La madre de Antonio Rassi Roque, un joven de 18 años fallecido mientras cumplía el Servicio Militar Activo (SMA) en la unidad El Calvario de La Habana, ha denunciado la opacidad del gobierno cubano en la investigación de la muerte de su hijo. En una carta pública, la mujer exige una reunión con los mandos militares responsables y rechaza la versión oficial que señala que el joven se quitó la vida, argumentando que su deceso fue «la reacción a una acción provocada» dentro del cuartel.
El caso, que salió a la luz pública a través del periodista Mario J. Pentón, revela un patrón de abandono institucional y falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades de la isla. Según relata la madre, ella intentó acceder a la unidad militar los días 15 y 24 de septiembre para obtener respuestas sobre la tragedia, pero fue ignorada por la oficialidad. Solo logró ser recibida el 30 de septiembre, después de amenazar con no abandonar las instalaciones del recinto militar hasta ser escuchada.
A pesar de que los funcionarios que la atendieron aseguraron que el caso «se maneja con total transparencia», la mujer cuestionó severamente la ausencia del jefe de la unidad y del oficial político a cargo de su hijo durante la reunión. La madre señala graves inconsistencias en el cuidado del recluta, interrogando a los mandos sobre cómo permitieron que el joven mostrara un evidente estado depresivo, falta de aseo y portara un único uniformo sucio sin tomar medidas preventivas ni notificar a su familia sobre su degradado estado de salud.
La sombra de la versión oficial sobre la muerte de Antonio Rassi
El testimonio de la madre arroja dudas significativas sobre la línea de tiempo de los hechos ocurridos el 18 de agosto. Rassi Roque llamó a su madre a las 8:55 de la mañana para informarle que entraba a cumplir su turno de guardia. Sin embargo, la notificación de su fallecimiento se produjo a las 2:45 de la tarde. «¿Qué ocurrió desde esa llamada hasta que me informaron su muerte? Ellos, tanto como yo, sabemos que algo ocurrió», manifestó la mujer, quien rechaza de plano la categorización de la muerte como «por decisión propia».
Estos cuestionamientos coinciden con los testimonios de otros familiares de reclutas. El padre de un joven que compartía unidad con Rassi confirmó previamente a medios independientes que al joven se le había visto un fuerte deterioro en su salud mental en sus últimos días. «La última semana Antonio no se bañaba. Le requerían pero andaba mal oliente. Era notable que se estaba descomponiendo su salud mental», detalló la fuente, quien lamentó que se le haya entregado un arma de fuego a un adolescente que no estaba apto ni había sido sometido a una evaluación psicológica rigurosa.
La madre también denunció que, según criterios de otros soldados, su hijo «no podía controlar el sueño», un síntoma que evidencia un posible agotamiento extremo o alteración psiquiátrica no atendido por los superiores. La entrega de armamento a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad mental es una práctica que ha sido señalada reiteradamente por defensores de derechos humanos como una negligencia grave del Estado cubano.
Una crisis silenciada en los cuarteles cubanos
La muerte de Antonio Rassi Roque no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una alarmante tendencia de fallecimientos dentro de las filas del Servicio Militar Obligatorio (SMO). Según la documentación del Centro de Información Legal Cubalex, con este fallecimiento suman al menos 15 jóvenes muertos en lo que va de 2025 durante el cumplimiento del servicio militar. Los reportes abarcan una serie de tragedias evitables, incluyendo accidentes en el Cuerpo de Prevención, negligencias médicas, disparos accidentales y autolesiones.
Frente a esta situación, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) mantiene un hermético silencio. La dictadura cubana ha optado por la censura y la invisibilización sistemática de estos casos, negando información a las familias y evitando cualquier escrutinio público sobre las condiciones en las que los adolescentes son reclutados. Esta omisión ha avivado el rechazo social hacia un sistema que, bajo el amparo de la obligatoriedad, expone a los jóvenes a un entorno de riesgos, abusos y negligencia institucional.
Contexto: El Servicio Militar y la crisis estructural de la isla
El colapso de las condiciones en el Servicio Militar Obligatorio en Cuba es un reflejo directo de la profunda crisis estructural que atraviesa el país. Las Fuerzas Armadas, otrora consideradas un pilar intocable del sistema, hoy operan con severas limitaciones logísticas. Los cuarteles carecen de condiciones mínimas de habitabilidad, alimentación adecuada y atención médica, lo que agrava la vulnerabilidad de los reclutas. En un país sumido en la hiperinflación y el desabastecimiento crónico, enviar a un joven al servicio militar equivale, para muchas familias, a exponerlo a la desnutrición y el abandono.
Históricamente, el régimen de La Habana ha utilizado el SMO como una herramienta de control social y adoctrinamiento. Sin embargo, en los últimos años, la falta de voluntad de los jóvenes a incorporarse a las filas ha sido evidente, motivada por el éxodo migratorio masivo y el rechazo generalizado a las instituciones estatales. Casos de reclutas que han fallecido por inanición o por accidentes con armas de fuego por falta de supervisión han salido a la luz gracias a la prensa independiente, desmintiendo la narrativa oficial de un ejército disciplinado y protector.
La falta de transparencia militar ocurre en un contexto donde la represión estatal y la falta de libertades cívicas son la norma. Los militares que deberían velar por la seguridad nacional se han convertido en rehenes de la misma ineficiencia burocrática que asfixia al país, mientras que los reclutas, en su mayoría provenientes de familias humildes que no pueden pagar las exenciones, soportan el peso de un sistema caduco y violento.
Implicaciones y exigencia de justicia
Amparándose en la Constitución vigente, la madre de Antonio Rassi Roque demanda una reunión formal con el jefe de la unidad, el oficial político, el jefe de pelotón y el oficial a cargo de la guardia el día de la tragedia. Esta exigencia de justicia se suma a los reclamos de organizaciones de la sociedad civil y activistas que impulsan campañas para derogar el carácter obligatorio del servicio militar en Cuba, proponiendo en su lugar un modelo profesional y voluntario.
La persistente negativa del ejecutivo cubano para esclarecer las muertes en los cuarteles no solo constituye una grave violación de los derechos humanos, sino que profundiza la fractura de confianza entre la ciudadanía y el Estado. Mientras el silencio oficial proteja la impunidad de los mandos militares, familias como la de Rassi Roque continuarán enfrentando un muro de opacidad. La comunidad internacional y los organismos defensores de derechos humanos mantienen la mirada puesta en la isla, exigiendo que el régimen asuma la responsabilidad de garantizar la vida e integridad de los jóvenes bajo su custodia, un deber elemental que hoy permanece incumplido.
