LA HABANA, Cuba. — La capital cubana conmemora 507 años de fundación en medio de un deterioro profundo de su tejido urbano, social y económico, según coinciden analistas, cronistas y residentes que describen una ciudad irreconocible frente al imaginario de vitalidad que la caracterizó durante décadas.
La fecha, que en otras épocas convocaba celebraciones y homenajes, llega este año envuelta en un debate público sobre la responsabilidad de las autoridades en la degradación de una urbe que pasó de ser referente cultural del Caribe a un espacio marcado por la falta de servicios básicos, la represión y el silencio. Diversas crónicas publicadas en las últimas horas coinciden en que La Habana no es una ciudad muerta por causas naturales, sino el resultado de decisiones políticas sostenidas desde 1959.
El contraste con la imagen tradicional de la ciudad es drástico: los espacios que antaño convocaban por su vida nocturna, su oferta gastronómica y su efervescencia artística han cedido ante un panorama cotidiano de apagones prolongados, desabastecimiento en mercados y un éxodo migratorio que no cesa. “No hay tiendas ni centros comerciales ni mercados sino mipymes”, se lee en uno de los textos recientes que circulan en la isla, en alusión a la dolarización parcial de la economía y la sustitución de los establecimientos estatales por pequeños negocios privados que operan bajo estrictas regulaciones del gobierno cubano.
Represión y silencio: el rostro cotidiano de la dictadura
En el plano político, el aniversario de la capital coincide con un clima de control social que organizaciones de derechos humanos y disidentes describen como sistemático. La dictadura cubana ha reforzado en los últimos años los mecanismos de vigilancia, censura y persecución de voces críticas, un escenario que se agudizó tras las protestas del 11 de julio de 2021. La represión posterior dejó cientos de detenidos, condenas en juicios sumarios y un endurecimiento de las leyes contra la libertad de expresión.
El régimen de La Habana justifica estas medidas como defensa de la soberanía nacional, pero organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas han documentado violaciones sistemáticas, detenciones arbitrarias y malos tratos a manifestantes. En este contexto, hablar de “muerte” de La Habana adquiere una dimensión doble: la material, por el colapso de la infraestructura, y la inmaterial, por el silenciamiento de la disidencia.
El papel del turismo y GAESA en la crisis urbana
Uno de los ejes centrales de la crítica al ejecutivo cubano es el manejo del sector turístico, históricamente presentado como motor de divisas. Durante la última década, el grupo empresarial GAESA —controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias— lideró una agresiva expansión de hoteles de lujo, promovida como “circuito de lujo” y respaldada por inversiones extranjeras. Sin embargo, esa estrategia no fue acompañada de inversiones equivalentes en infraestructura hidráulica, eléctrica o de transporte público, lo que profundizó las desigualdades entre la zona turística y las barriadas populares.
Analistas locales recuerdan que la explosión del hotel Saratoga, ocurrida en mayo de 2022 y que dejó decenas de fallecidos, se convirtió en un símbolo del abandono y la improvisación en materia de seguridad. Las autoridades de la isla atribuyeron el siniestro a un fallo en los depósitos de gas, pero muchos ciudadanos interpretaron el hecho como consecuencia directa de la falta de mantenimiento y la opacidad en la gestión de proyectos turísticos. Aquel suceso marcó, según economistas, el fin del espejismo del “boom” hotelero impulsado por la nomenclatura castrense.
Contexto sistémico: crisis energética, desabastecimiento y éxodo
La situación de La Habana no puede disociarse de la crisis estructural que atraviesa la isla. Los apagones de hasta doce horas diarias se han convertido en rutina, afectando a hospitales, escuelas y hogares. La escasez de alimentos, medicamentos y combustible ha disparado la inflación, que según economistas independientes supera el cien por ciento anual, mientras los salarios estatales permanecen por debajo de los diez dólares mensuales en el sector público. Este panorama ha empujado a miles de cubanos a abandonar el país: solo en los últimos tres años, más de 500.000 personas llegaron a Estados Unidos por vías irregulares o mediante el programa de parole humanitario.
