La consultora estadounidense Global Guardian subió a Cuba de riesgo "moderado" a "medio" en su Mapa de Riesgos Globales 2027, una decisión motivada por el empeoramiento de las condiciones de vida en la isla y no por un deterioro de la seguridad ciudadana.

La firma, con sede en Estados Unidos y especializada en análisis de riesgos para viajeros y corporaciones, publicó su nuevo mapa este 24 de septiembre. En el resumen del documento, la empresa citó los apagones rotativos en todo el territorio, la aguda escasez de combustible y las nuevas sanciones contra el conglomerado militar GAESA y la petrolera estatal CUPET como las causas principales que empujan la red eléctrica y el sistema de salud hacia el colapso.

La escala de calificación de Global Guardian contempla cinco niveles: bajo, moderado, medio, alto y extremo. Según la leyenda del mapa, los países de riesgo moderado son considerados "resilientes" y capaces de manejar con rapidez la mayoría de las crisis y amenazas a la seguridad personal. En cambio, los de riesgo medio "no son completamente seguros": la inestabilidad política y una aplicación deficiente de la ley los exponen al delito y a disturbios esporádicos, y sus instituciones suelen estar mal preparadas para manejar crisis. La firma aclara que un país puede recibir esa calificación también por factores ajenos a la seguridad, como las dificultades para una evacuación médica.

El contraste regional

En el Caribe, Jamaica bajó de riesgo alto a medio y ahora comparte nivel con Cuba. Global Guardian atribuyó el cambio a las estrategias del Gobierno jamaicano contra el crimen y las pandillas: entre 2024 y 2025, la tasa de homicidios de Jamaica cayó un 40%. Ecuador, en cambio, pasó de riesgo medio a alto por la violencia de las bandas que se disputan el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

El informe de la consultora pone de relieve una ironía que atraviesa la realidad cubana: la seguridad física no ha variado en la isla, pero la vida cotidiana es cada vez más insegura. La falta de electricidad, el colapso del transporte público, la escasez de medicamentos y las dificultades para acceder a servicios básicos generan un riesgo real para la salud y la integridad de las personas, aunque no se refleje en indicadores delictivos tradicionales.

La inclusión de Cuba en la categoría de países "no completamente seguros" también responde, según la empresa, a la fragilidad institucional que impide una respuesta eficaz ante emergencias. La red hospitalaria, afectada por años de desinversión y crisis energética, ofrece condiciones precarias para la atención médica, incluso para una evacuación de emergencia, un factor que la consultora señala explícitamente en su metodología.

Vigilancia digital y represión

Cuba figura además entre las seis "regiones con mayor riesgo de exposición de datos", una lista que el mapa incluye por primera vez, junto a China, Hong Kong, Irán, Macao y Rusia. Global Guardian define esos lugares por tener capacidades cibernéticas sólidas, poca protección de la privacidad y una tendencia a métodos autoritarios para vigilar la disidencia. A quienes viajen a ellos les recomienda llevar un teléfono o una computadora desechable, solo con los datos imprescindibles para el viaje.

La inclusión de Cuba en esta categoría subraya el carácter autoritario del régimen de La Habana, que utiliza herramientas de vigilancia para monitorear a opositores, periodistas independientes y activistas. Lejos de ser un simple detalle técnico, la recomendación de usar dispositivos desechables revela el nivel de intrusión digital que la consultora identifica en el ecosistema cibernético cubano, controlado por el Estado y con una marcada ausencia de protección a la privacidad de los ciudadanos.

Las sanciones a GAESA y CUPET

El 7 de mayo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sancionó al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado controlado por los militares que, según el Departamento de Estado, maneja un 40% o más de la economía cubana. El 11 de junio, Rubio designó a la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la petrolera estatal, por operar en el sector energético. Ambas medidas se aplicaron bajo la Orden Ejecutiva 14404, que Donald Trump firmó el 1 de mayo.

Estas sanciones apuntan directamente a la columna vertebral del régimen: el control militar sobre la economía. GAESA, bajo la tutela de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, concentra negocios que abarcan desde el turismo hasta la importación de alimentos, mientras que CUPET maneja la importación y distribución de combustibles. La designación de ambas entidades busca estrangular los recursos que sostienen al aparato estatal y, al mismo tiempo, presionar al ejecutivo cubano a negociar en un contexto de creciente aislamiento internacional.

Colapso eléctrico y servicios públicos

La crisis eléctrica es quizás la expresión más tangible del deterioro de las condiciones de vida en la isla. El domingo, la mayor afectación por déficit de generación fue de 1.874 megavatios (MW), a las 7:00 p.m., informó la Unión Eléctrica. El servicio estuvo afectado durante las 24 horas y siguió así durante toda la madrugada. Para el horario pico del lunes, la empresa pronosticó una afectación de 1.760 MW, con una disponibilidad de 1.070 MW frente a una demanda máxima de 2.800 MW.

Estos números, que para el lector externo pueden parecer simples cifras técnicas, representan en la práctica horas y horas de oscuridad para millones de cubanos. En octubre hubo apagones de entre 70 y 90 horas continuas en varias provincias y, en casos extremos, de semanas o meses, según el informe mensual del Centro de Información Legal Cubalex. La organización recogió también denuncias por el deterioro de los hospitales y de la atención médica, la acumulación de basura y los problemas de agua y saneamiento.

