La producción eléctrica de la empresa mixta Energas sufrió una contracción interanual del 30 % durante el tercer trimestre de 2026, resultado de las modificaciones operativas impuestas para sostener el frágil sistema electroenergético de la isla, según confirmó la corporación minera canadiense Sherritt International en su balance financiero más reciente.
Las plantas termoeléctricas de Varadero, Boca de Jaruco y Puerto Escondido generaron un total de 169 gigavatios hora (GWh) entre julio y septiembre, una cifra notablemente inferior a los 243 GWh producidos en el mismo período del año anterior. La compañía canadiense atribuyó este retroceso a una «mayor participación de Energas en el control de frecuencia en el año en curso para ayudar a estabilizar la red eléctrica nacional», una medida que refleja la profundidad de la crisis energética que atraviesa el país.
El costo operativo se dispara mientras la red colapsa
La menor generación de electricidad repercutió directamente en la eficiencia financiera de las instalaciones. El informe detalla que el costo operativo unitario de Energas escaló hasta los 14,43 dólares por megavatio hora (MWh) en el tercer trimestre, un incremento considerable frente a los 12,23 dólares/MWh registrados en igual tramo de 2025. Este aumento evidencia cómo las decisiones de emergencia para tapar los huecos del sistema eléctrico terminan por erosionar la viabilidad económica de las pocas empresas que aún operan en el sector.
Sherritt puntualizó que al cierre de septiembre mantenía 120 millones de dólares canadienses de su liquidez disponible en Cuba depositados en las cuentas de Energas. Sin embargo, el balance trimestral omite detalles sobre la gestión actual de la empresa mixta tras la salida del personal canadiense, momento en que la operación pasó a quedar bajo administración del régimen de La Habana, un patrón recurrente en el manejo de inversiones extranjeras por parte del ejecutivo cubano.
Sanciones estadounidenses golpean el negocio minero en Moa
El retroceso energético coincide con las dificultades que enfrenta la compañía norteamericana en su histórico negocio de extracción de níquel y cobalto en el municipio holguinero de Moa, donde opera a partes iguales junto a la estatal cubana General Nickel Company. En mayo pasado, la Administración del presidente Donald Trump impuso sanciones contra Moa Nickel S.A., lo que afectó severamente el flujo operativo de la sociedad conjunta y puso en jaque una de las principales fuentes de divisas del país.
Para mitigar el parón industrial, Sherritt anunció el pasado martes 20 de octubre la obtención de una licencia especial otorgada por las autoridades estadounidenses que le autoriza a enviar cargamentos de combustible y azufre hacia sus instalaciones en Moa, con el primer embarque programado para el último trimestre de 2026. No obstante, el reinicio pleno de la actividad minera en el oriente cubano permanece supeditado a la aprobación de una segunda licencia de emergencia por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, cuyos términos específicos se mantienen bajo reserva.
Contexto: La crisis eléctrica como síntoma del colapso estructural
La caída en la generación de Energas no es un hecho aislado, sino un eslabón más en la cadena de deterioro que arrastra el sistema electroenergético cubano desde hace años. Las autoridades de la isla han sido incapaces de garantizar un suministro eléctrico estable, con apagones prolongados que se han convertido en parte de la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La obsolescencia de las centrales termoeléctricas, la dependencia de combustibles importados y la falta de inversión en infraestructura han conformado un cóctel explosivo que se agrava con cada temporada de alta demanda.
La decisión de utilizar a Energas para tareas de control de frecuencia, en lugar de permitirle operar en condiciones óptimas de generación, revela la improvisación con la que el gobierno cubano gestiona la emergencia energética. En lugar de planificar una transición ordenada hacia fuentes renovables o modernizar el parque de generación, el régimen de La Habana ha optado por medidas paliativas que terminan por deteriorar aún más los activos productivos existentes y alejar a los inversores extranjeros.
Antecedentes: El éxodo de inversores y la estatización silenciosa
La salida del personal canadiense de Energas y la posterior administración por parte de las autoridades cubanas se inscribe en un patrón más amplio de desplazamiento de socios extranjeros que ha caracterizado la política económica de la isla en los últimos años. Numerosas empresas mixtas han visto cómo sus operaciones pasaban gradualmente al control estatal, en un proceso que combina presiones burocráticas, incumplimientos contractuales y la imposibilidad de repatriar dividendos. Esta dinámica ha minado la confianza del capital internacional, justo cuando Cuba más necesita inversión para reactivar su economía.
El caso de Sherritt es particularmente ilustrativo. La compañía canadiense ha sido uno de los inversores extranjeros más antiguos y resilientes en Cuba, con más de dos décadas de operaciones tanto en el sector energético como en el minero. Sin embargo, las sanciones de Washington, sumadas a la gestión errática del ejecutivo cubano, han puesto contra las cuerdas incluso a los socios más consolidados. La imposibilidad de acceder a financiamiento internacional, las restricciones para importar insumos y la falta de transparencia en la administración de las cuentas de la empresa mixta son solo algunos de los obstáculos que enfrenta la corporación.
La crisis del níquel y el cobalto tiene repercusiones que van más allá de las finanzas de Sherritt. Para Cuba, estas exportaciones representaban una de las pocas fuentes estables de divisas duras, junto con el turismo y las remesas. El parón industrial en Moa supone una sangría adicional para un país que ya enfrenta una inflación galopante, desabastecimiento de bienes básicos y un éxodo migratorio sin precedentes. Los datos del tercer trimestre de 2026 confirman que la economía cubana continúa contrayéndose sin que se vislumbre un giro de timón por parte de las autoridades.
Implicaciones y escenarios futuros
El futuro inmediato de Energas y de la minería en Moa dependerá de factores que escapan al control del gobierno cubano, como la decisión de la OFAC sobre la segunda licencia de emergencia. Sin embargo, la tendencia de fondo apunta a un aislamiento creciente de la economía isleña, con socios internacionales cada vez más reticentes a comprometer capital en un entorno marcado por la arbitrariedad regulatoria y la ausencia de garantías jurídicas. Los ciudadanos cubanos, mientras tanto, continuarán pagando las consecuencias de un sistema eléctrico que se desmorona y de una economía sin horizontes de recuperación.
La comunidad internacional, particularmente los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, observa con creciente preocupación la deriva autoritaria del régimen de La Habana y su impacto en los intereses de empresas extranjeras que aún mantienen operaciones en la isla. La exigencia de transparencia en la administración de Energas y el respeto a los contratos firmados con Sherritt se han convertido en condiciones innegociables para cualquier futuro acuerdo de cooperación. La pelota está en el tejado de las autoridades cubanas, que deberán decidir si continúan con su política de estatización silenciosa o si finalmente adoptan las reformas estructurales que el país necesita desesperadamente.




