La opositora cubana y fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, instó al gobierno que surja de las elecciones españolas del 29 de noviembre a congelar los activos de la familia Castro en Madrid y en el resto del mundo, al tiempo que reclamó una alianza estratégica con Washington para acelerar el fin del régimen en la isla.

Desde Miami, Payá concedió una entrevista al diario venezolano El Nacional en la que delineó su visión sobre el papel que debe jugar España en el proceso de transición cubano. La activista, que desde enero integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue contundente al señalar que los bienes de la cúpula gobernante en La Habana no pertenecen a sus ocupantes, sino al pueblo cubano, y deben ser objeto de medidas punitivas inmediatas.

La fundadora de Cuba Decide valoró positivamente la postura del gobierno estadounidense bajo la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, a quienes calificó como "el mejor aliado que tiene el pueblo cubano en este momento". Según Payá, ni la movilización callejera ni una oposición organizada son suficientes para desalojar a los hermanos Castro y a su círculo de generales del poder: se requiere una amenaza exterior que resulte creíble y disuasoria, y esa amenaza, afirmó, proviene casi exclusivamente de Estados Unidos.

Críticas directas al gobierno español y a la Unión Europea

La opositora no escatimó reparos hacia la gestión del ejecutivo español saliente. A su juicio, resulta inconcebible que Madrid haya ignorado el sufrimiento de un pueblo tan cercano culturalmente al español y se haya colocado, en reiteradas ocasiones, del lado de quienes lo oprimen. "Le quedan unos días. Ojalá recapaciten, porque el cambio en Cuba va a suceder con o sin el apoyo de Europa", advirtió.

Payá confió en que el próximo gobierno español adopte una actitud audaz ante la Unión Europea para revertir lo que describió como una política de "silenciamiento e inacción" del Ejecutivo comunitario respecto a la dictadura cubana. La activista defendió que la protección de los derechos humanos de los cubanos trasciende las posiciones políticas partidistas y debería concitar el respaldo de todos los actores del espectro democrático europeo.

Los tres requisitos para iniciar la transición

En cuanto a una eventual salida de los dirigentes cubanos del poder, Payá estableció un paralelismo con lo ocurrido con Nicolás Maduro y señaló que la cúpula castrista todavía dispone de una vía de escape. "Hoy podrían irse. Hoy podrían tomar un avión y a lo mejor hasta podrían elegir adónde. Esa situación probablemente no dure demasiado", declaró. La decisión de partir o ser extraídos dependerá, según sus palabras, de la prepotencia, la arrogancia y el crimen con los que pretendan aferrarse al poder.

Para que se materialice una transición, la opositora reiteró las tres condiciones del Acuerdo de Liberación: la salida inmediata de Miguel Díaz-Canel, los Castro y su grupo de generales; la liberación de todos los presos políticos; y el cese definitivo de la represión. "Las puertas de esas mazmorras se pueden abrir en 24 horas", subrayó, en referencia a las cárceles donde permanecen recluidos opositores al régimen.

Récord de presos políticos y presión regional

La organización Prisoners Defenders contabilizó al cierre de octubre un total de 1.353 presos políticos en Cuba, la cifra más alta registrada desde que el colectivo independiente comenzara su labor de monitoreo. Este dato refuerza el diagnóstico de Payá sobre la escalada represiva que atraviesa la isla, particularmente desde las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021, que fueron respondidas con detenciones masivas, condenas sumarias y una oleada de exilio forzado.

La activista también vinculó el posible colapso del régimen en La Habana con la transformación del tablero político venezolano. Según sus palabras, "no solamente Venezuela es muy distinta después del 3 de enero; Cuba también lo es", en alusión al cambio de gobierno en Caracas. La caída del chavismo, sostuvo, ha privado a la dictadura cubana de los "millones y millones de dólares" que recibía como compensación por servicios de inteligencia, médicos y asesoría militar, y constituye la prueba evidente de que la impunidad de estos regímenes ha llegado a su fin en la región.

Hoja de ruta presentada en Madrid

Payá presentó el 3 de noviembre en Madrid, en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana, el documento "Cuba en el umbral", una hoja de ruta elaborada por la plataforma Pasos de Cambio para guiar una transición democrática en la isla. La elección de la capital española no fue casual: España es la segunda nación del mundo con mayor diáspora cubana, solo superada por Estados Unidos, y concentra a una parte significativa del exilio reciente que abandonó la isla ante la crisis económica y la persecución política.

