Diez integrantes de la organización Cuban Americans for Cuba (CA4C) fueron arrestados el martes 17 de noviembre durante una sentada en el edificio Cannon de la Cámara de Representantes en Washington, según informó la propia ONG a través de sus redes sociales. El grupo, que aboga por el levantamiento del embargo estadounidense, desplegó pancartas y coreó consignas dentro del recinto legislativo, donde las manifestaciones están prohibidas.
La Policía del Capitolio no había confirmado oficialmente las detenciones ni los cargos imputados hasta el cierre de esta edición. La cuenta oficial del cuerpo policial en X no registraba ninguna publicación sobre la protesta. El precedente más cercano se remonta al 20 de abril, cuando unos 66 veteranos fueron arrestados en el mismo edificio durante una manifestación contra la guerra con Irán. En aquella ocasión, las autoridades explicaron al medio The Hill que los acusaron de aglomerarse, obstruir o causar molestias, delito contemplado en el artículo 22-1307 del Código del Distrito de Columbia.
Los activistas desplegaron una pancarta con el mensaje “Los cubanoamericanos dicen: fin al bloqueo de combustible a Cuba”, acompañada de carteles con lemas como “Nuestras familias no son daño colateral”, “El castigo colectivo es un crimen de guerra” y “Somos vecinos, no enemigos”. En videos difundidos en redes sociales se escucharon consignas como “Cuba sí, bloqueo no”, “Dejen que Cuba viva” y “Familias sí, bloqueo no”, según reportó la agencia estatal Prensa Latina.
CA4C exigió al Congreso que vote la resolución H.Con.Res. 106, presentada por la representante demócrata por Nueva York, Nydia Velázquez. El texto, introducido el 22 de mayo, ordena al presidente retirar a las Fuerzas Armadas de cualquier hostilidad contra Cuba que no haya sido autorizada por el Legislativo. La resolución permanece estancada en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara con apenas 13 copatrocinadores y sin fecha de votación. “Se acerca un nuevo Congreso. Tiene el poder de impedir que Trump empiece otra guerra inconstitucional en Cuba”, escribió la organización en sus canales digitales.
La embajada cubana amplifica la protesta
La Embajada de Cuba en Washington difundió los arrestos a las 2:55 p.m. del mismo martes a través de su cuenta en X. “Su mensaje fue claro: las restricciones al combustible son un castigo colectivo que agrava los apagones, perturba los hospitales y daña a las familias comunes”, publicó la sede diplomática. El mensaje concluía con el lema “¡Abajo el bloqueo! Let Cuba live”, el mismo utilizado por el grupo durante la protesta. La Cancillería cubana y la cuenta de la Presidencia aparecen etiquetadas en la publicación.
No es la primera vez que la representación diplomática del régimen de La Habana amplifica las acciones de CA4C. En julio ya había compartido un video de la organización, según reveló una investigación del Washington Examiner publicada el 9 de octubre. El medio estadounidense documentó que el fundador del grupo, Danny Valdes, nacido en Florida, viajó a Cuba en 2023 con una delegación de Socialistas Democráticos de América y participó en recorridos organizados por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Vínculos con el ICAP y contradicciones
El ICAP es una entidad sancionada por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado lo designó bajo la Orden Ejecutiva 14404 como una agencia del gobierno cubano. El pasado 20 de agosto, el secretario de Estado, Marco Rubio, sancionó a tres de sus dirigentes, incluido su presidente, Fernando González Llort, uno de los cinco agentes cubanos condenados por espionaje en Florida que cumplió 15 años de prisión en Estados Unidos. Rubio acusó al régimen de patrocinar “una vasta red subversiva en Estados Unidos destinada a identificar, cultivar y radicalizar a subversivos, que opera en gran medida con el pretexto del intercambio educativo o cultural”.
En el blog de 2023 citado por el Examiner, Valdes describió su encuentro con el gobernante Miguel Díaz-Canel como “una señal de que el gobierno cubano se tomaba en serio a nuestra organización y nos veía como socios potenciales en el trabajo de acabar con el bloqueo de EE.UU.”. En ese mismo texto, Valdes se preguntaba si la democracia cubana podría ofrecer más organización política fuera del Partido Comunista. “Sí, pero este ciertamente no era un gobierno dirigido por un dictador”, respondió, una afirmación que contrasta con la realidad de un sistema de partido único donde la disidencia es criminalizada y la prensa independiente permanece proscrita.