El gobierno cubano responsabiliza al embargo estadounidense por la escasez, pero numerosos estudios y testimonios internos apuntan a la ineficiencia de la planificación centralizada, la corrupción en la asignación de divisas y la ausencia de reformas estructurales como causas decisivas. La decisión de mantener un modelo económico que prioriza el control político por encima del bienestar ciudadano ha generado un deterioro progresivo que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la capital.
Antecedentes de un deterioro planificado
La Habana llegó a mediados del siglo XX con una infraestructura moderna, una clase media consolidada y una vida cultural vibrante. El triunfo de la revolución castrista en 1959 marcó el inicio de un proyecto político que, según los críticos, nunca priorizó la preservación del patrimonio urbano ni el desarrollo humano de sus habitantes. Las expropiaciones masivas, la nacionalización de la propiedad y la centralización de la economía desmantelaron el tejido productivo local, mientras la inversión se concentró en obras propagandísticas y en la expansión de la burocracia estatal.
En las décadas siguientes, la crisis del bloque soviético y la pérdida de subsidios externos agravaron la situación. El llamado “período especial” de los años noventa dejó cicatrices profundas en la infraestructura y en la alimentación de la población. La apertura limitada al turismo internacional —con la creación de empresas mixtas y la doble moneda— generó una desigualdad creciente que las reformas de 2011 y 2021 no lograron revertir. La unificación monetaria de 2021, de hecho, disparó la inflación y profundizó la proletarización de amplias capas sociales.
Respuesta institucional y omisiones de la comunidad internacional
Mientras tanto, la comunidad internacional ha mantenido una postura ambivalente. Estados Unidos endureció sanciones durante la administración de Donald Trump y luego flexibilizó ciertas medidas migratorias y de viaje bajo el mandato de Joe Biden, pero no ha logrado articular una estrategia coherente de acompañamiento a la sociedad civil cubana. La Unión Europea, por su parte, condiciona su cooperación al cumplimiento de cláusulas democráticas que el régimen de La Habana rechaza de manera sistemática.
Dentro de la isla, organizaciones como el Movimiento San Isidro y líderes opositores como Luis Robles Elizástegui, así como decenas de presos políticos, mantienen una labor de denuncia pese al acoso y la censura. Sin embargo, el control estatal sobre los medios de comunicación y la justicia impide que estas voces alcancen una difusión masiva dentro del país. El resultado es un espacio público cada vez más cerrado, en el que la disidencia opera bajo permanente amenaza.
Cierre: un aniversario que se convierte en duelo
El aniversario 507 de La Habana debería ser una jornada de reflexión sobre el futuro de la ciudad y de sus habitantes. Sin embargo, para muchos cubanos la fecha representa la constatación de un fracaso prolongado: la transformación de una urbe pujante en un territorio de carencias, miedo y silencio. La responsabilidad, subrayan los analistas, no recae en fenómenos inevitables ni en agentes externos, sino en decisiones políticas tomadas durante más de seis décadas por un poder que se niega a rendir cuentas.
La apuesta por el turismo de lujo como salvavidas económico no ha hecho sino ampliar la brecha entre una élite militar-empresarial y una mayoría empobrecida. La ausencia de inversiones en servicios básicos, la represión de la protesta social y la manipulación del relato oficial configuran un escenario de asfixia que empuja a los cubanos al exilio o a la resignación. En ese horizonte, celebrar a La Habana sin reconocer su deterioro planificado resulta, para sus críticos, una forma más de hipocresía institucional.
El desafío para el futuro inmediato es enorme: revertir el colapso energético, garantizar la alimentación y la salud de la población, y abrir espacios reales de participación democrática. Mientras el régimen cubano persista en su lógica de control, la capital seguirá vaciándose de su gente y de su identidad, cumpliendo años en un silencio cada vez más espeso.




