La estrategia del régimen cubano no sería derrotar a Donald Trump, sino lograr que su administración concluya sin adoptar medidas capaces de precipitar el colapso del sistema político de la isla, según un nuevo dossier publicado este 19 de noviembre por el centro de análisis Cuba Siglo 21.

El informe, titulado ¿Puede Raúl Castro vencer a Trump? Paisaje después de las elecciones y elaborado por el analista Juan Antonio Blanco, sostiene que La Habana buscaría influir deliberadamente en las percepciones de quienes toman decisiones en Washington para prolongar cualquier definición política hasta enero de 2029, cuando concluya el actual mandato presidencial estadounidense.

La tesis central del documento interpreta la derrota republicana en las elecciones legislativas como una oportunidad para que las autoridades cubanas ganen tiempo, aunque advierte que ese resultado no limita de manera decisiva las facultades presidenciales en materia de política exterior, un escenario que ha sido objeto de análisis recientes por medios especializados en la realidad cubana.

La "guerra cognitiva" como estrategia de supervivencia

Blanco denomina "guerra cognitiva" a la estrategia que atribuye al ejecutivo cubano. Inspirada en el concepto soviético de "control reflexivo", consistiría en alimentar dudas sobre las consecuencias de un cambio político en Cuba hasta lograr que Washington considere demasiado costoso cualquier movimiento decisivo contra el poder establecido en la isla.

Entre los temores que el régimen intentaría amplificar figuran una posible guerra civil, el costo económico de reconstruir la isla, las reacciones de Rusia y China ante un eventual escenario de transición, y las implicaciones internacionales de cualquier intervención militar. La estrategia, según el análisis, busca paralizar la acción estadounidense mediante la incertidumbre y el miedo a consecuencias imprevisibles.

El autor propone medir el éxito de cada parte con baremos distintos: mientras Washington contabiliza sanciones y restricciones económicas, La Habana evaluaría las decisiones que consigue aplazar o impedir. Bajo esa lógica, cada mes transcurrido sin un cambio decisivo favorecería la supervivencia del entramado político gobernante.

Infiltración de inteligencia y antecedentes documentados

El análisis también advierte sobre la capacidad de infiltración de los servicios de inteligencia cubanos, documentada durante décadas por agencias estadounidenses. Entre los antecedentes menciona el caso del exembajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, condenado en 2024 a 15 años de prisión tras admitir que actuó secretamente como agente encubierto para Cuba durante más de cuatro décadas.

Ese caso, considerado uno de los más graves de espionaje en la historia de Estados Unidos, evidencia la persistencia de una red de influencia que busca penetrar los círculos de poder en Washington. La dictadura cubana, pese a su crisis interna, continuaría destinando recursos significativos a operaciones de inteligencia orientadas a condicionar el debate político estadounidense.

Pérdida de credibilidad interna y el riesgo de un "cambio fraude"

Paradójicamente, mientras La Habana intentaría condicionar las percepciones en Estados Unidos, estaría perdiendo esa misma batalla dentro de Cuba. Blanco sostiene que los apagones prolongados, la precariedad generalizada y la exposición del poder económico de GAESA —el conglomerado empresarial controlado por los mandos militares— han erosionado gravemente la credibilidad oficial ante la ciudadanía.

No obstante, el analista advierte que el descontento social no garantiza una transición frente a un aparato represivo que conserva el monopolio de la fuerza. El régimen mantiene intacta su capacidad de control policial y militar, lo que reduce las posibilidades de que la protesta social derive en cambios estructurales sin una presión externa sostenida.

El dossier alerta además sobre el peligro de un "cambio fraude": reformas negociadas que aparenten abrir el sistema, pero preserven el dominio político y económico de la élite gobernante. Este escenario permitiría a la cúpula dirigente presentar una fachada de apertura ante la comunidad internacional sin ceder el control real de los recursos y las instituciones.

Contexto estructural: una crisis sin precedentes

El planteamiento del informe se inserta en un contexto de colapso económico profundo en la isla. Cuba atraviesa una crisis caracterizada por niveles de inflación superiores al 30% anual, escasez crónica de alimentos, medicamentos y combustibles, y una dependencia energética que ha generado apagones de hasta 20 horas diarias en varias provincias durante los últimos meses.

El éxodo migratorio ha alcanzado cifras históricas: más de 500.000 cubanos han emigrado solo hacia Estados Unidos en los últimos dos años, según datos oficiales estadounidenses, una cifra que supera los registros del éxodo del Mariel en 1980. La pérdida de capital humano, sumada al envejecimiento poblacional, compromete aún más las perspectivas de cualquier recuperación económica a mediano plazo.

Ante este panorama, el régimen de La Habana ha respondido con un endurecimiento de los mecanismos de control social y con la criminalización de la protesta ciudadana. Organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de detenciones arbitrarias de manifestantes durante las jornadas de protesta de los últimos años, consolidando un patrón represivo que la dictadura justifica bajo el argumento de defender la estabilidad interna.

Antecedentes recientes: elecciones y política exterior de Trump

El dossier plantea además una paradoja para los próximos dos años: la derrota republicana en las elecciones legislativas podría dificultar la agenda interna de Trump y, simultáneamente, incentivarlo a buscar resultados en política exterior. La presión sobre Cuba podría intensificarse como una vía para mostrar firmeza ante una base electoral que respalda una postura dura contra el régimen caribeño.

Durante el primer mandato de Trump, la administración estadounidense revertió parcialmente la apertura impulsada por Barack Obama, reinstaurando restricciones de viaje y remesas, y reactivando títulos de la Ley Helms-Burton que permiten demandas judiciales contra empresas que operan en propiedades confiscadas. La estrategia actual de Washington se orienta a cortar aún más los flujos financieros que sostienen al gobierno cubano.

Para Blanco, el desenlace dependerá menos de la superioridad militar estadounidense que de quién consiga influir sobre las decisiones de Washington antes de que concluya el mandato presidencial. La batalla se libraría, según su análisis, en el terreno de las percepciones y la opinión pública estadounidense, donde ambos actores pugnan por definir el relato dominante.

Implicaciones para la ciudadanía cubana

La apuesta del poder cubano por dilatar cualquier definición política tiene consecuencias directas para la población de la isla. Mientras la cúpula dirigente prioriza su supervivencia institucional, millones de cubanos enfrentan condiciones de vida degradadas, sin acceso confiable a servicios básicos como electricidad, agua potable o atención médica adecuada.

La comunidad internacional observa con creciente preocupación el deterioro humanitario en la isla, pero la capacidad de acción multilateral sigue limitada por los vetos diplomáticos de potencias aliadas al régimen. El informe de Blanco subraya que el tiempo, lejos de ser un factor neutral, se ha convertido en un recurso estratégico que la dictadura utiliza para consolidar su posición y dificultar cualquier intervención externa coordinada.

En última instancia, el futuro político de Cuba dependerá de si la presión combinada de la crisis interna, el aislamiento internacional y las acciones de la diáspora logran superar la capacidad de resistencia y adaptación de un régimen que ha demostrado, a lo largo de más de seis décadas, una notable habilidad para sortear coyunturas adversas y perpetuar su control sobre la sociedad.