El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión registró un incremento brutal de los ataques contra la disidencia, con los reclusos por motivos políticos como principal blanco del aparato represivo de la dictadura. La cifra duplica con creces la del mismo mes del año anterior y consolida una tendencia de escalada punitiva sin precedentes recientes.

Las personas encarceladas por razones políticas fueron las víctimas más frecuentes de la represión contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante el mes de octubre, según el informe mensual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). El documento, difundido este viernes desde Miami, contabiliza 141 violaciones en 115 hechos distintos, una cifra que supera en un 120,3% las 64 registradas en octubre del año anterior y que iguala el pico de septiembre, mes que fue revisado al alza desde 134 hasta 141 tras incorporar siete casos conocidos de manera tardía.

Del total de violaciones, el 84,4% corresponde a la libertad de expresión y el 15,6% a la libertad de prensa. La distribución de las víctimas revela un patrón preocupante: los presos políticos aparecen en 45 hechos, lo que representa el 39,5% de los casos con víctima identificada. Si a esa cifra se suman los nueve hechos cometidos contra expresos políticos, el porcentaje asciende al 47,4%, es decir, casi la mitad de todos los incidentes documentados recae sobre personas que están o estuvieron privadas de libertad por sus convicciones.

La vía penal como instrumento de castigo a la protesta

Para el ICLEP, el patrón de octubre confirma que "la vía penal convierte a ciudadanos comunes que protestaron en presos políticos". El caso más emblemático del mes fue la acusación formal presentada por la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila contra los participantes en la protesta del 13 de marzo de 2026 en la localidad de Morón, imputados por el delito de sedición. El observatorio registró a 18 acusados por este expediente: para 10 de los 11 adultos la Fiscalía solicita 12 años de privación de libertad, mientras que para Hosuán Naranjo Chacón la petición asciende a 13 años. Los otros siete imputados eran menores de edad en el momento de la protesta, para quienes las solicitudes van desde cinco años de limitación de libertad hasta ocho de cárcel.

El impacto humano de estas acusaciones se refleja en los testimonios de las madres de los procesados. Dayarmé Muñoz, madre de Brian Pérez Muñoz, de 28 años, calificó de injusta la petición contra su hijo, quien lleva siete meses detenido. Por su parte, Marielkis Álvarez, madre de Christian de Jesús Crespo Álvarez, denunció que la principal prueba contra el joven es un video en el que no se le distingue el rostro, y que fue identificado únicamente por su estatura y un tatuaje. El observatorio registró la acusación como un hecho por cada procesado, lo que disparó los registros de Ciego de Ávila de un solo hecho en septiembre a 18 en octubre. Aun sin contar esos casos, los presos políticos seguirían encabezando la lista de víctimas con 27 hechos.

Uso abusivo del poder estatal: la maquinaria represiva en acción

El indicador que el ICLEP denomina "uso abusivo del poder estatal" volvió a encabezar el registro con 61 violaciones, es decir, el 43,3% del total. Las fiscalías, los tribunales y la administración penitenciaria originaron 52 de esas violaciones. Las fiscalías intervinieron en 27 hechos y los tribunales en cinco, una disminución notable frente a septiembre, cuando los tribunales sumaban 18 de los 22 hechos judiciales. La Seguridad del Estado, columna vertebral del aparato represivo del régimen de La Habana, continuó siendo la institución con mayor número de intervenciones, presente en 49 hechos, seguida de la Policía Nacional Revolucionaria con 30 y el Sistema Penitenciario con 24.

De particular gravedad resulta el dato de que cinco de las ocho agresiones físicas documentadas en el mes ocurrieron bajo custodia penitenciaria. El informe destaca que varias de las medidas aplicadas contra reclusos se produjeron al día siguiente de que estos denunciaran las condiciones del penal, lo que lleva al observatorio a concluir que "denunciar desde la prisión es un detonante de castigo inmediato". Este patrón evidencia la política sistemática de silenciamiento y represalia que aplica la dictadura cubana contra quienes alzan la voz incluso desde el encierro.

El caso del periodista Henry Constantín Ferreiro

Uno de los casos que ilustra esta dinámica es el del periodista Henry Constantín Ferreiro, director del medio La Hora de Cuba y preso en la cárcel Kilo 7 de Camagüey. El 15 de octubre, tras una requisa, oficiales afirmaron haber hallado un cuchillo entre sus pertenencias, un objeto que él denuncia como colocado intencionalmente. El jefe de la unidad lo envió a celda de castigo por un mínimo de 15 días y ordenó abrir un proceso por tenencia de arma blanca. El 20 de octubre, su abogada no pudo tomarle declaración. Seis días antes de la requisa, dos agentes de la Seguridad del Estado habían interrogado en la prisión a su pareja, la periodista Alejandra García, en lo que constituye una clara maniobra de intimidación y hostigamiento coordinado.

La libertad de prensa sufrió 19 hechos y 22 violaciones, la mitad que en septiembre. En 16 de esos 19 hechos, la presión adoptó la forma de amenazas, citaciones o interrogatorios. El colaborador del medio CubaNet Adelth Bonne Gamboa acumuló cinco hechos en su contra. El 20 de octubre, en la unidad policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, le exigieron romper todo vínculo con CubaNet y le mencionaron una posible condena de dos a 10 años por el delito de "propaganda contra el orden constitucional". Esta amenaza directa refleja la criminalización de la prensa independiente por parte del gobierno cubano, que utiliza el aparato penal para acallar cualquier voz crítica.

