Una residente de una comunidad rural sin servicio eléctrico desde el pasado 23 de junio denunció ante el programa radial "Criterio Compartido" que la Unión Eléctrica respondió a sus reclamos con intimidaciones, advirtiéndole que tendría todavía menos corriente si continuaba acudiendo a las autoridades. El testimonio, emitido en vivo, evidenció el patrón de represalias institucionales contra quienes alzan la voz en la isla.

La mujer, identificada como Melquidania Rodríguez, relató que guarda todos los reportes y quejas presentados desde que comenzó la avería eléctrica, y que ha llamado a instancias en Matanzas, al Partido Comunista y al Gobierno sin que la empresa estatal resolviera el problema. Según su testimonio, la respuesta del director de la entidad fue amenazar a los vecinos con reducir aún más el suministro eléctrico si persistían en informar a las autoridades superiores.

El gobernante Miguel Díaz-Canel, conductor del espacio transmitido por Radio Rebelde, calificó de "intolerable" que se regañe a quien presenta una queja. "A los que hay que regañar son a los que actúan así, no a las personas que han dado una queja. Y hay que regañarlos por indolentes, por insensibles, por irresponsables", afirmó, anunciando que algunos de esos funcionarios serían citados al programa para explicar su conducta.

Un desfile de fallas institucionales y promesas incumplidas

La denuncia de Rodríguez formó parte de un bloque de testimonios que pusieron al descubierto la incapacidad de las instituciones cubanas para dar respuestas efectivas a la ciudadanía. Emilio Joaquín Artigas Hidalgo Gato, un jubilado que trabajó 55 años y luego nueve años más, relató que presentó en noviembre de 2024 la documentación para un incremento de su pensión y que, pese a que en enero ya le habían hecho los cálculos, lleva 22 meses esperando una resolución definitiva.

La llamada de este ciudadano puso en evidencia la contradicción entre el marco legal vigente y la práctica administrativa real en el régimen de La Habana. La viceministra primera de Justicia, Yailet Peña, reconoció en el programa que la Ley 167 del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas, vigente desde el 13 de marzo de 2025, establece un plazo de respuesta de 30 días naturales que solo puede prorrogarse excepcionalmente. Peña añadió que el Ministerio de Justicia ha supervisado este año 1.500 entidades para verificar el cumplimiento de la normativa.

Casos concretos que revelan la parálisis administrativa

Otro oyente, Norby Pérez Gavara, explicó cómo dos instituciones se transfieren mutuamente la responsabilidad por un transformador quemado en la finca Arroyo Naranjo, en El Santo, donde llevan un mes y medio sin el equipo. La empresa eléctrica les indicó acudir al Gobierno municipal, mientras que el Gobierno les respondió que no tenía relación con la empresa eléctrica, dejando a los ciudadanos atrapados en un círculo burocrático sin salida.

El drama de los pacientes con enfermedades crónicas también quedó expuesto cuando la esposa de Arnold Peña Carrió, paciente de hemodiálisis desde hace casi dos años, denunció que el taxi asignado lo recoge y devuelve en un punto ubicado a 14 kilómetros de su domicilio, obligándolo en muchas ocasiones a recorrer a pie esa distancia después del tratamiento. La familia ha acudido a la Agencia Provincial de Salud, a la agencia de taxis municipal, a la Dirección de Salud, al Gobierno y al Partido sin obtener una respuesta efectiva.

La sede que lleva una década en promesas

El caso de la Asociación Nacional del Ciego en San Miguel del Padrón, La Habana, refleja la persistencia de la provisionalidad como método de gobierno. Su presidente, Eugenio Oquendo Cutiño, señaló que la delegación municipal carece de sede desde hace diez años, mientras 35 asociados ciegos o con baja visión viven solos y no pueden cocinar con leña ni carbón. Rolando Morejón Cardoso, un asociado ciego total, confirmó que en su hogar cocinan con esos métodos rudimentarios sobre dos bloques.

La directora municipal, Lejiany Pérez Martínez, respondió al aire que el intendente tiene previsto reparar un local para enero de 2027. Díaz-Canel expresó su insatisfacción y cuestionó: "Si le están diciendo que le pueden dar el local el año que viene, ¿por qué no se lo dan hoy? Esas no son respuestas adecuadas, esas son respuestas burocráticas". El gobernante comparó estas promesas con etiquetas provisionales que terminan volviéndose permanentes: "No hay nada más permanente últimamente que la provisionalidad".

