La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) convocó una vigilia en Miami para reclamar el encausamiento de Raúl Castro como autor intelectual del derribo de dos aviones civiles en 1996, un crimen que cobró la vida de cuatro tripulantes. La iniciativa ciudadana se suma a una reciente solicitud formal de un grupo de legisladores estadounidenses al Departamento de Justicia para imputar al exmandatario y evaluar la emisión de una alerta roja de Interpol en su contra.
La concentración, programada para las 7:00 p.m. en el Monumento del Memorial Cubano del Tamiami Park, busca mantener viva la exigencia de justicia por la muerte de Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales. Los cuatro voluntarios perdieron la vida el 24 de febrero de 1996 cuando sus aeronaves realizaban labores de búsqueda y asistencia humanitaria en aguas internacionales del Estrecho de la Florida. Según un comunicado de la ARC, pilotos de la Fuerza Aérea cubana ejecutaron la orden de Fidel y Raúl Castro para destruir las naves de manera premeditada.
Esta presión desde la sociedad civil se produce en paralelo a una acción legislativa en Washington. Cuatro miembros del Congreso de Estados Unidos, entre ellos los representantes cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, junto a Nicole Malliotakis, enviaron una misiva al presidente Donald Trump. En el documento, también dirigido a la fiscal general Pam Bondi, solicitan formalmente que el Departamento de Justicia considere acusar a Raúl Castro por el asesinato a sangre fría de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente.
Impunidad y violencia de Estado
El derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate no fue un incidente aislado, sino una demostración de la política de violencia estatal que ha sostenido la dictadura cubana durante décadas para silenciar la disidencia y blindarse contra el escrutinio internacional. La capacidad de actuar con impunidad en espacios fuera de su jurisdicción refleja el desprecio del régimen de La Habana por los derechos humanos y la vida misma, una dinámica que hoy se replica en el interior de la isla con el encarcelamiento arbitrario de cientos de manifestantes y la constante persecución contra la sociedad civil.
La articulación entre la diáspora y los legisladores estadounidenses busca romper el muro de proteccionismo que ha blindado a la cúpula del poder en Cuba. De avanzar el Departamento de Justicia en un procesamiento o en la emisión de notificaciones rojas, se sentaría un precedente crucial en la rendición de cuentas por crímenes de Estado. Para la ciudadanía cubana, esta eventualidad representaría un paso significativo hacia la justicia y un mensaje inequívoco de que los abusos del poder, sin importar el tiempo transcurrido, no deben quedar sin consecuencias.
