El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, dictó una sentencia que inhabilita por cinco años a José Ramón Viñas Alonso, Ángel Santiesteban Prats y otros dos miembros de la masonería cubana para ocupar cargos directivos en sus asociaciones, tras imponerles penas de limitación de libertad y multas por la compraventa de divisas dentro del Asilo Nacional Masónico Llansó. El fallo, al que accedió CubaNet, refleja la intervención del aparato judicial y de la Seguridad del Estado contra una institución independiente que administra recursos y cuidados a ancianos en medio de la crisis económica.
La sentencia, cuyas actas fueron leídas inicialmente el 5 de noviembre y formalizadas días después, afecta a una de las estructuras más longevas de la sociedad civil cubana. Los condenados son, además de Viñas Alonso y Santiesteban Prats, el contador del asilo Fernando Marcos García y Osvaldo Ernesto Villegas Digat. A los cuatro se les prohibió ejercer “cargos de dirección de hecho, por elección o designación en las asociaciones masónicas del país”, una medida que los jueces justificaron alegando que su actitud “ha denotado irrespeto en relación a sus deberes ocupacionales”.
La decisión golpea directamente a Santiesteban Prats, escritor y nuevo soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33, elegido el 26 de septiembre con 19 votos a favor y uno en contra para sustituir a Viñas Alonso, quien encabezaba la institución desde 2015. En el texto de la sentencia no se menciona esa elección, lo que sugiere que la inhabilitación responde a criterios ajenos al expediente penal y se despliega como un instrumento de control sobre el liderazgo masónico que acaba de renovarse.
Los hechos que el tribunal convirtió en delito
Según el fallo, el expediente se centró en dos operaciones de cambio de moneda que suman 300 dólares. El 14 de septiembre de 2023, Santiesteban Prats entregó al contador Marcos García 49.600 pesos cubanos a cambio de 200 dólares procedentes de donaciones enviadas por masones desde el exterior. Meses después, el 13 de junio de 2025, Villegas Digat cambió 37.500 pesos por otros 100 dólares. Ambas transacciones fueron autorizadas por Viñas Alonso, presidente del patronato del asilo, y se registraron en los libros de control de moneda nacional y divisas de la institución, a la tasa informal de referencia que publica la plataforma económica elTOQUE.
El tribunal determinó que esos cambios convirtieron al asilo “en uno de los canales no autorizados para la adquisición o compra de divisas”, con una afectación al “orden económico del país”. Sin embargo, los propios jueces reconocieron en el texto que los implicados “no contaban con ninguna prohibición para acudir de manera personal a la institución bancaria para efectuar los cambios”, lo que evidencia la inconsistencia de una acusación que criminaliza operaciones menores en un contexto de controles cambiarios que las autoridades de la isla no logran que funcionen.
Defensa, testigos y contradicciones
La defensa sostuvo durante el juicio que las conductas no constituyen delito y que los pesos obtenidos se destinaron a la compra de alimentos para los ancianos del asilo. El tribunal respondió que la finalidad del cambio “no es determinante” para la existencia del ilícito y que los testigos “dejaron en duda tal finalidad”. Odalys Oliva Alfonso, jefa del Departamento de Asociaciones de la Dirección Provincial de Justicia de La Habana, declaró que en el asilo no había facturas que acreditaran las compras, mientras que dos antiguos tesoreros, Jesús Martínez Frómeta y Ernesto Valdés García, afirmaron que las donaciones en divisas no se correspondían con la capacidad de la institución para mejorar la situación de los ancianos.
Valdés García, además, aseguró que los cambios nunca se consultaban antes con los miembros del patronato y que solo se informaban después de realizada la operación. La inspección de los ministerios de Salud Pública y Justicia no halló actas que los aprobaran. El único testigo de la defensa, Miguel Cuan Hernández, miembro del Consejo de Dirección del asilo, sostuvo que las decisiones se tomaban de forma colegiada, pero admitió desconocer en qué se usaron los montos cambiados.
El origen del caso y la sombra de la Seguridad del Estado
El proceso penal no nació de una denuncia ciudadana ordinaria, sino de un escrito presentado ante el Ministerio de Justicia por Martínez Frómeta, entonces tesorero del asilo, y otros masones inconformes con el manejo de las divisas donadas. A partir de allí, el expediente fue instruido por el órgano de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, un actor que en Cuba opera como brazo represivo de la dictadura y que suele tomar el control de investigaciones dirigidas contra organizaciones independientes. Según publicó CubaNet, la Corte Suprema de Justicia Masónica expulsó a Martínez Frómeta de la orden por “traición a la Fraternidad y sus Instituciones” tras conocerse su papel en el inicio del caso.
Para fijar las penas, el tribunal aplicó una atenuante al sostener que “todos confesaron en el juicio oral las operaciones de cambio en la que participaron”. Sin embargo, Santiesteban Prats negó haber admitido culpa alguna. “Yo no he reconocido el delito”, declaró a CubaNet al término de la vista oral, una afirmación que contradice directamente la versión oficial de los jueces.
