La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Placetas, en Villa Clara, realizó registros domiciliarios y ocupó tres antenas de internet satelital Starlink, según informó un perfil oficialista en redes sociales. La operación se suma a una ofensiva nacional del régimen contra quienes buscan alternativas de conectividad ante el colapso de las telecomunicaciones estatales.
Los agentes encontraron los equipos durante los registros, de acuerdo con la publicación del perfil oficialista "Fuerza Pueblo" en Facebook, que no precisa cuántas viviendas fueron allanadas, qué motivó las inspecciones ni si se produjeron detenciones o sanciones económicas. El medio afín al poder sostiene que la tenencia de estos dispositivos es ilegal y que su importación está regulada por la aduana cubana, recordando que "la importación y tenencia de estos equipos sin la debida autorización constituye una violación de las regulaciones aduaneras vigentes". La publicación no menciona ninguna red de venta, limitándose a presentar la mera posesión como delito.
Un día antes del anuncio, el medio independiente 14ymedio publicó testimonios que revelan una campaña de vigilancia masiva contra los usuarios de Starlink. Caleb, un joven de 21 años que cría palomas en una azotea de Los Sitios, en Centro Habana, contó que su madre, vinculada a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), asistió a una reunión con dirigentes municipales o provinciales donde se habló de un "levantamiento cuadra por cuadra de quién tiene Starlink". Caleb alertó a varios conocidos; algunos ya desmontaron sus antenas y otros piensan hacerlo "hasta que pase el temporal", reflejando el clima de temor generalizado.
Otra usuaria, Marcia, de 66 años, relató que en mayo su hijo le envió desde Miami 1.500 dólares para comprar un terminal a vendedores informales contactados por Facebook. Semanas después, un policía le entregó una citación. En la estación le revelaron que su nombre aparecía en un chat de WhatsApp de esos vendedores, investigados por comercializar los equipos. Aunque salió sin sanción, se deshizo de la antena y pidió a su hijo cancelar la suscripción. "Yo no puedo vivir con este susto", declaró, evidenciando cómo la persecución policial intimida a ciudadanos comunes que solo buscan conectividad.
En las afueras de Matanzas, un adolescente de 16 años que comparte la señal de su Starlink Mini con amigos del barrio se preguntó: "¿Por qué quieren quitarnos lo único que nos mantiene sin coger una lancha para irnos de este país?" La frase conecta directamente la falta de acceso a internet con el deseo de emigrar, un vínculo que el gobierno cubano se niega a reconocer.
Condenas y decomisos en Santa Clara
En Santa Clara, capital provincial, se reportaron condenas de cárcel por vender antenas, según otro perfil oficialista. El 24 de octubre, "Alejandro Noticias Cuba" escribió en un grupo de Facebook que varios vendedores fueron sentenciados a entre cuatro y cinco años de prisión. La Policía habría ocupado 37 antenas en domicilios de vendedores y compradores, imponiendo a estos últimos multas de 100.000 pesos cubanos. El perfil atribuyó las penas a "fuentes cercanas a las familias en el Tribunal", sin mostrar documentos judiciales, y cerró con un llamado a denunciar a cualquier persona que intente introducir, transportar, vender o comprar estos equipos.
La base legal esgrimida es el artículo 295.1 del Código Penal cubano, que castiga con tres a ocho años de cárcel la difusión ilegal de señales satelitales y servicios de telecomunicaciones. Esta normativa se encuadra en la estrategia de la dictadura para mantener el monopolio absoluto de las comunicaciones y evitar que los ciudadanos accedan a información sin censura previa, consolidando un cerco informativo que es pilar de su control social.
Marco legal restrictivo y control de la información
La Resolución 1/2026 del Ministerio de Comunicaciones, firmada por la ministra Mayra Arevich Marín y publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria número 66 del 21 de mayo, enumera los equipos que pueden importarse con autorización técnica. Excluye expresamente "los terminales que utilizan satélites en órbitas no geoestacionarias destinadas a los servicios públicos personales de telecomunicaciones, para los que no existan acuerdos entre sus proveedores de servicio y el gobierno cubano". Starlink opera con satélites en órbita baja y no existen acuerdos entre sus operadores y La Habana, según confirmó el diario oficialista Granma en abril de 2025, cuando la Aduana decomisó un lote de unos 20 equipos procedentes de Estados Unidos.
La misma resolución prohíbe importar aparatos "que se empleen para acceder sin autorización a redes informáticas o de telecomunicaciones" y somete los equipos con cifrado a la evaluación de la Dirección de Criptografía del Ministerio del Interior. El sábado, el periódico 5 de Septiembre, de Cienfuegos, publicó un artículo del director territorial de Control del Ministerio de Comunicaciones, Pablo Morales Concepción, quien argumentó que Starlink cifra sus datos y enruta su tráfico por infraestructura extranjera "sin posibilidad de auditoría por parte de las autoridades cubanas". "Quien emplea ilegalmente este sistema está evadiendo, de hecho, el control que debe existir sobre todo tipo de comunicaciones", sostuvo, dejando en evidencia que la preocupación del régimen no es la seguridad nacional sino la pérdida del control comunicacional.
