La contracción sin precedentes del sector turístico en la isla provocó la desaparición de entre 20.000 y 22.000 puestos de trabajo activos en menos de un año, tras caer la fuerza laboral ocupada de aproximadamente 103.000 empleados al cierre de 2025 a apenas 83.000 en noviembre de 2026, según admitió el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, durante su comparecencia en el programa oficialista Mesa Redonda.

La confesión del funcionario, recogida por Infobae, expone una de las consecuencias más visibles del derrumbe de la industria turística cubana, que en pocos meses ha dejado sin ocupación real a una quinta parte de su plantilla. Los trabajadores afectados no fueron formalmente despedidos, sino que pasaron a engrosar la lista de los denominados «interruptos», una figura administrativa con la que el régimen de La Habana maquilla el desempleo abierto y evita reconocer la magnitud del colapso económico.

Según explicó el propio García Granda, los cerca de 22.000 empleados que cesaron sus funciones en hoteles, agencias y servicios asociados fueron reubicados en hospitales, fábricas y otras dependencias presupuestadas del Estado. La medida, lejos de representar una solución laboral, constituye un castigo económico para miles de familias que dependían de los ingresos en divisas derivados de las propinas y la atención directa al turista internacional.

La figura del «interrupto»: un mecanismo para ocultar el desempleo real

La legislación laboral cubana contempla el estatus de trabajador «interrupto» para sortear situaciones de paralización operativa sin engrosar las estadísticas oficiales de desocupación. Sin embargo, el traslado forzoso hacia el sector presupuestado priva a estos empleados de sus principales fuentes de sustento, condenándolos a salarios en moneda nacional que no cubren las necesidades básicas de una canasta familiar cada vez más inaccesible.

Expertos en economía han advertido que este mecanismo no es más que una estrategia de la dictadura cubana para evitar la transparencia en sus indicadores laborales. El economista Ricardo Torres había anticipado en junio pasado, en declaraciones a la agencia EFE, que entre 20.000 y 30.000 empleados del turismo se verían golpeados por el colapso de la actividad. El especialista subrayó entonces que mantener un vínculo contractual con el Estado no impedía el desplome efectivo del poder adquisitivo de miles de familias vinculadas al sector.

Cifras oficiales confirman la caída libre del sector

La reducción de personal ocurre en medio del peor desempeño registrado por la industria turística cubana en décadas. El ministro García Granda reconoció que el país incumplió en un 71,2 % la meta de arribos trazada para 2026, al contabilizar al cierre de octubre apenas 506.074 viajeros internacionales frente a una proyección anual de 1.757.480 turistas, lo que supone apenas un 28,8 % del plan previsto.

Los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) refuerzan este diagnóstico. Entre enero y septiembre de 2026, Cuba recibió 477.707 visitantes extranjeros, una cifra que refleja un retroceso cercano al 65 % respecto al mismo período del año anterior. Septiembre marcó el registro más bajo de la crisis, con apenas 27.354 llegadas internacionales, un nivel que recuerda los peores momentos de la pandemia.

El derrumbe de la demanda internacional responde a múltiples factores que se retroalimentan. El agravamiento de la crisis económica interna, el deterioro progresivo de los servicios básicos y el desabastecimiento crónico de combustible de aviación han obligado a numerosas aerolíneas internacionales a cancelar o reducir drásticamente sus frecuencias hacia la isla. Los turistas que aún llegan se enfrentan a apagones prolongados, escasez de alimentos y una infraestructura hotelera cada vez más deteriorada.

Contexto: una crisis estructural que trasciende al turismo

La debacle turística no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una crisis sistémica que atraviesa toda la economía cubana. El gobierno cubano mantiene un control centralizado sobre la asignación de recursos, lo que ha agravado la escasez de divisas, la inflación galopante y la incapacidad de importar insumos esenciales. Mientras tanto, el éxodo migratorio de cubanos hacia Estados Unidos y otros destinos se mantiene en niveles récord, evidenciando la desesperanza de una población que no vislumbra mejoras a corto plazo.

La apuesta por el turismo como motor económico ha fracasado estrepitosamente. Las autoridades de la isla prometieron durante años que el sector sería la tabla de salvación para captar divisas frescas, pero la realidad demuestra lo contrario: la falta de inversión, la burocracia estatal y las restricciones impuestas por el propio sistema han convertido a Cuba en un destino cada vez menos competitivo frente a otros países del Caribe.

Antecedentes: de la promesa dorada al colapso actual

El turismo fue durante años una de las principales fuentes de ingresos para Cuba, superando incluso a las exportaciones tradicionales como el azúcar o el níquel. En la década pasada, la isla llegó a recibir más de cuatro millones de visitantes anuales, con el mercado canadiense como principal emisor y una creciente presencia de viajeros europeos. Sin embargo, la combinación de sanciones internacionales, la pandemia y la mala gestión estatal ha llevado al sector a una crisis terminal.

La decisión del gobierno de priorizar el turismo de salud o las alianzas con países aliados como Rusia no ha compensado la pérdida de los mercados occidentales. Además, la creciente represión política y las restricciones a las libertades individuales han disuadido a potenciales visitantes que optan por otros destinos caribeños con mejores infraestructuras y estabilidad jurídica.

Consecuencias para la ciudadanía y la comunidad internacional

La desaparición de más de 20.000 empleos en el sector turístico tendrá un impacto devastador en las economías familiares de las provincias más dependientes de esta actividad, como La Habana, Varadero, Holguín y Cayo Coco. Miles de trabajadores que antes complementaban sus salarios estatales con propinas en dólares o euros han quedado reducidos a la miseria, con sueldos en moneda nacional que apenas alcanzan para cubrir una fracción de la canasta básica.

Para la comunidad internacional, este nuevo episodio confirma que el régimen de La Habana es incapaz de gestionar una recuperación económica sostenible sin reformas profundas. Los organismos financieros y los gobiernos extranjeros observan con preocupación cómo la crisis se profundiza, mientras la dictadura cubana insiste en culpar al embargo estadounidense de todos sus males, sin asumir responsabilidad alguna por la ineficiencia, la corrupción y la falta de libertades que alejan tanto a inversores como a turistas.