Un grupo de profesionales de la salud cubana desplegados en Angola anunció su intención de emprender acciones legales contra la Corporación Antex, empresa perteneciente al conglomerado militar GAESA, por el incumplimiento de sus contratos y la retención arbitraria de sus salarios en dólares. La protesta, que ha generado reuniones tensas en Luanda, evidencia la fractura entre el Estado y uno de sus principales generadores de divisas, en medio de una profunda crisis económica en la isla.
Los galenos, quienes cumplieron misiones de colaboración médica en territorio angolano, enviaron una misiva al mandatario Miguel Díaz-Canel para denunciar que la remuneración pactada no se ha cumplido. Los contratos estipulan de manera explícita que el pago debía efectuarse en dólares estadounidenses, moneda con la que el gobierno angolano cancela los servicios a la corporación cubana Antex. Además, se acordó la apertura de cuentas en divisas en el sistema bancario nacional para acreditar directamente los fondos de los trabajadores a su regreso.
Sin embargo, al intentar acceder a sus ahorros a través del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Cuba, los médicos se han topado con la negativa de la institución bancaria, que alega una profunda «falta de liquidez». En la práctica, las autoridades de la isla han bloqueado los fondos en tarjetas en divisas, conocidas como Clásica, de uso sumamente restringido y carentes de valor fuera del ecosistema comercial impuesto por el Estado. Esta situación contrasta de manera flagrante con el mercado interno, donde proliferan establecimientos comerciales que exigen el pago en dólares en efectivo para la adquisición de bienes básicos.
El descontento alcanzó su punto álgido durante una reunión sostenida en Luanda con oficiales de la misión para abordar las inconformidades. Ante las quejas, el coordinador del encuentro recurrió a la retórica oficial y culpó al embargo estadounidense, así como a supuestas dificultades logísticas, por la imposibilidad de transferir el dinero líquido a la isla. Un especialista presente en la reunión, bajo condición de anonimato, rechazó el argumento y denunció la estafa: «¿Por qué mandas el dinero a Cuba si no me lo puedes dar? Me estás robando, así que voy a demandar a Antex».
La exigencia de los profesionales se centra en dos puntos fundamentales: el pago en efectivo en dólares para los especialistas que culminaron exitosamente su misión, y que las tarjetas en USD tengan plena validez en todo el territorio nacional, en igualdad de condiciones con el dólar físico. Los médicos consideran que la imposición de la tarjeta Clásica es una artimaña del gobierno cubano para obligarlos a gastar sus divisas en alimentos, electrodomésticos y el escaso inventario de las tiendas dolarizadas, negándoles la posibilidad de utilizar su dinero para la compra de inmuebles u otras inversiones que estimen convenientes para el desarrollo de sus familias.
El costo emocional y físico de estas misiones es un factor central en la indignación de los galenos. En sus comunicaciones, han recordado los sacrificios personales que implica su labor, exponiéndose a enfermedades endémicas como la malaria, la criminalidad en zonas apartadas e incluso el riesgo de muerte. «Hemos perdido familiares, nacimientos de hijos, enfermedades. Son momentos que no vamos a recuperar», resaltó una de las doctoras, subrayando la falta de justicia y sensibilidad ante un personal que arriesga su vida para contribuir a la economía nacional.
Los datos económicos revelan la magnitud del negocio que rodea a estas cooperaciones. Según informes de medios independientes, la corporación Antex recibió entre 2013 y 2017 más de 1.000 millones de dólares provenientes de Angola por concepto de servicios médicos. Antex, brazo comercial del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), ya ha sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que añade un capítulo de escrutinio internacional a la actual disputa laboral y financiera.
Un sistema de explotación y control sistemático
Para la directora del Centro de Información Legal Cubalex, Laritza Diversent, la situación que enfrentan estos colaboradores encaja plenamente en la definición de esclavitud moderna según los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el derecho internacional. La jurista explica que la vulnerabilidad extrema del personal médico es explotada de forma deliberada por la dictadura cubana. «Cuando amenazas a alguien con regresarlo a un lugar donde hay 72 horas de apagón, donde la gente no tiene comida, ahí ya estás abusando y utilizando tu poder», señaló Diversent en declaraciones recientes.
El control sobre los médicos en el exterior es férreo y asfixiante. Diversent detalla que los colaboradores están sometidos a un toque de queda no escrito después de las 6:00 p.m., con pases de lista telefónicos desde el centro de operaciones de la misión. Las sanciones por indisciplina incluyen amonestaciones públicas y deducciones del 10% del salario. Además, se les obliga a participar en actos de propaganda política y a delatar a colegas que intentan desertar, configurando un esquema de trabajo forzoso que beneficia políticamente al régimen de La Habana en el extranjero.
Contexto sistémico de la crisis económica cubana
El conflicto con los médicos en Angola no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del colapso estructural de la economía cubana. La isla atraviesa una crisis sin precedentes marcada por una inflación galopante, un desabastecimiento crónico de productos básicos, apagones prolongados y una severa escasez de liquidez en divisas. El fracaso del llamado «Ordenamiento Monetario» en 2021 sumergió al país en una profunda recesión, forzando al ejecutivo cubano a recurrir a una dolarización asimétrica de la economía para captar divisas frescas, creando tiendas en moneda libremente convertible mientras restringe el acceso al efectivo para la población general.
En este panorama de quiebra financiera, las misiones médicas internacionales se han convertido en una de las principales fuentes de oxígena para el Estado. El gobierno cubano retiene la mayor parte de los fondos pagados por los países receptores y entrega solo una fracción al profesional. La actual retención de los salarios en dólares evidencia la asfixia fiscal del sistema, que prioriza el pago de la deuda externa y el sostenimiento de la cúpula militar y burocrática por encima del bienestar de los profesionales que generan esos ingresos. La incapacidad de honrar los contratos laborales revela el grado de insolvencia del sistema bancario nacional.
Antecedentes y consecuencias a futuro
Históricamente, la exportación de servicios profesionales, particularmente la medicina, ha sido el principal renglón exportador de Cuba, superando incluso a la industria turística y la extracción de níquel. No obstante, en los últimos años, múltiples cooperaciones han sido suspendidas o renegociadas debido a denuncias internacionales de violaciones de derechos laborales, como ocurrió en Brasil con el programa «Más Médicos» tras la victoria de Jair Bolsonaro. La actual demanda contra Antex amenaza con exponer nuevamente las entrañas de un sistema que mercantiliza la salud y explota a su capital humano en condiciones de vulnerabilidad.
La decisión de los médicos de buscar representación legal y demandar a una empresa militar sancionada internacionalmente marca un precedente peligroso para las autoridades de la isla. Si la acción judicial prospera o gana tracción en foros internacionales y organismos como la OIT, podría desencadenar un éxodo masivo de profesionales que rehúsen a participar en nuevas misiones, agravando aún más el colapso del sistema de salud nacional y reduciendo drásticamente los ingresos en divisas de la dictadura. La respuesta del régimen a esta exigencia determinará no solo el futuro de la cooperación médica cubana, sino la estabilidad de uno de sus pilares económicos más preciados, en medio del creciente rechazo social y la presión internacional.