Penas, restricciones y una inhabilitación que cercena derechos
Viñas Alonso fue condenado a cuatro años de limitación de libertad y a una multa de 500 cuotas de 50 pesos, equivalentes a 25.000 pesos. Marcos García recibió tres años, mientras que Santiesteban Prats y Villegas Digat fueron sentenciados a dos años cada uno. A los tres primeros se les impuso además una multa de 20.000 pesos. Debido a que los acusados superan los 60 años, el tribunal rebajó en un tercio el límite mínimo, hasta un año y cuatro meses, y dispuso que las “sanciones rigurosas” se cumplan en sus domicilios bajo control del juez de ejecución.
Mientras dure la condena, los cuatro no podrán cambiar de domicilio ni trasladarse a otro municipio o provincia sin autorización judicial; tampoco podrán salir del país, votar ni ser elegidos. Las multas deberán pagarse en un plazo de 30 días hábiles desde que el tribunal las reclame; si los condenados no pueden abonar las cuotas, se procederá a la reclusión de un día por cada cuota pendiente, con un máximo de seis meses. La combinación de limitación de libertad e inhabilitación política constituye un castigo que anula la participación de los acusados en los asuntos de su propia comunidad masónica ya restringida por el régimen de La Habana.
Persecución a la prensa y nuevas acusaciones
La sentencia admite apelación ante el mismo tribunal en un plazo de diez días hábiles. El 17 de noviembre, la periodista de CubaNet Camila Acosta, esposa de Santiesteban Prats, informó que su esposo aún no había presentado el recurso. Ese mismo día, según denunció, un coronel del Ministerio del Interior le comunicó por teléfono que ella y el escritor enfrentan una acusación por “atentado” y que debían presentarse el jueves 19 de noviembre en la estación policial de Zapata y C, en La Habana. La nueva causa se suma al cerco judicial y abre un frente represivo contra la prensa independiente y el entorno familiar de los sancionados, un patrón reiterado en la persecución política de la isla.
Crisis sistémica y cerco a la sociedad civil
El caso contra los masones no puede desligarse de la crisis estructural que atraviesa Cuba: inflación desbocada, escasez de alimentos y medicinas, devaluación constante del peso, emigración masiva y desabastecimiento generalizado. En ese escenario, las asociaciones no gubernamentales, religiosas y fraternales se han convertido en redes de supervivencia para miles de personas, especialmente para ancianos, enfermos y sectores vulnerables que el Estado cubano no atiende. Esa función de amortiguación social incomoda al gobierno cubano, que ve en la autonomía de estas instituciones una amenaza a su monopolio organizativo.
La criminalización de un intercambio de 300 dólares mediante la tasa informal —operación que millones de cubanos realizan a diario para sobrevivir— no responde a la gravedad del acto, sino a la voluntad de disciplinar a una organización que históricamente ha mantenido cierta independencia frente al poder político. Las autoridades de la isla operan con una legislación cambiaria diseñada para concentrar el control de las divisas en manos estatales, al tiempo que toleran de facto un mercado paralelo que el propio régimen de La Habana no puede sustituir.
Antecedentes y significado político del fallo
La masonería cubana, una de las más antiguas de América Latina, ha coexistido con el régimen castrista durante décadas bajo estrictas limitaciones. Sin embargo, episodios recientes muestran una creciente presión sobre sus estructuras internas y sus dirigentes. La intervención de la Seguridad del Estado en el expediente y la prohibición de ocupar cargos directivos impuesta a quienes resultaron elegidos en sus propias instancias revelan un intento de colonizar o neutralizar espacios de asociación que el Estado no controla. La dictadura cubana ha utilizado históricamente los tribunales para silenciar actores incómodos, fabricar delitos y enviar un mensaje disuasivo a la disidencia.
El castigo a Santiesteban Prats, un intelectual con perfil público, y a sus compañeros de la masonería se produce en un contexto de endurecimiento contra la sociedad civil: redadas a manifestantes, amenazas a periodistas, cierre de medios independientes y condenas sin garantías procesales. La sentencia del Tribunal de Diez de Octubre se suma a esa lógica de persecución selectiva, en la que el sistema judicial funciona como instrumento de venganza política y no como garante de derechos.
Las consecuencias de este fallo para la ciudadanía son profundas: refuerza el mensaje de que ninguna organización escapará al control estatal, criminaliza la solidaridad interna de los cubanos y despoja a los ancianos del asilo de una dirección elegida y comprometida con su bienestar. Para la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos, el caso ilustra la utilización del sistema penal contra la libertad de asociación y el papel de la Seguridad del Estado en la fabricación de expedientes. Si la tendencia continúa, el espacio para la disidencia pacífica, la ayuda mutua y la reconstrucción del tejido social independiente sufrirá un golpe difícil de revertir en la isla.




