El régimen de La Habana difundió esta semana una propuesta que refleja el agotamiento de sus políticas económicas: el exagente de inteligencia Ramón Labañino Salazar, condenado en Estados Unidos por espionaje y liberado en 2014 mediante un canje diplomático, publicó en la revista estatal Bohemia un artículo donde plantea decomisar mercancías, imponer multas progresivas y hacer públicos los nombres de comerciantes cuyos precios superen 2,5 veces el costo de origen, como mecanismo para intentar frenar una inflación que ya supera el 32% interanual.
En el texto titulado “¿Cómo bajar los precios y la inflación para diciembre de 2026?”, Labañino sostiene que cualquier diferencia de esa magnitud entre el productor o importador y el consumidor final debe investigarse de oficio y considerarse especulativa. Las multas, según su propuesta, serían proporcionales al margen cobrado, y los reincidentes aparecerían en listas públicas. El autor niega que se trate de una medida estalinista y la defiende como aplicación del “principio socialista” de que el interés colectivo prevalece sobre la ganancia individual.
La propuesta incluye un impuesto temporal del 30 al 50% sobre los márgenes de comercialización que superen el promedio del sector, cuya recaudación alimentaría un Fondo de Estabilización de Precios de la Canasta Básica destinado a subsidiar alimentos esenciales. También exige que el Ministerio de Finanzas y Precios fije por resolución un margen único y público para la venta mayorista estatal, y que los negocios privados declaren sus márgenes ante la autoridad municipal.
Vigilancia con organizaciones de masas
Para fiscalizar el cumplimiento, Labañino propone crear Consejos Populares de Precios en cada municipio, integrados por delegados del Poder Popular, sindicatos, Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas y estudiantes. Estos órganos recibirían denuncias, controlarían los precios de la canasta básica y propondrían ajustes, mientras que los Consejos de Defensa y las organizaciones de masas verificarían los precios máximos en los puntos de venta directa de productores. La inclusión de los CDR, históricamente utilizados para la represión y el control social, evidencia el carácter coercitivo de la iniciativa.
El artículo fija un precio máximo de referencia para 15 a 20 productos básicos —arroz, frijol, azúcar, aceite, huevos, carne de cerdo, pollo y leche, entre otros— calculado sobre los costos de los productores más eficientes. Los sindicatos se integrarían a las comisiones municipales que revisan las fichas de costo, consolidando un modelo de control vertical que no aborda las causas profundas del desabastecimiento ni de la caída de la producción agropecuaria.
Cifras que desmienten el optimismo oficial
Los datos que cita Labañino ya estaban superados el mismo día de la publicación. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), los precios al consumidor subieron un 4,30% solo en octubre, el acumulado de enero a octubre alcanzó el 30,23% y la inflación interanual escaló al 32,70%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron un 50,72% en 12 meses y explicaron el 71,70% del alza de octubre. Estas cifras oficiales no incluyen los precios del mercado informal, donde se abastece la mayoría de los cubanos, por lo que la inflación real percibida por la población es considerablemente mayor.
El salario mínimo de 3.210 pesos, vigente desde el 1 de julio por la Resolución 14/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sustituyó los 2.100 pesos de la fallida Tarea Ordenamiento. El propio Labañino admite que ese ingreso todavía no alcanza para cubrir la canasta básica, una confesión que expone el fracaso de las políticas salariales del gobierno cubano frente a una espiral inflacionaria sin control.
Experimentos locales que no resuelven la crisis
Como prueba de que los precios pueden bajar, el artículo enumera experiencias recientes: en Villa Clara se restablecieron topes para el huevo (110 pesos la unidad) y el aceite (2.500 pesos el litro), con multas superiores a ocho millones de pesos en los primeros diez días de la ofensiva; Artemisa fijó un margen máximo del 30% aplicable una sola vez en toda la cadena. Sin embargo, el propio texto reconoce que en mercados estatales como La Sirenita, en La Lisa, los precios siguen fuera del alcance del salario promedio, evidenciando que los controles administrativos no han logrado detener la carestía.
