LA HABANA, Cuba ― El régimen de La Habana instruyó cargos este jueves contra la periodista de CubaNet Camila Acosta y su esposo, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, por un supuesto delito de atentado derivado de publicaciones que ambos compartieron en redes sociales sobre el juicio contra cuatro masones. La acusación, según relató Acosta en una transmisión en directo, se fundamenta en comentarios escritos por terceros que el denunciante interpreta como amenazas, pero que la pareja jamás redactó.

La pareja acudió a las 10:00 de la mañana a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zapata y C, en el municipio Plaza de la Revolución. El capitán Pileta, primer instructor de la unidad, los recibió por separado y les comunicó que un hombre los acusa de atentado. Acosta identificó al denunciante como Ernesto Valdés García, uno de los testigos de la Fiscalía en el juicio contra los masones celebrado el 5 de noviembre.

Según la periodista, Valdés García sostiene que después de ese proceso judicial, Acosta y Santiesteban compartieron publicaciones que generaron comentarios en su contra, y que esos comentarios le provocan miedo. "Y entonces nos responsabiliza a mi esposo y a mí de esas reacciones y de esas supuestas amenazas y de ese miedo que él siente ahora", declaró Acosta. La lógica de la acusación resulta tan perversa como reveladora: las autoridades de la isla pretenden responsabilizar penalmente a una periodista y a un escritor por las reacciones que generan sus contenidos informativos en terceros.

Sobre el escritorio del instructor había un expediente de más de 20 páginas con capturas de pantalla de publicaciones y comentarios en redes sociales, relató la periodista. Cuando solicitó examinarlo, el capitán se lo negó con la afirmación de que el proceso recién iniciaba. Acosta y Santiesteban Prats se negaron a declarar sin un abogado presente, y la policía les entregó un papel con el número del expediente, el 73567 de 2026, el delito imputado y el nombre del instructor. Disponen de cinco días hábiles para contratar defensa legal y comparecer nuevamente.

La denuncia como instrumento de persecución

Las publicaciones que compartió la pareja incluían una investigación de CubaNet publicada el 10 de noviembre sobre quiénes impulsaron el proceso contra los masones. Ese trabajo identificó a la jueza, a los fiscales, a oficiales de la Seguridad del Estado y a los testigos de la Fiscalía. Entre estos últimos figuraba Valdés García, quien fue tesorero del Asilo Nacional Masónico Llansó hasta 2024 y presidió la Corte Suprema de Justicia Masónica durante la crisis interna de la Gran Logia de Cuba. Acosta afirmó que Valdés García fue expulsado de la masonería "por malos manejos, por traición específicamente".

"Yo no he amenazado a nadie, no he intimidado a nadie, ni en las redes sociales, ni a nivel personal", aseguró la periodista, quien invitó a revisar todo lo que ella y su esposo publicaron desde el juicio. "Nosotros no somos responsables ahora de los comentarios que hagan las personas en las publicaciones en las redes sociales, imposible que seamos responsables de todos esos comentarios", añadió. Comparó la situación con los comentarios que dejan los usuarios en las páginas de Cubadebate o del Noticiero. "Cada cual es responsable por lo que hace, no por lo que hacen otras personas", subrayó.

Acosta atribuyó la denuncia directamente a la Seguridad del Estado. "Él es una persona que están simplemente instrumentalizando para que nos presente esta acusación y para obligarnos a mi esposo y a mí a callar", afirmó. Al salir de la oficina del instructor, la esperaba el coronel Márquez, el oficial que la había citado por teléfono dos días antes. Según la periodista, no se identificó hasta que ella se lo preguntó. Márquez le preguntó si la habían tratado bien y si estaba de acuerdo con todo. "No puedo estar de acuerdo, pero bueno, es lo que hay", le respondió Acosta. El coronel le advirtió además que no podía hacer publicaciones a menos de 300 metros de la estación, "para evitar malentendidos", según su relato.

Marco legal y antecedentes inmediatos

El atentado está tipificado en el artículo 182 del Código Penal, la Ley 151 de 2022, que sanciona con dos a cinco años de privación de libertad a quien emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público o sus agentes para impedirles cumplir sus funciones o en represalia por ejercerlas, y también a quien lo haga por venganza contra sus familiares. La misma pena se aplica cuando la víctima es una persona que contribuyó a la aplicación de las leyes en cumplimiento de su deber ciudadano. Si los hechos los cometen dos o más personas, la sanción sube a entre tres y ocho años. Las amenazas contra testigos tienen además su propio delito en el artículo 183 del mismo código, con penas de dos a cinco años de prisión o multa.

