El Ministerio de Salud Pública de Cuba reconoció este domingo que la totalidad del territorio nacional registra transmisión activa y simultánea de dengue y chikunguña, con predominio del primer virus, mientras la crisis de combustible limita severamente las campañas de fumigación contra el mosquito transmisor.
La declaración fue realizada por la doctora Madelaine Rivera Sánchez, directora nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del MINSAP, mediante un mensaje difundido en el perfil institucional de Facebook. Según el balance epidemiológico correspondiente al cierre de la semana estadística 44, siete territorios muestran un repunte en sus tasas de incidencia respecto a la semana precedente: Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, el municipio especial Isla de la Juventud, Santiago de Cuba y Guantánamo.
Pinar del Río se perfila como el escenario más complejo por la circulación conjunta de ambos virus, según precisó la funcionaria. El reporte oficial no detalló cifras absolutas de casos confirmados ni fallecidos, una omisión habitual en los comunicados del régimen de La Habana, que ha mantenido un hermetismo crónico sobre las estadísticas sanitarias durante toda la crisis epidemiológica.
Limitaciones materiales y cambio de estrategia
Rivera Sánchez admitió que las labores de control vectorial “se han visto limitadas por la situación económica del país, fundamentalmente por la falta de combustible para las máquinas de fumigación”. Esta confesión constituye una inusual aceptación oficial de las carencias que padece el sistema sanitario cubano, tradicionalmente presentado por la propaganda estatal como un logro intocable de la revolución.
Ante la imposibilidad de sostener los esquemas habituales de fumigación con diésel, las autoridades adaptaron parte del equipamiento técnico para reemplazar el combustible por agua, una alternativa de emergencia empleada durante octubre y noviembre en las áreas de mayor riesgo. Como resultado de estas restricciones, la estrategia estatal se concentra ahora en la abatización, es decir, la aplicación de larvicidas en depósitos de agua, relegando a un segundo plano el tratamiento adulticida contra el mosquito adulto.
Responsabilización de la ciudadanía ante el déficit estatal
Frente al déficit de recursos públicos para las fumigaciones, la especialista trasladó buena parte de la responsabilidad preventiva a la población, recordando que el mosquito Aedes aegypti posee hábitos intradomiciliarios y requiere depósitos de agua limpia para reproducirse. “Mientras menos criaderos tenga el mosquito, menos posibilidades tendremos de enfermarnos”, enfatizó Rivera Sánchez, quien exhortó a los residentes a mantener cubiertos los tanques de almacenamiento, eliminar malezas en patios y solares y participar en las labores de higienización comunitaria.
Este discurso, que apela al autocuidado doméstico, contrasta con la histórica narrativa oficial de una red sanitaria preventiva omnipresente. En la práctica, el colapso económico ha desmantelado la capacidad operativa del sistema de vigilancia vectorial, dejando a millones de cubanos sin el respaldo químico necesario para controlar la proliferación del mosquito en zonas urbanas y rurales.
Contexto de una crisis estructural
La admisión del MINSAP se enmarca en una emergencia sanitaria más amplia que ha desbordado al régimen de La Habana desde el inicio de la crisis económica agravada en 2021. La escasez de combustible, derivada de la incapacidad para importar hidrocarburos y de la ineficiencia administrativa, afecta de manera directa servicios esenciales como la generación eléctrica, el transporte público y la operación de ambulancias, hospitales y centros de atención primaria.
La fumigación antivectorial no es la única víctima de la penuria energética. Miles de viviendas carecen de agua corriente durante jornadas enteras, obligando a las familias a almacenar el líquido en recipientes abiertos que se convierten en criaderos ideales para el Aedes aegypti. A ello se suma la falta de insecticidas de uso doméstico, mosquiteros, repelentes y medicamentos como el paracetamol, cuya ausencia en farmacias incrementa el riesgo de complicaciones graves por dengue.
Antecedentes de epidemias recurrentes
Cuba ha padecido ciclos epidémicos de dengue desde hace décadas, pero la frecuencia e intensidad de los brotes han aumentado en los últimos años en paralelo al deterioro de la infraestructura sanitaria. En 2022 se reportó un notable incremento de casos en varias provincias, con denuncias ciudadanas sobre hospitales saturados y falta de pruebas diagnósticas. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido que la región atraviesa uno de los picos históricos de arbovirosis, con el dengue como principal amenaza.