La propuesta monetaria de Labañino incluye dejar de financiar el déficit fiscal con emisión de dinero sin respaldo, cubrirlo con impuestos más altos a las ganancias extraordinarias del sector privado y con bonos de deuda pública vendidos a la población, además de crear un mercado cambiario oficial donde el Estado intervenga con sus reservas. También pide perseguir “con severidad” la manipulación del tipo de cambio informal y ofrecer descuentos del 20 al 30% a jubilados y trabajadores de salario mínimo en tiendas estatales, medidas que, lejos de atacar la causa —la falta de producción y el control estatal sobre la economía—, profundizan la intervención y la coerción sobre los actores privados.
Contexto sistémico: una economía en colapso
La propuesta de Labañino no surge en el vacío: es síntoma de una crisis estructural que el régimen de La Habana ha sido incapaz de revertir. La inflación descontrolada, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, los apagones prolongados y la devaluación del peso cubano han empujado a cientos de miles de cubanos a emigrar en los últimos años. La economía informal, que el artículo pretende vigilar y sancionar, ha crecido como respuesta espontánea a la ineficiencia estatal y a la ausencia de un mercado de divisas legal y estable.
Las autoridades de la isla han respondido históricamente a la crisis con controles de precios, decomisos y multas, pero estas medidas han fracasado reiteradamente, pues no generan incentivos para producir ni resuelven la escasez de divisas. La política de subsidiar productos en lugar de personas ha beneficiado al turismo y al sector estatal, mientras la mayoría de la población queda expuesta a precios especulativos en el mercado negro. La responsabilidad del ejecutivo cubano en esta situación es ineludible: la centralización económica, la falta de reformas estructurales y la prioridad dada al control político sobre el bienestar ciudadano han agravado una crisis que ya es humanitaria.
Antecedentes del autor y de la política represiva
Ramón Labañino Salazar fue uno de los cinco agentes de inteligencia cubanos detenidos en Miami en 1998 y condenados por un tribunal federal estadounidense. Salió de prisión el 17 de diciembre de 2014 como parte del canje de presos que acompañó el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana. La revista Bohemia lo presenta en el sumario como “un especialista”, omitiendo su historial como agente del aparato represivo cubano y su condena por espionaje, lo que plantea interrogantes sobre la credibilidad y la intención propagandística de la publicación estatal.
La propuesta de crear listas públicas de comerciantes, decomisar mercancías y movilizar a los CDR y a la Federación de Mujeres Cubanas para vigilar los precios remite a las campañas de hostigamiento contra el sector privado que la dictadura cubana ha impulsado en distintos momentos, como la ofensiva revolucionaria de 1968 que confiscó miles de pequeños negocios, o las redadas contra cuentapropistas en los años 90. En la actualidad, los cuentapropistas y campesinos independientes enfrentan un marco legal restrictivo que los criminaliza por fijar precios acordes con sus costos reales, mientras el Estado mantiene el monopolio de las importaciones y la distribución.
Consecuencias para la ciudadanía y la comunidad internacional
De implementarse, estas medidas tendrían un efecto inmediato: el desabastecimiento se agravaría, los productos desaparecerían de los mercados formales y la economía informal se volvería aún más clandestina, incrementando los precios reales y la corrupción. Los comerciantes, lejos de bajar los precios, optarían por cerrar o vender bajo cuerda, mientras la población seguiría sin acceso a alimentos a precios razonables. La vigilancia por parte de organizaciones de masas incrementaría el control social y la represión sobre un sector que el régimen percibe como desafiante.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos han documentado repetidamente el fracaso del modelo económico cubano y la responsabilidad del Estado en la crisis. En lugar de liberalizar la economía, garantizar la propiedad privada y permitir la libre competencia, el régimen de La Habana insiste en recetas autoritarias que solo profundizan la miseria y el éxodo. La propuesta de Labañino, difundida por un medio estatal, revela la ausencia de un debate democrático real y la imposición de un pensamiento único que sacrifica el bienestar de los cubanos en aras del control político. Si no se adoptan reformas estructurales y se libera la iniciativa privada, la inflación seguirá erosionando los ingresos y la esperanza de una población que ya ha demostrado su descontento migrando masivamente.