Un sistema de vigilancia y monitoreo en tiempo real

El primer secretario del Partido en Holguín, Joel Queipo Ruiz, detalló el sistema provincial de seguimiento de quejas que funciona desde 2024, basado en un cuadro de mando que recoge en tiempo real el estado de servicios como electricidad, salud, alimentos y transporte. Este mecanismo, según explicó, se alimenta también con información del Ministerio del Interior, del sistema de opinión del pueblo dirigido por el Partido y de un observatorio de la Universidad de Holguín que monitorea redes sociales y conversaciones públicas.

Queipo aseguró que tras la llamada sobre el paciente de hemodiálisis, contactó con el director general de la provincia, quien se comprometió a revisar el caso. El funcionario también mencionó que desde el pasado 5 de mayo los casos se evalúan en el Consejo de Defensa Provincial, activado junto con los 14 consejos de defensa municipales, lo que implica que las quejas ciudadanas son gestionadas en el marco de estructuras de defensa y no mediante mecanismos administrativos ordinarios.

Contexto: La queja como mecanismo de control, no de rendición de cuentas

El balance del programa resulta revelador: de las 46 llamadas recibidas en la emisión anterior, 41 eran quejas, según datos del propio gobernante. De ellas, 29 tenían razón, cinco tenían razón en parte y siete no la tenían. Solo 20 problemas quedaron resueltos y 13 siguen pendientes por falta de recursos. El agua concentró 18 de las 41 quejas, evidenciando la extensión del colapso en los servicios básicos. Varios ciudadanos fueron visitados únicamente después de llamar a la radio, lo que confirma que el espacio funciona como un mecanismo de presión pública ante la ausencia de canales institucionales eficaces.

El episodio de las amenazas de la Unión Eléctrica no es un hecho aislado, sino la manifestación de una estructura de poder que responde con hostilidad a la crítica ciudadana. La advertencia de reducir el suministro eléctrico a quienes denuncian constituye una forma explícita de represalia que se inscribe en el historial de persecución y castigo que ejerce la dictadura contra quienes se atreven a visibilizar sus arbitrariedades, incluso a través de los canales oficialmente permitidos.

La existencia de un programa radial donde el gobernante escucha quejas no debe confundirse con una apertura democrática. Se trata, en la práctica, de un desahogo controlado que convierte al líder en árbitro personal de casos individuales, mientras las estructuras del Partido Comunista y el Ejecutivo mantienen intacto su control absoluto sobre las instituciones. La burocracia que Díaz-Canel dice querer romper es, precisamente, el engranaje que sostiene al sistema de partido único.

Antecedentes y consecuencias

Desde la aprobación de la Ley 167, el régimen de La Habana ha promovido un discurso de modernización administrativa y atención a la ciudadanía que contrasta con la realidad documentada en el programa: plazos incumplidos, respuestas evasivas, derivaciones circulares y funcionarios que actúan con impunidad. El hecho de que la viceministra de Justicia revelara que se han supervisado 1.500 entidades sin que ello se traduzca en sanciones efectivas a los responsables de las faltas sugiere que el control estatal se ejerce sobre los ciudadanos, no sobre los burócratas.

La expansión del programa a provincias como Pinar del Río, Matanzas, Artemisa, Las Tunas, Santiago de Cuba y Sancti Spíritus indica que el gobierno intenta replicar este modelo de contención de conflictos en todo el territorio. Sin embargo, la acumulación de quejas por servicios esenciales, el éxodo migratorio que no cesa y la persistencia de la crisis energética confirman que el problema no es de gestión sino estructural.

Para los ciudadanos cubanos, el desarrollo de estos espacios radiales plantea un dilema crucial: acudir a ellos puede significar una mejora puntual en su caso, pero también los expone a represalias como la denunciada por Melquidania Rodríguez. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán observar si la promesa de Díaz-Canel de sancionar a los funcionarios que amenazan se traduce en medidas concretas o se diluye, como tantas otras promesas de la dictadura, en la provisionalidad burocrática que el propio gobernante reconoció pero no ha podido superar.