El fracaso del modelo: El gobierno cubano criminaliza la supervivencia mientras su sistema engendra el mercado negro
En una nueva y desesperada demostración de su hipocresía institucional, el gobierno cubano ha anunciado con gran fanfarria propagandística el desmantelamiento de una supuesta red de contrabando de bebidas y licores en Santiago de Cuba, procesando penalmente a 25 personas. Sin embargo, detrás de este supuesto triunfo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se esconde la cruda realidad de un sistema económico fracasado, donde la escasez crónica, la inflación galopante y el control estatal absoluto empujan a los ciudadanos a sobrevivir a través del mercado negro. Lo que las autoridades presentan como un golpe contra la corrupción, no es más que la consecuencia directa y natural de la miseria que genera el modelo socialista de isla.
El caso en cuestión involucra a la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y otros Bienes de Consumo del municipio de Contramaestre, donde seis trabajadores y otros ciudadanos supuestamente desviaron una gran cantidad de mercancía de un almacén estatal. Según el aburrido guion leído en el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, los implicados comercializaban de forma ilícita en el mercado informal utilizando facturas manuales y órdenes de despacho a personas no autorizadas, falsificando firmas y violando la resolución 60. La dictadura utiliza estos tecnicismos burocráticos para enmascarar el hecho innegable: el aparato estatal es tan ineficiente y opaco que el propio personal encuentra en el desvío de recursos la única forma de compensar sus salarios de hambre.
Durante los operativos represivos, las fuerzas de la PNR ocuparon dos vehículos particulares, 112 cajas de cerveza importada, 270 pomos de refresco Ciego Montero y 3.660 recipientes de ron sellados. Es una ironía macabra que, mientras el pueblo llano hace colas interminables bajo el sol para conseguir agua o alimentos básicos, los almacenes de la nomenclatura o de las empresas estatales rebosan de licores y cervezas importadas. El gobierno cubano mantiene un monopolio absoluto sobre la importación y distribución de estos productos, creando una escasez artificial que fertiliza el terreno para el contrabando. Si el ciudadano de a pie tuviera acceso libre y legal a estos mercados, el delito no existiría, pero la censura comercial es el pilar del control dictatorial.
El contexto sistémico: El monopolio estatal como fábrica de delincuencia
Para entender lo sucedido en Contramaestre, es imprescindible analizar el contexto sistémico que la dictadura se esfuerza por ocultar. Cuba no sufre de una escasez de recursos, sino de una escasez de libertad económica. La centralización planificada obliga a que toda la riqueza pase por las manos ineficientes y corruptas del Estado. Cuando una empresa mayorista acapara productos que la población demanda desesperadamente, se genera un desequilibrio inevitable. Los trabajadores de estas entidades, ganando salarios que no alcanzan para cubrir ni el 10% de la canasta básica familiar, se ven ante la disyuntiva moral de robar al Estado o morir de hambre. El sistema mismo empuja a la ilegalidad.
El gobierno cubano, ciego y sordo ante el fracaso de su modelo, responde a estos síntomas con represión policial en lugar de reformas estructurales. La funcionaria provincial que compareció ante las cámaras estatales para detallar el «modus operandi» de los acusados, representa a la perfección la burocracia parasitaria que exige cumplimiento de resoluciones absurdas mientras el país se hunde. Hablan de violar la «resolución 60» como si fuera un delito de lesa humanidad, ignorando que el mayor violador de la economía nacional es el propio Ministerio de Economía y Planificación, incapaz de asegurar la distribución mínima de alimentos al pueblo.
Es revelador que parte de la mercancía sustraída se desmontara en un punto de la Empresa Viales, en el reparto 30 de Noviembre de Santiago de Cuba. Esto demuestra que el desvío de recursos no es un hecho aislado de unos cuantos delincuentes, sino una práctica extendida que involucra a múltiples entidades estatales. El «sociolismo» no es una patología social nacida del vacío; es el mecanismo de supervivencia que la dictadura ha obligado a desarrollar a los cubanos durante más de seis décadas. Si no tienes «contactos» dentro de las empresas estatales, no puedes acceder a bienes fundamentales. La red de contrabando descubierta es, en esencia, una red de distribución paralela nacida de las cenizas del comercio estatal.
