La muerte de Luis Fabián Rojas Rodríguez, un niño de 11 años residente en Campo Florido, municipio Habana del Este, tras 46 días de agonía en el Hospital Pediátrico Centro Habana, ha dejado al descubierto una alarmante cadena de errores médicos, omisiones y falta de transparencia dentro del sistema sanitario cubano. Sus padres, Mailyn Rodríguez Hechavarría y su esposo, acusan una total falta de interés por salvar la vida del menor y exigen respuestas ante una tragedia que consideran evitable.
El calvario de Luis Fabián comenzó el 20 de agosto, cuando fue llevado a una consulta médica por un fuerte dolor abdominal. Galenos recién graduados, sin la debida supervisión, diagnosticaron un cuadro viral compatible con el virus Oropouche y lo enviaron a casa con una dieta blanda, omitiendo la realización de análisis o exámenes clínicos profundos. En las horas posteriores, el cuadro del niño se agravó rápidamente, impidiéndole ingerir alimentos o agua. El 22 de agosto fue ingresado de urgencia en el Hospital Pediátrico, donde se confirmó que padecía una apendicitis que, debido a la demora, ya se había perforado. A pesar de la urgencia del cuadro, el menor no fue intervenido quirúrgicamente hasta doce horas después de su admisión.
Una postoperatoria plagada de omisiones y complicaciones
Tras la primera intervención, el niño presentó una aparente mejoría, pero pronto comenzaron las fiebres recurrentes, una señal inequívoca de una infección persistente, habitual en casos de apendicitis complicada. Sin embargo, el personal médico del hospital decidió trasladarlo de la terapia intensiva a una sala de cirugía ordinaria, sin realizarle los chequeos postoperatorios, estudios ni análisis de cultivo necesarios para combatir la infección. La madre del menor, quien permaneció al lado de su hijo de forma ininterrumpida, fue instruida por la doctora cirujana para que anotara las temperaturas en un papel y se las entregara a las enfermeras, en lugar de implementar un protocolo médico riguroso.
Ante la falta de respuesta al tratamiento con antibióticos, el 2 de septiembre el pequeño fue sometido a una segunda intervención quirúrgica. Los médicos esperaron once días desde la reaparición de las fiebres para volver a operarlo, una demora que, según su padre, fue determinante en el agravamiento de su estado. Para ese momento, Luis Fabián presentaba una sepsis generalizada. Durante la cirugía, se le extrajo líquido acumulado en el abdomen y se descubrieron hematomas internos derivados de la primera operación. A partir de ese instante, la salud del niño se desplomó vertiginosamente, sufriendo hipoglucemias, neumotórax, fallos renales y paros respiratorios.
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Iatrogenia, desabastecimiento y falta de transparencia
El proceso de intubación del menor resultó en una perforación esofágica, y posteriormente, durante la inserción de una sonda nasogárgica, le fue perforado un pulmón. Luis Fabián permaneció trece días conectado a un ventilador mecánico sin que se le practicara una traqueotomía, lo que derivó en un estado de desnutrición severa. La falta de recursos en el hospital llegó a tal extremo que, al no encontrar una cánula adecuada para el deteriorado estado físico del niño, el personal médico utilizó la tapa de un pomo de plástico para ajustarla, un hecho que la familia califica como una total falta de respeto y humanidad.
La familia también denunció que el menor fue atendido en múltiples ocasiones por estudiantes de enfermería y medicina sin la supervisión de especialistas, siendo ellos quienes administraban los medicamentos. Las sospechas de negligencia se deepenedieron cuando las enfermeras comenzaron a cargar las jeringas a espaldas de los familiares. La hermana del menor, Melissa Rojas, aseguró que encontraron jeringas cargadas con agua en lugar de antibióticos, lo que explicaría la imposibilidad de controlar la infección. Este hecho pone sobre la mesa el grave problema del robo de medicamentos de uso exclusivamente intrahospitalario que terminan en el mercado negro, una práctica generalizada en la isla debido a la profunda crisis económica.
La respuesta de las autoridades y el muro de impunidad
Ante la magnitud de las iatrogenias, la familia presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Las autoridades de la isla respondieron creando una comisión integrada por funcionarios del propio Hospital Pediátrico de Centro Habana, presidida por la Dra. Katherine Chivás Pérez, jefa del Departamento Materno Infantil. Sin embargo, en la reunión con los familiares, la comisión intentó justificar los hechos. La Dra. Milagros, una de las integrantes, basó sus argumentos exclusivamente en la historia clínica, un documento redactado por el propio personal médico al que los pacientes no tienen acceso y que, frecuentemente, es alterado para encubrir negligencias.