El destierro como castigo sin sentencia

El informe identifica siete hechos en los que la salida o la entrada al país se utilizó como medio de presión. La Seguridad del Estado reiteró al periodista José Antonio López Piña en Santiago de Cuba el ultimátum de abandonar el país o ser procesado. Los presos políticos del 11J Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García denunciaron que su excarcelación está condicionada a que abandonen Cuba, una práctica que convierte la libertad en moneda de cambio. Al cantante Baby Lores, residente en Miami, le prohibieron la entrada al país cuando viajaba para ver a su madre hospitalizada. Para el ICLEP, la salida forzada "funciona, en la práctica, como un destierro sin sentencia", una figura que la comunidad internacional debería considerar como una violación flagrante del derecho a la libre circulación y de los derechos humanos fundamentales.

La represión se extiende a los familiares

La persecución no se limita a los disidentes directos, sino que alcanza a sus familias. El 10 de octubre, el tatuador Oscar Echevarría Rubio gritó "Abajo la dictadura" y "Patria y Vida" desde la azotea de su casa en Sancti Spíritus. La Fiscalía le impuso prisión provisional a él y a su esposa, Cleidys García, sin que las autoridades hayan informado de qué se acusa a ella. El 22 de octubre, la hija de Echevarría Rubio, Aitana Echevarría Rivero, de 18 años, quedó en prisión domiciliaria. Este caso ilustra la doctrina de responsabilidad colectiva que aplica el régimen de La Habana, castigando a núcleos familiares enteros por la disidencia de uno de sus miembros.

Contexto sistémico: una escalada sin freno en medio de la crisis

La distribución geográfica de los hechos muestra a La Habana como epicentro de la represión, con 38 incidentes que representan el 33% del total, seguida de Ciego de Ávila (18), Camagüey (13), Artemisa (12) y Villa Clara (10). Las provincias de Matanzas, Cienfuegos, Las Tunas, Granma, Guantánamo y la Isla de la Juventud no registraron ningún hecho, algo que el observatorio atribuye no a la ausencia de represión, sino a las dificultades para conocer y verificar lo que allí ocurre. El subregistro en esas regiones sugiere que la cifra real de violaciones podría ser significativamente mayor, especialmente en zonas donde el control informativo es más férreo.

Entre enero y octubre de este año, el OCLE contabiliza 1.676 violaciones, frente a 1.004 en el mismo período del año anterior, lo que representa un aumento del 66,9%. Todos los meses de 2026 superan a sus equivalentes de 2025, con julio como máximo histórico de 285 violaciones. El ICLEP atribuye parte del crecimiento a la ampliación de sus fuentes desde que el observatorio comenzó a funcionar en febrero de 2026, pero el resto se explica por el agravamiento de la crisis estructural que atraviesa la isla. La escasez de alimentos, medicinas y combustible, unida a la inflación galopante y a la falta de expectativas, ha empujado a más ciudadanos a expresar su descontento, y la respuesta del gobierno cubano ha sido endurecer la represión en lugar de atender las causas del malestar.

Al cierre de octubre, Cuba registraba 1.353 presos políticos, la cifra más alta desde que se llevan registros, según el informe publicado el 12 de noviembre por la organización Prisoners Defenders, que sumó 39 nuevos casos durante el mes. Este récord de encarcelamientos por motivos políticos se enmarca en una ofensiva más amplia de la dictadura cubana para sofocar cualquier disidencia, en un contexto de aislamiento internacional creciente y de presión migratoria sin precedentes. Miles de cubanos han huido de la isla en los últimos años debido a la imposibilidad de construir un proyecto de vida digna, mientras la maquinaria represiva se consolida como la única respuesta del poder ante la demanda de cambios.

Perspectivas y riesgos para noviembre

Para noviembre, el ICLEP proyecta entre 125 y 145 violaciones, y señala como factores de riesgo las fechas del 15 y el 27 de noviembre, aniversarios de la Marcha Cívica por el Cambio convocada en 2021 y de la concentración frente al Ministerio de Cultura en 2020, respectivamente. El 12 de noviembre, el periodista de CubaNet Vladimir Turró Páez denunció ante el observatorio que tres oficiales de la Seguridad del Estado lo sacaron de la casa de su madre en La Lisa, lo llevaron esposado a un lugar apartado y le apuntaron con una pistola para que renunciara a CubaNet. Este caso, ocurrido ya fuera del período de octubre, anticipa la continuidad de la escalada represiva.

La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos enfrentan un desafío urgente: la documentación de estas violaciones crece a un ritmo alarmante, pero la respuesta de la dictadura cubana es redoblar la apuesta por el castigo, la intimidación y el destierro. Mientras tanto, los presos políticos, sus familias y los periodistas independientes continúan soportando el peso de una maquinaria estatal que no reconoce límites ni garantías. La responsabilidad del poder en la isla sobre esta crisis de derechos humanos es ineludible, y el silencio o la indiferencia internacional solo agravan la vulnerabilidad de quienes se atreven a alzar la voz.