LA HABANA, Cuba. — Las autoridades de la isla han iniciado en las últimas semanas un plan piloto para transferir a trabajadores por cuenta propia la responsabilidad operativa del pago de chequeras a jubilados y pensionados, en medio del colapso bancario y la escasez crónica de efectivo que desde hace al menos cinco años impiden a miles de ancianos cobrar sus prestaciones.

La iniciativa, confirmada por fuentes del sector no estatal y difundida a través de medios independientes, contempla una serie de incentivos para los cuentapropistas que se sumen al esquema. Entre ellos destaca la exención de la obligación de aceptar pagos en línea, un mecanismo que, según denuncian comerciantes y analistas, expone cada transacción financiera al escrutinio de los órganos de control económico del régimen de La Habana.

El deterioro del sistema bancario cubano ha convertido el cobro de pensiones en una empresa de éxito incierto. Las sucursales del Banco Popular de Ahorro y del Banco de Crédito y Comercio operan de forma intermitente por los apagones, la falta de conexión a los servidores centrales y la ausencia de billetes en los cajeros automáticos. Los depósitos de efectivo para el pago de chequeras a los jubilados se atrasan semanas e incluso meses, dejando a una población envejecida sin acceso a sus ingresos básicos.

Delegación efectiva de una obligación estatal al sector privado

La decisión de involucrar a los cuentapropistas en el pago de retiros y pensiones constituye, en la práctica, la oficialización de un proceso que llevaba años gestándose en la informalidad. El gobierno cubano, incapaz de sostener la infraestructura financiera pública, ha optado por trasladar una de sus obligaciones más sensibles a manos privadas, sin que exista un marco legal claro ni garantías de continuidad para los beneficiarios.

Fuentes cercanas al sector no estatal consultadas por esta redacción confirmaron que los mecanismos de adhesión se están implementando de forma gradual, con la promesa de reducir la carga fiscal y administrativa de los participantes. Sin embargo, ningún funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni del Banco Central de Cuba ha ofrecido declaraciones públicas sobre el alcance de la medida ni sobre los recursos asignados para su funcionamiento.

La ausencia de transparencia coincide con un patrón más amplio de privatización encubierta de servicios que el Estado ya no puede, o no quiere, sostener. En los últimos dos años, agromercados estatales gestionados anteriormente por el Ejército Juvenil del Trabajo han pasado a la modalidad de oferta y demanda. Lejos de traducirse en mayor abastecimiento, esta reconversión ha derivado en un incremento de los precios, reducción de la calidad de los productos y un deterioro de las condiciones de acceso para las familias de menores ingresos.

La expansión del sector privado en servicios públicos críticos

El traspaso de responsabilidades no se limita al sistema de pensiones. Los denominados Mercados de Barrio —concebidos durante años como parte de la política de descentralización del comercio minorista— operan hoy bajo administración privada y reproducen las mismas distorsiones de precios y desabastecimiento que se observan en los agromercados reconvertidos, según denuncian consumidores y economistas independientes.

La dictadura cubana ha autorizado además la creación de casas de cambio de moneda y farmacias privadas, así como la renta o administración parcial de funerarias por parte de particulares. Un caso visible es la funeraria ubicada en la avenida Santa Catalina, en el municipio habanero de Diez de Octubre, que opera con paneles solares para garantizar el suministro eléctrico, un espacio destinado a la venta de flores y coronas, y una cafetería para los dolientes. Estas mejoras contrastan con el abandono de los servicios fúnebres estatales, sometidos a cortes de electricidad y falta de insumos básicos.

Analistas independientes advierten que esta estrategia de delegación selectiva convierte al ciudadano en responsable último de servicios que la Constitución cubana formalmente garantiza como derechos. El transporte urbano, la atención primaria de salud, la gastronomía social y la recogida de desechos sólidos dependen cada vez más de la gestión privada o de diligencias personales, mientras el presupuesto estatal se destina de forma prioritaria al aparato de vigilancia y control político.

