El Departamento de Estado confirmó que Alina López Miyares, maestra cubanoestadounidense de 68 años que permaneció detenida en Cuba desde enero de 2017, regresó a Estados Unidos en septiembre. La liberación no se había hecho pública hasta ahora y, según fuentes oficiales, no implicó intercambio ni pago alguno por parte de Washington.
Un portavoz del Departamento de Estado declaró: “Celebramos el regreso de Alina López a Estados Unidos en septiembre. No hubo ningún intercambio para su liberación”. La misma respuesta fue entregada a Fox News. Dos fuentes citadas por CNN indicaron que un equipo del gobierno estadounidense viajó discretamente a La Habana para trasladarla de vuelta, y que el secretario de Estado Marco Rubio apoyó personalmente las gestiones. Los abogados de López Miyares, Jason Poblete y Dylan Barket, pidieron privacidad para su clienta y evitaron hacer comentarios.
López Miyares nació en Cuba y salió de la isla siendo niña. En Estados Unidos obtuvo la ciudadanía y trabajó como maestra de educación especial. Sus defensores sostienen que su esposo, de quien estaba separada y a quien describen como un espía cubano, la atrajo a la isla en 2017.
Detención, juicio militar y condena
Las autoridades cubanas detuvieron a López Miyares el 15 de enero de 2017, cuando intentaba regresar a Estados Unidos. La versión oficial del régimen, enviada al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, alegó que participaba en un “delito de salida ilegal del territorio nacional”. Sin embargo, la fuente que llevó el caso ante la ONU sostiene que fue arrestada por fuerzas militares en el aeropuerto, con una orden de la Fiscalía Militar por sospecha de espionaje.
El gobierno cubano acusó a López Miyares de pasar a agentes del FBI información sensible que le revelaba su esposo, el teniente coronel de la reserva Félix Martín Milanés Fajardo, quien había trabajado en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York. La Habana aseguró que ella recibió pagos de hasta 10.000 dólares y que organizó, con dinero del FBI, una salida ilegal del país para él.
Un tribunal militar juzgó a ambos el 2 de octubre de 2017 a puertas cerradas. A ella la condenaron a 13 años de prisión y a él a 17. El proceso duró media mañana y, según la fuente citada por la ONU, la acusada no pudo ver las pruebas presentadas en su contra. Este uso de la jurisdicción militar para juzgar a una civil estadounidense fue uno de los elementos centrales de la denuncia internacional contra la dictadura cubana.
La ONU calificó la detención de arbitraria
El 8 de abril de 2022, el Grupo de Trabajo de la ONU concluyó que la privación de libertad de López Miyares era “arbitraria”. Consideró inaceptable que una persona civil fuera juzgada por un tribunal militar y advirtió que pasó cuatro meses sin abogado, del 15 de enero al 15 de mayo de 2017, según fechas aportadas por el propio gobierno cubano. También observó que no había constancia de que hubiera recibido asistencia consular, pese a tener nacionalidad estadounidense, porque La Habana la trató siempre como ciudadana cubana.
La ONU pidió al régimen de La Habana ponerla “inmediatamente en libertad” y concederle el derecho efectivo a obtener indemnización y otros tipos de reparación. Cuba no la liberó en ese momento. El 8 de julio de 2022, el Tribunal Militar Territorial Occidental le otorgó libertad condicional por buena conducta y problemas de salud, pero le prohibió sacar pasaporte y salir del país hasta 2030, cuando vencía su condena.
Nueva detención y presión internacional
A finales de 2023, las autoridades cubanas volvieron a ponerla bajo custodia en secreto y la trasladaron a un lugar no revelado. Su hijo Michael Peralta contó en una entrevista posterior que la familia desconocía el paradero de la mujer. En ese mismo periodo, la administración Trump planteó el caso ante funcionarios cubanos y pidió su liberación por razones humanitarias.
Peralta describió el desgaste de la familia: su madre, con problemas de salud que posiblemente requerían cirugía, no pudo asistir a los funerales de sus padres. “Mi abuela, mientras vivía, durante varios años visitaba a mi madre una vez al mes por su cuenta, llevándole comida y medicamentos”, relató. La detención causó “mucha tensión emocional y mental”, agregó.
Contexto: represión y crisis estructural
El caso de López Miyares no es un hecho aislado. La dictadura cubana ha recurrido históricamente a la jurisdicción militar y a procesos sumarios para silenciar a opositores y sancionar a ciudadanos con vínculos en el exterior. La falta de garantías judiciales, el uso de tribunales castrenses contra civiles y la negación de la asistencia consular forman parte de un patrón documentado por organismos internacionales de derechos humanos.
La liberación se produjo en un contexto de máxima presión de Washington sobre el régimen de La Habana. Las sanciones estadounidenses y el bloqueo de los envíos de petróleo agravaron la crisis económica, los apagones prolongados y el desabastecimiento en la isla. A ello se suma un éxodo migratorio sin precedentes de cubanos que huyen de la precariedad y de la ausencia de libertades.
El regreso de López Miyares, sin intercambio ni pago, podría interpretarse como un gesto táctico del ejecutivo cubano en un escenario de creciente aislamiento diplomático. No obstante, su caso deja al descubierto la arbitrariedad del sistema penal de la isla y las consecuencias humanas de una política de persecución sostenida durante años.
Consecuencias y cierre
Para la familia de López Miyares, el regreso cierra un capítulo de angustia, pero no compensa los años de prisión ni las violaciones documentadas por la ONU. La comunidad internacional, que había reclamado su liberación, observa ahora si el régimen cubano modifica su práctica de detener a ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad bajo acusaciones de espionaje sin las debidas garantías. La falta de transparencia en torno a su reclusión y a su salida de la isla subraya la opacidad de un sistema que sigue sin rendir cuentas ante su ciudadanía ni ante los organismos internacionales.




