La periodista de CubaNet Camila Acosta y su esposo, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, fueron notificados de una acusación por el presunto delito de «atentado» y deberán comparecer este jueves ante la Policía Nacional Revolucionaria en La Habana, sin que se les hayan precisado los hechos ni la identidad del denunciante.

La comunicación se produjo a través de una llamada telefónica realizada por un oficial que se identificó como el coronel Márquez, jefe de la estación de Zapata y C, en el municipio Plaza de la Revolución. El funcionario, perteneciente al Ministerio del Interior (MININT), informó a Acosta que tanto ella como Santiesteban debían presentarse a las 10:00 de la mañana ante el capitán Pileta, pero se negó a ofrecer detalles sobre la naturaleza de la acusación, quién la formuló o qué conductas se les atribuyen.

La reportera explicó que recibió la llamada alrededor de las 11:10 de la mañana en el teléfono fijo de su vivienda, un aparato que no suele responder salvo por el temor a recibir malas noticias sobre sus abuelos, residentes en la Isla de la Juventud. Según su testimonio, al preguntar por las razones del procedimiento y la identidad del denunciante, el oficial se limitó a responder que las informaciones le serían entregadas el jueves, sin precisar si se ha abierto formalmente un expediente penal.

Una acusación sin fundamentos claros

Acosta consultó el Código Penal cubano tras la llamada y constató que el delito de «atentado» está tipificado en el artículo 182 de la Ley 151 de 2022, con penas que oscilan entre dos y cinco años de privación de libertad para conductas de violencia o intimidación contra autoridades, funcionarios públicos o sus agentes, así como actos de represalia contra sus familiares. La periodista sospecha que la acusación podría estar vinculada a un video que grabó a finales de octubre, cuando un presunto agente de la Seguridad del Estado le impidió salir de su vivienda sin mostrar orden judicial alguna.

«Es posible que tenga que ver con el video que yo le hice hace unos días al oficial de la Seguridad del Estado que no me dejaba salir de mi casa, que por eso mismo fue la detención mía el 3 de noviembre», declaró Acosta a la redacción de CubaNet. Durante aquella detención, las autoridades le impusieron un acta de advertencia por el supuesto delito de «actos contra la intimidad personal y familiar», una figura penal que ya había sido utilizada contra la activista Anna Bensi, en lo que los críticos describen como un patrón de criminalización de la disidencia.

La periodista rechazó cualquier responsabilidad por las presuntas amenazas que, según las autoridades, habrían recibido los familiares del agente cuya imagen fue grabada. «Ellos estaban diciendo incluso que por culpa mía, por yo haber grabado al oficial de la Seguridad del Estado, su familia estaba recibiendo amenazas y demás. Cosa con la que yo no tengo nada que ver», afirmó. Acosta denunció que la Seguridad del Estado utiliza los procedimientos penales como herramienta de presión contra periodistas independientes y opositores, sin necesidad de pruebas que sustenten las acusaciones.

La inclusión de Santiesteban y la persecución acumulada

Un elemento que la periodista considera especialmente revelador es la inclusión de su esposo en la acusación, pese a que Ángel Santiesteban no estuvo presente en ninguno de los incidentes que podrían constituir los antecedentes inmediatos del procedimiento. Ni en la grabación del agente de la Seguridad del Estado ni en la detención del 3 de noviembre participó el escritor, lo que refuerza la hipótesis de un montaje jurídico orientado a castigar el activismo conjunto de la pareja.

Santiesteban, escritor y guionista conocido por su participación en producciones como «Plantados» y «Plantadas», enfrenta un escenario judicial particularmente adverso. Apenas dos semanas antes de la notificación de la nueva acusación, fue condenado por el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre a dos años de limitación de libertad y una multa de 20.000 pesos cubanos, en un proceso relacionado con operaciones de cambio de divisas del Asilo Nacional Masónico Llansó.

El caso de los masones se originó en dos operaciones de cambio de divisas realizadas fuera de los canales oficiales por un monto total de 300 dólares. Junto a Santiesteban fueron condenados José Ramón Viñas Alonso, a cuatro años de limitación de libertad; el contador Fernando Marcos García, a tres años; y Osvaldo Ernesto Villegas Digat, a dos años. Los cuatro recibieron sanciones accesorias, entre ellas la prohibición de salir del país y la inhabilitación para ejercer cargos u oficios.

