El jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, demandó este miércoles que las dictaduras de Cuba y Venezuela establezcan una fecha concreta para la celebración de elecciones transparentes y verificables, en un llamado que coincide con la creciente presión internacional sobre ambos regímenes por su persistente negación de libertades democráticas.
La declaración de Noboa llega en un momento de particular tensión regional, horas antes de que la vicepresidenta ejecutiva del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunciara supuestos comicios en su país, una promesa que observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos han calificado de reiterada maniobra dilatoria por parte del chavismo.
El mandatario ecuatoriano contextualizó su exigencia en el marco de la crisis migratoria que atraviesa el continente, fenómeno directamente vinculado al colapso institucional, económico y social que padecen tanto Cuba como Venezuela bajo gobiernos autoritarios que mantienen el poder mediante la represión sistemática y el control total de los mecanismos electorales.
El cuestionado «sistema electoral» cubano bajo escrutinio internacional
En el caso específico de Cuba, la exigencia de Noboa resuena con particular fuerza ante la absoluta falta de condiciones democráticas en la isla. El régimen de La Habana opera bajo un sistema de partido único donde el Partido Comunista de Cuba se autoproclama «fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado», según el artículo 5 de la Constitución de 2019, una disposición que de facto prohíbe cualquier pluralismo político genuino.
Las últimas elecciones realizadas en Cuba, correspondientes a la Asamblea Nacional del Poder Popular en marzo de 2023, fueron ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional. El proceso careció de observadores internacionales independientes, no permitió campañas electorales de oposición, y los votantes únicamente pudieron ratificar o tachar nombres preseleccionados por la Comisión Nacional de Candidaturas, un órgano controlado por el aparato estatal.
La dictadura cubana ha perpetuado este modelo de simulación electoral durante más de seis décadas, argumentando que su sistema es «más democrático» que los modelos occidentales, mientras simultáneamente persigue, encarcela y silencia a cualquier ciudadano que intente organizarse políticamente fuera de las estructuras oficiales. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado extensamente esta contradicción entre la retórica oficial y la realidad de la represión política.
Migración masiva como síntoma del fracaso del modelo
La llamada de atención de Noboa adquiere relevancia adicional en el contexto de la crisis migratoria cubana, considerada la mayor éxodo en la historia reciente de la isla. Cientos de miles de cubanos han abandonado el país en los últimos años, huyendo de la profunda crisis económica, los apagones constantes, la escasez generalizada de alimentos y medicinas, y la asfixiante falta de libertades civiles y políticas.
El gobierno cubano ha atribuido sistemáticamente la crisis a las sanciones económicas de Estados Unidos, eludiendo cualquier responsabilidad sobre el fracaso del modelo económico centralizado y la ineficiencia crónica de la administración estatal. Sin embargo, analistas e incluso informes de organismos internacionales señalan que las políticas internas, la falta de incentivos a la producción, el control burocrático absoluto y la ausencia de reformas estructurales genuinas son factores determinantes en el colapso productivo de la isla.
La situación económica se ha visto agravada por el impacto del turismo, sector que tradicionalmente aportaba divisas significativas al régimen y que ha experimentado una caída estrepitosa. La inflación descontrolada, la devaluación del peso cubano y la dolarización forzada de amplios sectores de la economía han empobrecido aún más a una población que sobrevive con salarios promedio que no superan el equivalente a unos pocos dólares mensuales.
Represión como mecanismo de permanencia en el poder
La exigencia de elecciones libres y con fecha concreta que plantea Noboa choca directamente con la naturaleza de la dictadura cubana, que ha consolidado su permanencia en el poder a través del aparato represivo encarnado en organismos como el Departamento de Seguridad del Estado y la policía política. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, las más masivas en décadas, el régimen respondió con una oleada de detenciones arbitrarias, juicios sumarios y condenas draconianas que mantienen en prisión a cientos de manifestantes y activistas.
Organizaciones de la sociedad civil cubana en el exilio y dentro de la isla han denunciado reiteradamente que las autoridades de La Habana no tienen voluntad alguna de abrir espacios democráticos. Por el contrario, han intensificado el acoso a periodistas independientes, artistas, opositores y cualquier figura que cuestione la narrativa oficial, utilizando tácticas que van desde la intimidación y las amenazas hasta la privación arbitraria de libertad y el exilio forzado.
Implicaciones regionales y respuesta de la comunidad internacional
El posicionamiento de Ecuador se suma a las voces de otros gobiernos latinoamericanos que han comenzado a adoptar una postura más crítica frente a los regímenes autoritarios de la región. Si bien organismos como la CELAC o la UNASUR históricamente han mantenido una postura de «no injerencia» que en la práctica ha servido como escudo para la dictadura cubana, el peso creciente de la crisis migratoria está forzando un replanteamiento de las dinámicas diplomáticas regionales.
El desafío que enfrenta la comunidad internacional es cómo traducir exigencias como las planteadas por Noboa en mecanismos concretos de presión. Hasta ahora, las sanciones individuales, las resoluciones condenatorias y las declaraciones diplomáticas han resultado insuficientes para modificar la conducta del régimen cubano, que ha demostrado una notable capacidad de resistencia frente al aislamiento y la presión externa, sostenida en parte por el respaldo de aliados como Rusia, China e Irán.
Lo que queda claro es que la estabilidad democrática y económica del hemisferio occidental pasa inevitablemente por una transición política en Cuba y Venezuela. Mientras el régimen de La Habana continúe negando a su pueblo el derecho fundamental a elegir libremente a sus representantes, persistirá el flujo migratorio, la inestabilidad regional y el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas sometidas a un sistema que, como ha demostrado la historia reciente, no tiene capacidad ni voluntad de reformarse desde dentro.
