El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una conversación telefónica con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en la que le solicitó el apoyo de El Salvador para sumarse a la posición estadounidense en la próxima votación anual de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el embargo a Cuba, argumentando que el régimen de La Habana no adoptará reformas democráticas mientras perciba que la comunidad internacional está de su lado.
La llamada entre Rubio y Bukele se produjo en un momento políticamente sensible, a apenas dos semanas de que se realice la votación tradicional en la ONU que cada año condena el embargo comercial, económico y financiero impuesto por Washington sobre la isla. La gestión del secretario de Estado busca consolidar una coalición de países latinoamericanos dispuestos a romper con la práctica casi automática de respaldo a la resolución cubana, que históricamente ha contado con el apoyo abrumador de la comunidad internacional.
El argumento central esbozado por Rubio ante su homólogo salvadoreño reposa sobre una premisa que la política exterior estadounidense ha intentado posicionar con creciente insistencia: la condena internacional al embargo funciona como un escudo diplomático que el gobierno cubano utiliza para eludir cualquier compromiso con la apertura política, el respeto a los derechos humanos y la implementación de reformas económicas estructurales que la población demanda.
El voto en la ONU como termómetro diplomático
La resolución de Naciones Unidas contra el embargo se ha convertido, desde 1992, en un ritual diplomático donde Cuba obtiene respaldo casi unánime. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para erosionar ese consenso, insistiendo en que el voto a favor de La Habana equivale a legitimar un sistema que mantiene en el poder a una dirigencia que no ha rendido cuentas electorales libres ni ha permitido el pluralismo político en más de seis décadas.
Para Rubio, cuya postura hacia el régimen cubano ha sido consistentemente de línea dura, el mensaje hacia los países de la región es directo: continuar votando a favor de la resolución cubana en la ONU significa enviar una señal de impunidad a una dirigencia que ha profundizado la represión contra opositores, periodistas independientes y ciudadanos que se manifiestan públicamente. La dictadura cubana, según esta lectura, interpreta cada respaldo internacional como una licencia para persistir en el control absoluto sobre las instituciones, la economía y la sociedad.
La gestión ante Bukele no es un hecho aislado. Forma parte de una ofensiva diplomática más amplia del Departamento de Estado que busca persuadir a gobiernos de América Latina y el Caribe para que, al menos, se abstengan en la votación o, en su defecto, no respalden el texto presentado por La Habana. El objetivo es privar al régimen cubano de la imagen de respaldo multilateral que ha venido capitalizando durante décadas como evidencia de su legitimidad internacional.
La crisis cubana como argumento
El contexto en el que se desarrolla esta ofensiva diplomática es el de una Cuba sumida en una de las crisis más profundas de su historia reciente. El colapso del sistema eléctrico, la escasez generalizada de alimentos y medicinas, la inflación galopante y la migración masiva configuran un escenario de deterioro social que el régimen de La Habana ha intentado atribuir exclusivamente al embargo, eludiando cualquier responsabilidad por las políticas económicas aplicadas durante décadas.
Sin embargo, diversos analistas y observadores coinciden en que las sanciones estadounidenses, si bien han tenido un impacto real en la economía cubana, no explican por sí solas la magnitud del colapso. El modelo económico centralizado, la falta de incentivos a la producción, el control estatal absoluto sobre la actividad privada y la inexistencia de un marco jurídico que garantice la propiedad privada son factores estructurales que han minado la capacidad productiva de la isla mucho antes de cualquier recrudecimiento del embargo.
Las autoridades de la isla han respondido a la crisis con un conjunto de medidas insuficientes y tardías, que no abordan las causas profundas del deterioro. La devaluación del peso, la liberalización parcial del comercio exterior y la autorización de un sector privado limitado no han logrado revertir la caída del poder adquisitivo ni contener el éxodo migratorio que ha vaciado a Cuba de cientos de miles de sus ciudadanos en los últimos años.
Represión y falta de libertades como núcleo del debate
El otro componente del argumento de Rubio es el deterioro de la situación de derechos humanos en Cuba. Desde las protestas del 11 de julio de 2021, la dictadura cubana ha endurecido el aparato represivo con un sistema de vigilancia, intimidación y encarcelamiento que ha silenciado de manera efectiva cualquier expresión de disidencia. Los juicios sumarios, las condenas desproporcionadas y el acoso sistemático a familiares de opositores han sido documentados por organizaciones internacionales de derechos humanos.
En este sentido, la gestión de Estados Unidos ante Bukele y otros líderes de la región busca reposicionar el debate: la cuestión no es únicamente el embargo, sino también la responsabilidad del gobierno cubano ante su propia población. Mientras la comunidad internacional concentre su condena casi exclusivamente en las sanciones estadounidenses, el régimen de La Habana se siente liberado de cualquier presión para liberalizar el sistema político, permitir elecciones plurales o desmantelar el aparato represivo que mantiene en el poder a la élite gobernante.
La respuesta de Bukele a la solicitud de Rubio no ha sido divulgada públicamente, y la posición que El Salvador adoptará en la votación de la ONU remains incierta. El gobierno salvadoreño ha mantenido en los últimos años una relación pragmática con Cuba, sin alinearse abiertamente con las posturas más críticas del gobierno estadounidense hacia la isla, pero tampoco con el discurso radical de la dirigencia cubana.
Implicaciones regionales y futuro de la política hacia Cuba
El resultado de la votación en la ONU tendrá un valor más simbólico que sustantivo en términos de política efectiva hacia Cuba, pero servirá como indicador de la correlación de fuerzas diplomáticas en la región. Si Estados Unidos logra incrementar el número de abstenciones o votos en contra de la resolución cubana, el régimen de La Habana perderá uno de sus principales activos narrativos: la pretensión de que el mundo entero respalda su posición frente a Washington.
Por el contrario, si el resultado se mantiene en la línea de respaldo abrumador a Cuba, el gobierno cubano interpretará nuevamente que su estrategia de victimización internacional sigue siendo efectiva y que no existe presión externa suficiente para impulsar cambios internos. En ese escenario, las posibilidades de apertura política o de reformas económicas de calado quedan condicionadas a factores internos que, hasta ahora, la dirigencia cubana ha demostrado capacidad para contener mediante la represión y el control institucional absoluto.
Lo que está en juego en esta votación, más allá del embargo, es la credibilidad de un mensaje que la diplomacia estadounidense intenta consolidar: que el statu quo cubano no es sostenible y que la comunidad internacional tiene una responsabilidad en no convertirse en cómplice de un sistema que niega a once millones de personas los derechos políticos, económicos y sociales fundamentales que el resto del hemisferio ha asumido como estándar mínimo de convivencia democrática.