El martes 17 de noviembre, el coronel Márquez llamó a Acosta al teléfono fijo de su casa para citarlos a ella y a su esposo, sin explicarles en qué consistía la acusación ni quién la había presentado, informó entonces CubaNet. En ese momento, la periodista sospechaba que el caso tenía que ver con un video que grabó el 28 de octubre a un agente de la Seguridad del Estado que le impedía salir de su casa. El 3 de noviembre, agentes la arrestaron en la calle cuando llevaba a su gata al veterinario y la liberaron horas después con un acta de advertencia por supuestos actos contra la intimidad personal y familiar.

Ese mismo martes, el congresista republicano Carlos Giménez denunció en X "la persecución y el hostigamiento" contra Acosta, Santiesteban Prats "y toda la sociedad civil dentro de Cuba". El 5 de noviembre, el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre condenó a Santiesteban Prats a dos años de limitación de libertad y a una multa de 20.000 pesos por el supuesto delito de tráfico ilegal de divisas, junto con José Ramón Viñas Alonso, Fernando Marcos García y Osvaldo Ernesto Villegas Digat. La causa se basó en dos operaciones de cambio que sumaron 300 dólares del asilo Llansó. Santiesteban Prats, elegido en septiembre soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33, aún no había presentado la apelación el 17 de noviembre, según Acosta.

La persecución sistemática contra voces independientes

El caso de Acosta y Santiesteban Prats no constituye un episodio aislado, sino un eslabón más en la cadena de represión sistemática que la dictadura cubana ejecuta contra periodistas independientes, activistas y cualquier ciudadano que ejerza la libertad de expresión. La periodista tiene prohibido salir de Cuba desde 2019, una restricción administrativa que el régimen de La Habana ha utilizado contra decenas de voces incómodas para aislarlas del escrutinio internacional y someterlas a un asedio constante.

La implementación de instrumentos penales como el artículo 182 para reprimir el ejercicio informativo evidencia un patrón: las autoridades de la isla emplean la maquinaria judicial no para impartir justicia, sino para amedrentar, silenciar y criminalizar la disidencia. Los procesos judiciales farsa, las acusaciones fabricadas por los órganos de la Seguridad del Estado y las citaciones intimidatorias configuran un entramado represivo que tiene como objetivo impedir la difusión de información veraz sobre la realidad cubana. Acosta recordó los casos de la profesora Alina Bárbara López y la historiadora Jenny Pantoja, quienes llevan cerca de dos años bajo procesos judiciales, un expediente que confirma la voluntad del ejecutivo cubano de prolongar indefinidamente la incertidumbre y el desgaste psicológico de sus víctimas.

Este hostigamiento se produce en un contexto de profunda crisis estructural en la isla: desabastecimiento crónico, inflación descontrolada, apagones prolongados y un éxodo migratorio sin precedentes que expulsa a miles de cubanos cada año. En lugar de atender las urgencias de una población que sufre escasez de medicamentos, alimentos básicos y combustibles, el régimen concentra sus recursos y energías en la persecución de quienes informan sobre los juicios contra masones, la represión a la sociedad civil y las violaciones cotidianas de los derechos humanos. La prioridad del poder en Cuba no es el bienestar del pueblo, sino la preservación de su control político a cualquier costo.

Un futuro incierto para la pareja

Un familiar llamó a Acosta en tono de burla al conocer la acusación: "Mimi, ¿dónde fue que tú pusiste la bomba?". La anécdota, que la periodista compartió en su transmisión, refleja el absurdo al que conduce la aplicación arbitraria del aparato judicial cubano. Acosta reconoció que no sabe si el caso llegará a juicio, cuánto durará ni qué pena pedirá la Fiscalía, una incertidumbre que forma parte del castigo psicológico que impone el sistema represivo de la isla.

La denuncia por atentado contra Acosta y Santiesteban Prats plantea un precedente alarmante para la libertad de expresión en Cuba: si un periodista puede ser penalmente responsable por los comentarios que otros escriben en sus redes sociales, cualquier publicación que incomode al poder se convierte en un riesgo potencial de cárcel. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos tienen ante sí un caso que sintetiza la esencia represiva de la dictadura cubana: la criminalización del pensamiento, la instrumentalización de la justicia y la persecución sistemática de quienes se atreven a informar.

Mientras tanto, la pareja enfrenta un futuro marcado por la incertidumbre y la constante vigilancia del aparato represivo. Su caso se suma a la larga lista de periodistas y activistas cubanos que la dictadura somete a un martilleo constante de citaciones, amenazas y procesos judiciales, en un intento desesperado por silenciar a quienes documentan la deriva autoritaria de una isla que se vacía de esperanza, de alimentos y de libertades.