Contexto: la represión como política de Estado

La acusación por «atentado» contra Acosta y Santiesteban se inscribe en una estrategia sistemática de la dictadura cubana orientada a sofocar toda forma de disidencia y periodismo independiente. El uso de figuras penales ambiguas, la imposición de actas de advertencia sin sustento probatorio y la convocatoria a estaciones policiales sin información clara constituyen mecanismos de intimidación que buscan generar incertidumbre jurídica y desgaste psicológico en quienes ejercen la crítica pública.

La situación de Acosta en las últimas semanas ilustra con claridad el hostigamiento al que están sometidos los reporteros independientes en la isla. El 28 de octubre, la periodista grabó a un agente de la Seguridad del Estado que le impedía abandonar su vivienda sin presentar una orden judicial. El 3 de noviembre, varios agentes la interceptaron en una calle de La Habana mientras se dirigía al veterinario con su mascota; la esposaron, la introdujeron por la fuerza en una patrulla y la mantuvieron varias horas detenida e incomunicada en la estación policial de Playa. Su teléfono móvil fue devuelto con daños, y la reportera mostró fotografías que evidenciaban que el dispositivo había sido dañado con algún tipo de sustancia corrosiva, posiblemente un ácido.

Tres días después, el 6 de noviembre, Acosta denunció un nuevo operativo de la Seguridad del Estado frente a su vivienda que le impedía salir junto a su esposo. Estas restricciones de movimiento, combinadas con la reciente condena contra Santiesteban y la nueva acusación por «atentado», conforman un cuadro de acoso coordinado que apunta directamente a la pareja y a su entorno.

Antecedentes y dimensión política del caso

La elección de Santiesteban como soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba en septiembre de este año fue, según el propio escritor, el detonante de las presiones judiciales en su contra. Santiesteban denunció que una teniente coronel de la policía política identificada como «Kenia» lo amenazó con consecuencias judiciales si no abandonaba el cargo dentro de la masonería cubana. La condena por el supuesto tráfico ilegal de divisas, basada en operaciones de apenas 300 dólares, fue interpretada por la pareja como una represalia directa contra su liderazgo en la organización masónica.

La figura penal de «actos contra la intimidad personal y familiar», aplicada previamente contra la activista Anna Bensi y ahora contra Acosta, evidencia la flexibilidad interpretativa con la que las autoridades de la isla adaptan el Código Penal cubano para criminalizar la actividad independiente. La reforma penal de 2022, contenida en la Ley 151, amplió el margen de discrecionalidad de los tribunales y de los órganos de la Seguridad del Estado, lo que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como un instrumento para legitimar el control político y debilitar a la sociedad civil.

El régimen de La Habana ha incrementado en los últimos años el uso de procesos penales contra creadores, periodistas, activistas y religiosos que se apartan del discurso oficial. La combinación de una crisis económica que ha empujado a cientos de miles de cubanos al exilio, el colapso de los servicios públicos y la ausencia de garantías jurídicas básicas configura un escenario en el que la disidencia es tratada sistemáticamente como delito.

La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa han documentado reiteradamente el hostigamiento contra periodistas independientes en Cuba. La detención arbitraria, la incomunicación temporal, la destrucción de equipos de trabajo y la apertura de expedientes penales sin sustento legal son prácticas que la dictadura cubana emplea para imponer un clima de miedo y autocensura. El caso de Camila Acosta y Ángel Santiesteban se suma a una lista creciente de víctimas del aparato represivo que opera con total impunidad ante la inexistencia de mecanismos democráticos de control.

La comparecencia prevista para el jueves ante el capitán Pileta marcará un nuevo capítulo en el proceso de persecución contra esta pareja. La falta de información sobre los cargos, la ausencia de un denunciante identificable y la acumulación de procedimientos previos sugieren que la acusación por «atentado» podría derivar en nuevas sanciones, en una prolongación del asedio o en la apertura de una causa penal con consecuencias carcelarias. Para los periodistas independientes y la oposición cubana, el mensaje es inequívoco: ninguna voz crítica puede ejercer su labor sin exponerse a la maquinaria judicial de un régimen que no tolera la disidencia.