Preguntado por el Washington Examiner si la sanción al ICAP constituía un error, Valdes respondió que su organización “se opone a las sanciones de EE.UU. a Cuba, punto”. “No las evaluamos entidad por entidad, porque el problema no es ninguna designación en particular”, añadió. Esta postura omite deliberadamente el rol del ICAP como brazo de control político y vigilancia ideológica del aparato estatal cubano.
Contexto: crisis energética y endurecimiento del embargo
La protesta en el Capitolio se produce en un momento de profunda crisis energética en la isla. Los apagones prolongados se han convertido en la norma para millones de cubanos, afectando la conservación de alimentos, el funcionamiento de hospitales y la vida cotidiana de una población ya golpeada por la inflación y el desabastecimiento. La matriz de generación eléctrica, dependiente de centrales termoeléctricas obsoletas y de importaciones de combustible, ha colapsado en reiteradas ocasiones durante 2025, dejando al país en penumbras durante días enteros.
El gobierno cubano atribuye la crisis energética casi exclusivamente al embargo estadounidense, mientras omite décadas de mala gestión, corrupción administrativa y falta de inversión en infraestructura. Analistas independientes señalan que la responsabilidad es compartida: el bloqueo restringe el acceso a financiamiento y tecnologías, pero la ineficiencia estatal y la ausencia de reformas estructurales agravan los efectos de las sanciones sobre la población. La dictadura utiliza el embargo como coartada para desviar la atención de su propia responsabilidad en el colapso de los servicios públicos.
La resolución de la Asamblea General de la ONU contra el embargo se aprobó el 28 de octubre con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, un retroceso significativo respecto a los 165 votos favorables obtenidos en 2025. El debilitamiento del apoyo internacional coincide con la creciente presión de la administración estadounidense, que ha intensificado las sanciones contra entidades cubanas y ha restringido aún más los viajes y las remesas.
Antecedentes de la organización y su estrategia de lobby
CA4C apareció en redes sociales en 2024 y en agosto pasado obtuvo del fisco estadounidense la exención de impuestos como organización sin fines de lucro, con domicilio fiscal en Nueva York, según documentos citados por el Examiner. El grupo ha realizado varios viajes al Capitolio desde abril para reunirse con legisladores. Valdes contó al medio estadounidense que se reunieron con miembros del Caucus Progresista del Congreso, pero que la delegación del sur de Florida se negó a recibirlos.
La crítica más dura provino de Emilio González, exiliado cubano y oficial retirado de inteligencia de Estados Unidos, quien declaró al Examiner: “El régimen cubano no escatima esfuerzos para influir en la política de EE.UU., incluso alentando a cubanoamericanos confundidos a cabildear en su nombre”. La afirmación subraya la complejidad de un debate en el que las legítimas aspiraciones de la diáspora por el bienestar de sus familias en la isla colisionan con los intereses del aparato de propaganda del gobierno cubano.
En paralelo, el grupo anunció una próxima delegación a la isla para llevar medicamentos contra el cáncer, organizada junto a la ONG Global Exchange. Estas iniciativas humanitarias, si bien parten de una preocupación genuina por el sufrimiento de los pacientes cubanos, también sirven al discurso oficial del régimen de La Habana, que instrumentaliza las carencias del sistema de salud para presentarse como víctima de la política estadounidense.
Implicaciones y panorama futuro
El arresto de los activistas en el Capitolio plantea un dilema incómodo para la narrativa del régimen cubano. Mientras la dictadura celebra cualquier gesto de descontento contra la política estadounidense, sus propios ciudadanos continúan enfrentando una represión sistemática por el mero ejercicio de la libertad de expresión. Las calles de La Habana están vedadas para la disidencia; los arrestos arbitrarios, las detenciones preventivas y los juicios sin garantías siguen siendo la respuesta del poder ante cualquier cuestionamiento interno.
La comunidad internacional observa con creciente escepticismo tanto las políticas de máxima presión de Washington como la retórica victimista de La Habana. Mientras tanto, millones de cubanos dentro y fuera de la isla siguen atrapados entre dos fuegos: un embargo que asfixia la economía y un régimen que monopoliza el poder político, limita las libertades fundamentales y conduce al país hacia un deterioro social sin precedentes. El futuro inmediato dependerá de si la presión ciudadana logra abrir espacios de diálogo real o si, por el contrario, la polarización entre ambos bandos continúa profundizando el sufrimiento de la población civil.