Antecedentes: La impunidad de arriba y el rigor contra abajo
Los antecedentes de este tipo de operativos en Cuba son abundantes y siempre siguen el mismo patrón cínico. La dictadura realiza redadas espectaculares contra pequeños contrabandistas o trabajadores de base que sustraen mercancía, presentándolos ante la opinión pública como los grandes culpables de la crisis económica. Mientras tanto, la alta cúpula militar que controla corporaciones como GAESA importa bienes de lujo, administra tiendas en MLC y opera con total opacidad, saqueando las arcas nacionales sin rendir cuentas. Es la clásica estrategia de golpear al eslabón más débil de la cadena para desviar la atención de los verdaderos malversadores de la nación, que viven en mansiones de Miramar o Siboney.
El mayor del Ministerio del Interior (MININT) a cargo del caso se jactó de haber recuperado 128.000 pesos en moneda nacional (CUP). En el actual contexto de hiperinflación que sufre la isla, esa cantidad es prácticamente irrisoria, un mero cambio de bolsillo que ni siquiera cubre las pérdidas declaradas por la empresa. Sin embargo, para el gobierno cubano, estos montos sirven para montar un circo mediático. Las autoridades señalan que el contrabando causó pérdidas por más de 2.004.495 CUP a la entidad mayorista. Culpar a 25 personas de la bancarrota de una empresa estatal es una burla; estas empresas pierden dinero diariamente por su ineficiencia gerencial, por la falta de insumos, por el robo sistemático que el propio sistema fomenta y por la incapacidad del Estado para gestionar la economía.
Actualmente, los 25 implicados se encuentran en prisión provisional, acusados de los delitos de malversación y receptación. La dictadura los ha arrojado a las mazmorras del sistema penitenciario cubano, conocido por su hacinamiento, insalubridad y tratos degradantes. Mientras asesinos y violadores a veces campan a sus anchas debido a la crisis del sistema judicial, los ciudadanos que intentan suplir las deficiencias del mercado estatal son tratados como enemigos de la seguridad del Estado. El gobierno cubano criminaliza la necesidad, enviando un mensaje claro y amenazante a cualquier trabajador que ose tomar una botella de ron o una caja de cerveza para intentar alimentar a su familia en un país donde el salario real ha colapsado.
El cierre: Una victoria pírrica contra el espejismo
El Noticiero de la Televisión Cubana, fiel vocero de la propaganda oficialista, informó que parte de la mercancía ocupada fue depositada en los centros de comercio del municipio de Contramaestre, y que el dinero recuperado se entregó a una sucursal del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Santiago de Cuba. Este supuesto acto de justicia y restitución es, en la práctica, devolver los productos a un sistema de distribución que volverá a fracasar. Esas cervezas y esos rones volverán a estantes desabastecidos, a precios inalcanzables en MLC o a ser nuevamente desviados por otro funcionario corrupto en cuanto las cámaras de la televisión estatal apaguen sus focos.
La verdadera tragedia de Cuba no es el contrabando de licores en Santiago de Cuba, sino la dictadura que obliga a sus ciudadanos a vivir al margen de la ley para poder existir. El gobierno cubano puede jactarse de haber apresado a 25 personas, pero no puede ocultar que su modelo económico es un fraude monumental que ha empobrecido a una nación entera. Mientras no se desmantele el monopolio estatal, mientras no se devuelva la libertad económica a los cubanos y mientras la represión siga siendo la única respuesta del régimen ante la crisis, el mercado negro seguirá siendo la verdadera economía de la isla. Estos operativos policiales no son soluciones, son simples vendajes sobre un cuerpo económico que se desangra por las heridas infligidas por más de seis décadas de socialismo fracasado.