La restricción se extiende incluso a diplomáticos. El 9 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una comunicación a embajadas y organismos internacionales acreditados en Cuba recordando que "no se autoriza la importación y uso en el territorio nacional cubano" de terminales de esa marca. El documento remite a la Nota Verbal 2372, del 6 de enero de 2025, demostrando que la prohibición alcanza a representantes extranjeros, un gesto inusual que subraya la paranoia estatal frente a la conectividad libre.
Contexto sistémico: conectividad asfixiada y crisis nacional
La represión contra Starlink no es un hecho aislado. Se produce en medio de una crisis estructural que golpea todos los ámbitos de la vida en Cuba. La red estatal de telecomunicaciones, gestionada por ETECSA, sufre constantes apagones digitales, baja velocidad y un control férreo del contenido. El acceso a internet está restringido por el alto costo de los datos móviles, inaccesibles para la mayoría de los cubanos cuyo salario promedio ronda los 4.000 pesos mensuales. Esta exclusión digital empuja a muchos a buscar alternativas satelitales como Starlink, que ofrecen acceso libre, rápido y sin censura, un desafío directo al monopolio estatal.
La isla atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente, con inflación galopante, escasez de alimentos, medicinas y combustible, y apagones prolongados que superan las 20 horas diarias en algunas provincias. El colapso de los servicios públicos ha disparado el éxodo migratorio: decenas de miles de cubanos han abandonado el país por vía terrestre, marítima o aérea, arriesgando sus vidas ante la falta de perspectivas. En este contexto, el internet satelital se ha convertido en una herramienta de supervivencia, no solo para comunicarse, sino para acceder a información vital, estudiar, trabajar de forma remota y mantener vínculos con familiares en el extranjero. La represión contra Starlink agrava la desesperación de una población que ve en la tecnología una válvula de escape.
La campaña contra Starlink también refleja el temor de la dictadura a perder el control sobre la narrativa pública. Durante décadas, el régimen ha restringido el acceso a información independiente, criminalizado a periodistas y opositores, y utilizado los CDR como red de vigilancia vecinal. La prohibición de antenas satelitales se alinea con esta doctrina de vigilancia total, que considera cualquier comunicación no intervenida como una amenaza. El artículo 295.1 del Código Penal, invocado por las autoridades, es una herramienta legal más en el arsenal represivo, diseñado para castigar con severidad a quienes desafíen el monopolio informativo estatal.
Reacciones ciudadanas y flujo persistente de equipos
La publicación de Fuerza Pueblo acumulaba más de 430 comentarios en Facebook, revelando una sociedad dividida. Mientras algunos usuarios respaldaban el decomiso argumentando que Starlink forma parte de una "guerra no convencional de Estados Unidos", otros cuestionaron la medida. "Antes los teléfonos móviles también eran ilegales en Cuba, internet era ilegal, mientras el mundo avanzaba ellos seguían en las antípodas y no les quedó de otra que aceptar la tecnología", escribió Iliana Hernández, recordando que la historia se repite: cada avance tecnológico ha sido criminalizado antes de ser aceptado por la fuerza.
A pesar de la represión, los equipos siguen llegando a la isla. Una fuente del mercado internacional de telecomunicaciones satelitales, que habló bajo anonimato con 14ymedio, aseguró que en el primer trimestre de 2026 se compraron en el extranjero más de 1.000 Starlink Mini con destino a Cuba. A su juicio, es improbable que un envío de ese volumen entrara al país en tan poco tiempo sin conocimiento, autorización o colaboración de algunas autoridades cubanas, lo que sugiere la existencia de redes de contrabando con complicidad oficial. Esta contradicción —perseguir a los usuarios mientras funcionarios se benefician del tráfico— es una constante en la economía informal cubana.
La ofensiva contra Starlink tendrá consecuencias profundas para la ciudadanía cubana. Lejos de resolver la crisis de conectividad, el régimen profundiza el aislamiento informativo y agrava la desesperación de una población que ve en la tecnología una vía para escapar de la vigilancia, acceder a información no controlada y mantener contacto con el exterior. Mientras la comunidad internacional observa con preocupación el endurecimiento de las restricciones a las libertades digitales, la dictadura cubana parece decidida a reforzar su aparato represivo antes que afrontar las causas estructurales del descontento social: la falta de libertades, el colapso económico y la negación sistemática de derechos humanos. El miedo a una antena satelital es el último síntoma de un sistema que ha fracasado en todo lo demás.




