Organizaciones independientes confirmaron el asesinato de una mujer de 38 años y su pareja actual en Granma, presuntamente a manos de su expareja, elevando la cifra de crímenes de género en lo que va de año. La víctima había denunciado previamente a su agresor, evidenciando la falla sistemática de las instituciones cubanas para proteger a las mujeres.
El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y el colectivo YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) detallaron que el doble homicidio ocurrió en la comunidad de Gua, Cienaguilla, en la provincia de Granma. Las víctimas fueron identificadas como Darmis Ismarai Figueredo Rodríguez, de 38 años, y su pareja, de 43. Según las organizaciones, el presunto autor del crimen es el expareja de la mujer, quien contaba con denuncias previas por parte de la afectada, lo que pone de relieve la ausencia de mecanismos preventivos por parte de la Policía y la impunidad que suele rodear a estos casos.
Este suceso se suma a una alarmante cadena de violencia en la isla. En apenas los primeros catorce días del año, ambas plataformas independientes han verificado dos feminicidios, un intento de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género. La cifra refleja un deterioro acelerado de la seguridad ciudadana y un agravamiento de la crisis de violencia machista que el régimen de La Habana se resiste a reconocer en su real dimensión.
Opacidad institucional y vacío legal
Desde 2019, el OGAT y YSTCC han documentado al menos 300 feminicidios en Cuba, asumiendo un rol que correspondería al Estado debido a la inexistencia de estadísticas oficiales sistemáticas y desagregadas. La dictadura cubana no solo omite la tipificación legal del feminicidio en su legislación, recurriendo a eufemismos institucionales como \»violencia de género extrema\», sino que mantiene un entorno hostil para quienes intentan visibilizar la crisis. La criminalización del activismo feminista y el acceso restringido a fuentes oficiales dificultan el trabajo de quienes buscan acompañar a las víctimas y exigen la creación de protocolos públicos y una ley integral contra la violencia de género.
La inacción del gobierno cubano frente a esta emergencia social deja a las mujeres en un estado de total desprotección, obligando a la ciudadanía a depender de redes de apoyo comunitario ante el vacío institucional. Mientras persista la negación oficial de la crisis de seguridad y la represión hacia la sociedad civil, y se siga priorizando el control político sobre la vida humana, la violencia machista continuará cobrando víctimas en la isla sin que medie una respuesta estatal efectiva, prevención ni rendición de cuentas.