Además del dengue y la chikunguña, la doctora Rivera Sánchez precisó que las autoridades mantienen vigilancia sobre el virus del Zika y el de Oropouche, aunque sin contagios confirmados en lo que va de año. La simultaneidad de varios arbovirus circulando en el mismo territorio complica el diagnóstico clínico, ya que los síntomas son similares y el sistema de laboratorios sufre limitaciones de reactivos.
El abandono de la infraestructura de fumigación
La confesión de que las máquinas fumigadoras han sido adaptadas para funcionar con agua en lugar de diésel revela la profundidad de la crisis logística. El desabastecimiento de combustible no es un fenómeno coyuntural: la producción nacional de crudo alcanza apenas una fracción de la demanda interna y la dependencia de Venezuela se ha reducido drásticamente desde 2019. El régimen de La Habana ha priorizado el racionamiento del diésel para sectores considerados estratégicos, dejando desprotegidas las campañas de salud pública.
Los expertos en epidemiología han señalado que la abatización sin tratamiento adulticida resulta insuficiente para cortar la cadena de transmisión en comunidades densamente pobladas. Los larvicidas controlan las fases inmaduras del mosquito, pero no eliminan a los ejemplares adultos capaces de infectar a decenas de personas. La decisión de concentrar los esfuerzos en los criaderos obedece más a la carencia de combustible que a un criterio técnico de eficacia.
Consecuencias para la población
La expansión simultánea del dengue y la chikunguña en las quince provincias y el municipio especial de Isla de la Juventud incrementa la presión sobre un sistema hospitalario ya colapsado por la falta de insumos básicos. Los pacientes con signos de alarma —vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas— requieren hidratación intravenosa y monitoreo constante, recursos que escasean en muchas instituciones.
La chikunguña, aunque rara vez mortal, provoca dolores articulares debilitantes que pueden prolongarse durante meses o años, disminuyendo la capacidad laboral de los afectados. En un país donde la fuerza de trabajo ya se ha reducido por el éxodo migratorio, la pérdida de productividad asociada a estas enfermedades supone un golpe adicional a una economía en contracción.
Respuesta internacional y silencio oficial
La Organización Panamericana de la Salud y otras agencias internacionales han ofrecido cooperación técnica para el control de vectores en la isla, pero la aceptación de ayuda externa por parte del gobierno cubano ha sido inconsistente. El régimen de La Habana mantiene un discurso de autosuficiencia sanitaria que choca con la realidad reportada por sus propios funcionarios.
La ausencia de un boletín epidemiológico público y periódico impide a los ciudadanos y a la comunidad médica independiente evaluar la magnitud real de la epidemia. Los comunicados esporádicos en redes sociales constituyen la única ventana oficial, y suelen omitir cifras de mortalidad y de casos confirmados por laboratorio, generando desconfianza y rumores entre la población.
Un futuro incierto
De no restablecerse el suministro de combustible para las campañas de fumigación y de no implementarse un plan integral de saneamiento ambiental, la transmisión de dengue y chikunguña podría mantenerse durante los próximos meses, coincidiendo con la temporada de lluvias y el aumento de las temperaturas. Las autoridades sanitarias no han anunciado medidas extraordinarias de financiamiento ni la adquisición de equipos portátiles de fumigación que funcionen con fuentes alternativas de energía.
La responsabilidad primordial recae sobre la gestión estatal de los recursos y la planificación sanitaria. Mientras la dictadura cubana continúe priorizando el gasto en control social y represión política sobre las necesidades básicas de la población, los brotes epidémicos seguirán siendo una amenaza estructural. La ciudadanía, abandonada a su suerte en la lucha contra el mosquito, asume una carga que corresponde al Estado, sin que por ello reciba los medios mínimos para protegerse.
El escenario actual confirma que las crisis de salud pública en la isla no son fenómenos aislados, sino consecuencias directas de un modelo político que ha degradado la infraestructura sanitaria hasta límites incompatibles con la dignidad humana. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben intensificar la vigilancia sobre la situación epidemiológica cubana, exigiendo transparencia y acceso a la información para evitar que la epidemia se cobre un precio aún mayor entre los sectores más vulnerables.