Contexto: una crisis estructural que profundiza la fractura social

La transferencia de pensiones y servicios al sector privado se produce en un escenario de colapso económico marcado por una inflación de tres dígitos, escasez de medicamentos, cortes eléctricos prolongados y una emigración masiva que ha reducido la fuerza laboral activa. Según datos de organismos internacionales, más de un millón de cubanos abandonaron la isla entre 2022 y 2024, una cifra que ha agravado la falta de personal en sectores como la salud, la educación y la gastronomía estatal.

El régimen de La Habana mantiene un discurso de resistencia frente al bloqueo estadounidense, pero omite el peso de la ineficiencia administrativa, la corrupción interna y el control político sobre la economía. Mientras se delegan en privados funciones básicas del Estado, las empresas militares y los negocios vinculados a la élite del Partido Comunista conservan monopolios sobre sectores estratégicos como las importaciones, las telecomunicaciones y el turismo, lo que consolida un esquema de capitalismo clientelar.

En este tablero fragmentado, los principales beneficiarios de la privatización encubierta son aquellos con vínculos directos con la nomenclatura gobernante, quienes acceden antes que el resto a licencias, divisas y bienes importados. La ciudadanía, por su parte, asume los costos de un Estado que se retira de sus funciones sin devolver a la población ningún control democrático sobre las nuevas estructuras privadas.

Antecedentes de abandono y respuestas de la población

La crisis del pago de pensiones no es nueva. Desde al menos 2020, los pensionados y jubilados han denunciado de forma reiterada la imposibilidad de cobrar sus chequeras en las fechas establecidas, la exigencia de presentar documentos adicionales sin justificación y las largas filas bajo el sol en las afueras de las sucursales. Las autoridades respondieron inicialmente con la promesa de ampliar la red de cajeros automáticos y digitalizar los pagos, pero ninguna de estas medidas se ha materializado de forma estable.

La habilitación de los cuentapropistas para el pago de retiros supone un reconocimiento implícito del fracaso de la política bancaria estatal, aunque desde el poder se presente como una "modernización" del sistema. Mientras tanto, la población envejecida —que constituye más del 30 por ciento de los residentes en la isla, según censos oficiales— queda expuesta al criterio arbitrario de intermediarios privados que podrían condicionar el servicio a la aceptación de comisiones o a la lealtad política.

La seguridad ciudadana también ha quedado en manos de la población. Ante la falta de una policía eficaz y de un sistema judicial independiente, los vecinos organizan patrullajes nocturnos y aplican formas de justicia comunitaria que, lejos de resolver la violencia, refuerzan el control social y dejan a disidentes y opositores en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la represión estatal.

Consecuencias futuras y respuesta internacional

La delegación del pago de pensiones y la privatización de servicios esenciales consolidan un modelo en el que el Estado cubano concentra sus recursos en el aparato represivo y renuncia a garantizar derechos económicos y sociales básicos. Para millones de jubilados, el futuro inmediato dependerá de la capacidad de pago de intermediarios privados, sin que exista un mecanismo de supervisión independiente ni una vía judicial para reclamar en caso de incumplimiento.

La comunidad internacional observa con creciente preocupación el deterioro de las condiciones de vida en la isla, aunque las sanciones unilaterales y las condenas simbólicas no han modificado el curso del régimen. Mientras la dictadura cubana insista en presentar la crisis como producto de agresiones externas, la fractura entre el poder político y la ciudadanía se profundizará, y con ella la dependencia de los cubanos de redes privadas de subsistencia cada vez más costosas y excluyentes.

En este escenario, la pregunta no es si el Estado cubano terminará por oficializar la entrega de todos los servicios públicos al sector privado, sino cuántos ciudadanos quedarán al margen de esa nueva economía de favores y comisiones, y qué capacidad tendrán para resistir un sistema que les exige cada vez más a cambio de lo que antes consideraban un derecho inalienable.