Aunque la Dra. Milagros reconoció que hubo «accidentes» durante los procedimientos invasivos y admitió que los niveles de eritrosedimentación del niño pasaron de 55 a 105 entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre —indicadores irrefutables de una infección severa—, insistió en que no hubo negligencia, sino una «falta de comunicación» con la familia. Para los padres, esta respuesta fue una burla. Firmaron su desacuerdo y elevaron la denuncia a la Comisión Médico-Penal, pero ocho meses después, el régimen de La Habana mantiene un silencio absoluto, demostrando una vez más la inexistencia de mecanismos legales efectivos para que los ciudadanos exigieran rendición de cuentas al Estado.
El colapso del sistema sanitario bajo el régimen de La Habana
El caso de Luis Fabián no es un hecho aislado, sino el reflejo de la decadencia estructural de la salud pública en Cuba, otrora ostentada por el gobierno cubano como el principal logro de su sistema. Décadas de subinversión, mala gestión y corrupción institucional han provocado el colapso de la infraestructura hospitalaria, caracterizado por salas insalubres, equipos obsoletos y un desabastecimiento crónico de medicamentos y material de curación. A esto se suma la masiva salida del país de médicos y especialistas debido a los bajos salarios y las precarias condiciones de vida, lo que ha dejado a los hospitales en manos de estudiantes y personal recién graduado carente de experiencia.
La desesperación económica ha incentivado el desvío de recursos médicos hacia el mercado negro, creando un sistema de salud de dos velocidades: aquellos que pueden pagar sobornos o conseguir medicamentos por vías ilícitas, y la gran mayoría de la población que queda a merced de la negligencia y el abandono. La dictadura cubana, al negarse a implementar reformas estructurales que permitan la transparencia y el control ciudadano sobre las instituciones, se convierte en la principal responsable de estas muertes evitables, al mantener un sistema donde la impunidad de los funcionarios y galenos prevalece sobre la vida humana.
Antecedentes de una crisis letal
La tragedia de Luis Fabián trae a la memoria el reciente caso de Geobel Damir Ortiz Ramírez, un niño de 10 años que falleció el pasado 5 de abril en Estados Unidos tras ser trasladado de urgencia desde Cuba. Damir fue mal diagnosticado en la isla con linfoma de Burkitt y sometido a sesiones de quimioterapia sin confirmación, cuando en realidad padecía neurofibromatosis tipo 1. Al llegar a Miami, los médicos no solo descubrieron el error oncológico, sino también infecciones bacterianas severas contraídas en los hospitales cubanos que nunca fueron detectadas ni tratadas en territorio nacional.
Al igual que Luis Fabián, la causa final de la muerte de Geobel Damir fue una sepsis fulminante que derivó en shock séptico. Estos dos casos, separados en el tiempo pero unidos por el mismo patrón de fallas diagnósticas, infecciones intrahospitalarias y falta de protocolos adecuados, evidencian una crisis sanitaria sistémica. La incapacidad del sistema de salud cubano para manejar infecciones comunes y su propensión a generar complicaciones iatrogénicas representan una violación sistemática del derecho a la salud y a la vida de la ciudadanía.
Consecuencias y la exigencia de reparación
Para la familia Rojas Rodríguez, las consecuencias son devastadoras e irreversibles. El padre del menor, que ya había perdido a otro hijo en un accidente hace más de dos décadas, ha tardado en reanudar sus labores agrícolas, ya que Luis Fabián era su constante compañero. «Me quitaron mi felicidad. No hubo ningún interés por salvar la vida de mi hijo», lamentó. Su hermana, con la voz quebrada, exige que el sistema responda por la pérdida de un niño que recibió 32 puntos en el abdomen en vano y cuya luz se apagó en medio de la mediocridad institucional.
La impunidad en estos casos no solo agrava el dolor de las víctimas, sino que envía un mensaje de indefensión al resto de la población cubana, que acude a los centros médicos con temor por su vida. Mientras la cúpula del poder en la isla mantenga su política de silencio y encubrimiento ante las deficiencias de su aparato sanitario, casos como el de Luis Fabián seguirán repitiéndose. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben prestar atención a estas violaciones encubiertas bajo el manto de la «salud pública gratuita», exigiendo al ejecutivo cubano transparencia, justicia y un cambio urgente en las políticas que están costando la vida a los más vulnerables.
