facto en la aprobación de nuevas licencias y endurecieron las restricciones a la importación. Esta decisión arbitraria, tomada sin control democrático ni consenso, es una muestra más de cómo la dictadura cubana prefiere sacrificar el desarrollo nacional con tal de mantener su hegemonía política.
Mientras el régimen exhibe a Dofleini como trofeo de su supuesta apertura, la ciudadanía común continúa sumida en la pobreza, dependiendo de remesas y del mercado negro para sobrevivir. El «emprendimiento» en Cuba, lejos de ser una oportunidad de progreso, se ha convertido para la mayoría en una ardua lucha por la supervivencia frente a un Estado que actúa como juez y parte, represor y supuestamente regulador. Las empresas que el gobierno promociona son aquellas que no representan una amenaza para su control, y que sirven como piezas útiles para simular apertura y, en algunos casos, esquivar sanciones internacionales.
La visita de Díaz-Canel a Dofleini no marca un antes y un después en la economía cubana, sino que reafirma el statu quo. Mientras el régimen mantenga el poder de decidir quién prospera y quién fracasa basándose en la lealtad política, Cuba no tendrá un sector privado independiente. La comunidad internacional y los potenciales inversores deberían mirar más allá de la estética moderna de estas empresas selectas y reconocer el entorno de represión y falta de libertades que asfixia a la verdadera iniciativa privada en la isla.
