La Empresa Agroindustrial de Jobabo, en la provincia de Las Tunas, acumuló en 2026 una deuda tributaria superior a los 2,7 millones de pesos, tras descontar de las nóminas impuestos a sus propios empleados y no transferirlos jamás al presupuesto del Estado, según reveló una inspección de la Oficina Nacional de Administración Tributaria.
El hallazgo, difundido por la emisora municipal Radio Cabaniguán, deja al descubierto una práctica lesiva para los trabajadores de la entidad: la empresa retenía la Contribución Especial a la Seguridad Social y el Impuesto sobre los Ingresos Personales de cada salario, pero esos montos nunca llegaron a las arcas públicas. Por ambos conceptos, el pasivo supera los 188.000 y casi 42.000 pesos, respectivamente.
La irregularidad de mayor envergadura, sin embargo, se concentra en el Impuesto sobre las Ventas. La compañía omitió declarar y pagar 1.041.499 pesos al no contabilizar de forma separada las operaciones realizadas en La Punta, un punto de venta de su mercado agropecuario. El reporte, firmado por el periodista Yaidel M. Rodríguez Castro, se publicó el 17 de noviembre y refleja el alcance de la desorganización interna.
Fallas contables y descontrol administrativo
Los auditores de la ONAT detectaron además un faltante de 465.184,35 pesos en la contribución a la seguridad social que corresponde aportar a la propia empresa. La causa: excluyó de la base de cálculo una parte de los salarios que la legislación obliga a incluir. En la práctica, la entidad no solo descontaba a sus trabajadores, sino que también eludía su responsabilidad como empleador.
En el impuesto por utilización de la fuerza de trabajo, la deuda asciende a más de 98.000 pesos. La ONAT determinó que dependencias como la dirección, la Losa Sanitaria, Aseguramiento Técnico Material, el personal de servicio, Maquinado, El Ranchón y la Unidad de Servicio no realizan labores agrícolas, por lo que sus plantillas generan ese tributo. La empresa jamás lo abonó.
La contribución territorial para el desarrollo local, el impuesto que debería quedarse en el municipio para financiar obras y servicios, registra otro adeudo de casi un cuarto de millón de pesos. Según la inspección, la empresa solo realizó un pequeño aporte en febrero y no volvió a pagar durante el resto del año. La falta de liquidez, subrayan los especialistas, no explica los impagos: el origen está en registros contables incompletos y en el descuido de la administración frente a sus obligaciones tributarias.
Control interno "Deficiente" y sanciones
El control interno de la entidad recibió la calificación de Deficiente. La ONAT impuso un recargo por mora cercano a los 200.000 pesos y una multa de aproximadamente medio millón, agravada por antecedentes de incumplimiento previo en la disciplina de pago. La empresa carece de documentación y sistemas que respalden sus operaciones, así como de cruces de información que permitan detectar errores.
Radio Cabaniguán añadió que la Empresa Agroindustrial arrastra incumplimientos productivos sostenidos en los últimos años, mantiene una deuda salarial con sus trabajadores y ha perdido o deteriorado buena parte de su infraestructura. La emisora no precisó el monto de la deuda salarial ni desde cuándo persiste, pero el dato completa un cuadro de abandono administrativo que golpea directamente a la fuerza laboral.
Una empresa joven con herencia problemática
La trayectoria de la entidad permite dimensionar el fracaso. El 3 de mayo de 2023, directivos del sector agropecuario explicaron a la misma emisora que la antigua Unidad Empresarial de Base Integral Agropecuaria pasaría a subordinación municipal y se transformaría en empresa. Ya entonces advirtieron que heredaba una deuda millonaria de la desaparecida empresa provincial, aunque confiaban en devolverle su papel de segundo mayor aportador al presupuesto de Jobabo.
Un año después, el 3 de mayo de 2024, el director de esa unidad, Ángel Expósito Suárez, admitió que la producción estatal llevaba un lustro en deterioro, que el sector estatal no entregaba leche desde 2018 y que el rebaño había caído por debajo de los 400 animales. La promesa de recuperación nunca se materializó; por el contrario, la deuda fiscal siguió creciendo.
Doble vara fiscal: dureza con el privado, indulgencia con el estatal
El caso contrasta con el trato que reciben los contribuyentes privados del mismo municipio. En mayo, la directora provincial de la ONAT, Yusdanis Ojeda Osoria, anunció al periódico 26 que Jobabo y el municipio de Las Tunas sumaban más de 1.000 incumplidores en la declaración jurada del ejercicio 2025, en su mayoría trabajadores por cuenta propia y algunos usufructuarios. Para ellos se fijaron multas de entre 2.000 y 40.000 pesos, con un piso no inferior a 14.000.
Mientras el régimen de La Habana exhibe severidad frente al pequeño contribuyente privado, las empresas estatales como la de Jobabo acumulan deudas millonarias sin consecuencias administrativas proporcionales. Los empleados, además, cargan con la doble afrenta de que les descuenten impuestos de sus salarios y de que ese dinero no llegue a financiar los servicios públicos que padecen.
La crisis estructural detrás del impago
El caso no es aislado. La economía cubana atraviesa un colapso productivo sin precedentes, con una inflación oficial superior al 30% anual, apagones crónicos, desabastecimiento alimentario y un sector empresarial estatal atrapado entre la falta de divisas, la burocracia y la ausencia de incentivos reales. En ese contexto, la evasión fiscal y la opacidad contable se multiplican, alimentadas por la impunidad de la que goza el sector público.
La crisis fiscal del gobierno cubano se agrava ante la caída de los ingresos por exportaciones, la reducción del turismo y la imposibilidad de acceder a financiamiento internacional. Cada peso no recaudado obliga a recortar aún más el gasto social, deteriora la red hospitalaria, reduce la generación eléctrica y acelera el éxodo de una población que pierde toda confianza en la capacidad del Estado para garantizar un mínimo de bienestar.
La transformación de unidades productivas en empresas no ha resuelto los vicios del modelo centralizado. La ausencia de mercado real, el control de precios y la falta de autonomía real condenan a estas estructuras a repetir los mismos errores. La corrupción, lejos de ser una excepción, se convierte en mecanismo de supervivencia dentro de un sistema que no premia la eficiencia.
Entre los lectores de Radio Cabaniguán, Osvaldo Ramírez celebró la acción de la ONAT y pidió revisar al resto de las empresas estatales y privadas. Maribel Mendoza Milián calificó de "bochornoso que una empresa estatal que debiera dar la ejemplaridad suceda ese problema y lo que trae detrás". Ambas reacciones reflejan el hartazgo ciudadano frente a una institucionalidad que no rinde cuentas.
La deuda de la Empresa Agroindustrial de Jobabo quedará probablemente en los registros de la ONAT como una cifra más en un mar de incumplimiento. Pero para los trabajadores que vieron desaparecer sus aportes, representa la confirmación de que el Estado cubano, lejos de protegerlos, los despoja dos veces: primero en la nómina y después en la prestación de servicios que nunca llega. Mientras no existan contrapesos reales y rendición de cuentas, el colapso seguirá siendo la norma, no la excepción.