El Partido Popular, principal fuerza de la oposición española, llega a los comicios con un programa electoral que explícitamente condena "las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela" y promete exigir "la liberación de todos los presos políticos" y apoyar a los disidentes. Payá evitó fijar plazos concretos para el colapso del castrismo, aunque manifestó su deseo de que el cambio se produzca de manera inminente. "La bola de cristal no la tengo. Esperamos que pronto. Muy pronto. Es urgente", afirmó.

Contexto sistémico de una isla en crisis terminal

Las declaraciones de Payá se producen en un escenario de descomposición acelerada del modelo estatal cubano. La economía de la isla acumula años de contracción, con una inflación que superó el 30% anual en 2024, salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica, apagones de hasta 20 horas diarias en provincias enteras y una dependencia creciente de las remesas para la supervivencia de millones de familias. El desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible se ha convertido en la norma, mientras la represión contra cualquier voz disidente se intensifica.

El éxodo migratorio ha alcanzado dimensiones históricas: más de 800.000 cubanos han llegado a Estados Unidos en los últimos tres años, un volumen comparable al del éxodo del Mariel en 1980 y la crisis de los balseros en 1994 combinados. La captación de talento joven se ha desplomado y el envejecimiento poblacional amenaza la viabilidad de los ya colapsados servicios de salud y educación, otrora instrumentos de propaganda del régimen. En este contexto, la exigencia de medidas contra los bienes de la cúpula castrista adquiere una dimensión de justicia patrimonial que trasciende lo simbólico.

Antecedentes de una trayectoria de disidencia

Rosa María Payá es hija de Oswaldo Payá Sardiñas, el líder del Movimiento Cristiano Liberación fallecido en un controvertido accidente de tránsito en 2012, cuando su vehículo se estrelló contra un árbol en la provincia de Granma. La familia Payá y numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que la muerte fue un asesinato político orquestado por agentes del Estado, señalando que el opositor era objeto de vigilancia permanente y que las circunstancias del siniestro nunca fueron esclarecidas de manera independiente.

La propia activista fundó Cuba Decide como plataforma para impulsar la participación ciudadana y el cambio democrático, y ha denunciado en repetidas ocasiones el acoso de las autoridades contra su familia, incluidos allanamientos, detenciones arbitrarias y campañas de descrédito en los medios oficiales. Su incorporación a la CIDH a principios de año le otorgó una tribuna internacional adicional para visibilizar la situación de los presos políticos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos en la isla.

La reciente salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela ha reconfigurado las alianzas tradicionales del castrismo en América Latina y ha reducido drásticamente los subsidios petroleros que sostenían la economía cubana. A esto se suma la reactivación de la política de máxima presión por parte de Washington, que ha incluido la restricción de visas a funcionarios cubanos, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y el endurecimiento de las sanciones contra sectores estratégicos. La confluencia de estos factores, sostienen analistas cercanos a la oposición, ha creado una ventana de oportunidad inédita desde la caída del bloque soviético.

Preguntada finalmente sobre sus aspiraciones personales, Payá respondió con cautela pero sin ambigüedad: "Me veo sirviendo a mi país en mi país y me veo haciéndolo muy pronto. Si mi nombre va a estar o no en esa papeleta electoral se decidirá en su debido momento". La declaración deja abierta la puerta a una eventual candidatura presidencial en un escenario post-castrista, una posibilidad que refleja tanto sus ambiciones políticas como la urgencia de preparar a la oposición para asumir responsabilidades de gobierno en caso de que se produzca la transición.

Para la ciudadanía cubana, las implicaciones del escenario descrito por Payá son profundas: la posibilidad de que el próximo gobierno español asuma una postura proactiva en la Unión Europea, sumada a la presión sostenida de Estados Unidos y al colapso de los aliados tradicionales del régimen, podría acelerar un desenlace que, de no producirse, profundizará la espiral de represión, miseria y éxodo que define la realidad cotidiana de la isla. La comunidad internacional, mientras tanto, observa con expectativa si el cambio político en Madrid se traducirá en una política exterior más comprometida con la libertad del pueblo cubano o si, como ha ocurrido en el pasado, los intereses económicos y la inercia diplomática volverán a imponerse sobre los principios democráticos.