La crisis eléctrica no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Es el resultado de décadas de falta de inversión en infraestructura, de una gestión ineficiente y centralizada, y de la dependencia de importaciones de combustible que el gobierno cubano cada vez tiene más dificultades para costear. Las termoeléctricas, muchas de ellas con décadas de antigüedad, operan muy por debajo de su capacidad instalada, y el mantenimiento es insuficiente. A esto se suma la burocracia estatal, que ahoga cualquier intento de modernización del sector.

Contexto estructural

La decisión de Global Guardian se produce en un momento en el que la economía cubana atraviesa una de sus peores crisis desde la década de 1990. La inflación de tres dígitos en los últimos años ha pulverizado el poder adquisitivo de los salarios estatales, el desabastecimiento de productos básicos es crónico y la emigración masiva de cubanos hacia Estados Unidos, España y otros destinos sigue marcando récords históricos. Según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la isla acumula salidas de ciudadanos que superan ampliamente las cifras de la crisis migratoria de los años 80 y del período especial.

La represión política es otro factor que el régimen mantiene activo. La dictadura cubana sigue encarcelando a opositores y activistas al amparo de leyes que penalizan la disidencia, como la Ley de "Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba", aprobada en 2023, que establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes colaboren con gobiernos extranjeros. Organizaciones independientes como Cubalex documentan de manera constante arbitrariedades, detenciones ilegales y juicios sin garantías.

En agosto, el Centro de Información Legal Cubalex documentó 315 hechos de violencia e inseguridad ciudadana, entre ellos 52 homicidios, la cifra más alta desde que empezó a monitorear esa variable en 2024. En el mismo mes contabilizó cinco feminicidios, cinco suicidios y un intento de suicidio. Cubalex advierte que sus datos no son totales ni definitivos, porque el monitoreo en internet no alcanza las denuncias en perfiles privados ni a quienes no tienen teléfono o datos móviles.

Este panorama de violencia cotidiana, sumado a la crisis energética y a la falta de oportunidades, alimenta un clima de desesperanza que se traduce en protestas sociales esporádicas, como las ocurridas en marzo de 2024 en Santiago de Cuba y otras ciudades del oriente del país. La respuesta del régimen ha sido invariablemente la represión: detenciones masivas, allanamientos y juicios sumarios contra los manifestantes.

Antecedentes y perspectivas

La inclusión de Cuba en el nivel de riesgo "medio" por parte de Global Guardian no es un hecho aislado. Otras consultoras de seguridad y agencias de viaje han ajustado sus calificaciones sobre la isla en los últimos años. En 2023, la empresa International SOS incluyó a Cuba entre los países con riesgo "alto" para la salud y la seguridad. El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, mantiene a Cuba en el nivel 2 de su escala de advertencias de viaje ("ejercer mayor precaución"), aunque ha emitido alertas específicas sobre los apagones y la falta de servicios médicos.

El gobierno cubano, lejos de reconocer la gravedad de la crisis, insiste en atribuir los problemas a las sanciones de Washington y no a la ineficiencia de su modelo económico. Sin embargo, analistas independientes señalan que la crisis es estructural y precede a las sanciones recientes: la caída del PIB, la contracción del turismo y la falta de inversión extranjera son tendencias que se arrastran desde hace más de una década. Las sanciones, ciertamente, agravan la situación, pero no explican por sí solas el colapso de un sistema que no logra garantizar el suministro eléctrico ni la producción de alimentos.

Consecuencias para la ciudadanía

La degradación del estatus de Cuba en este mapa de riesgos tiene implicaciones prácticas para la población. Las empresas extranjeras y las organizaciones internacionales suelen utilizar este tipo de calificaciones para decidir si envían personal a la isla, si mantienen operaciones o si implementan protocolos de seguridad adicionales. Un nivel "medio" de riesgo puede reducir aún más la ya escasa presencia de inversión extranjera, afectar el turismo —uno de los pocos sectores que aún genera divisas— y profundizar el aislamiento económico del país.

Para los cubanos que permanecen en la isla, la noticia confirma lo que ya viven a diario: un Estado que no garantiza la electricidad, el acceso a medicamentos, la seguridad alimentaria ni la protección de sus derechos más elementales. La crisis no es solo económica; es una crisis del modelo político mismo, que concentra el poder en una élite militar y burocrática inmune a la rendición de cuentas. Mientras el régimen de La Habana continúe priorizando el control político sobre la solución de los problemas reales de la población, la brecha entre la retórica oficial y la realidad cotidiana seguirá ampliándose.

La respuesta de la comunidad internacional, lejos de ser unánime, refleja la complejidad del momento. Mientras algunos países mantienen una postura crítica frente al régimen y aplican sanciones selectivas, otros siguen ofreciendo ayuda humanitaria o financiera que, en la práctica, termina sosteniendo al gobierno sin exigir cambios estructurales. El informe de Global Guardian, sin proponérselo, deja en evidencia que la crisis cubana ya no puede ser descrita únicamente en términos económicos: es, ante todo, una crisis de inseguridad humana generada por la ausencia de libertades y la incapacidad del Estado para proteger a su propia ciudadanía.