Un nuevo y fatal siniestro vial en la provincia de Pinar del Río ha dejado un saldo de cuatro personas fallecidas y tres lesionadas, tras impactar un vehículo de carga contra un grupo de ciudadanos que se encontraban en la acera de una vivienda. El suceso, que conmocionó a la localidad de Luis Lazo, se suma a una alarmante tendencia de letalidad en las carreteras de la isla, donde el deterioro de la infraestructura y el colapso del transporte público evidencian la negligencia estructural del régimen de La Habana.
El accidente ocurrió en el kilómetro dos de la carretera de Luis Lazo, alrededor de las 9:15 de la noche. Según informaciones de medios locales, el conductor de una rastra perdió el control de la pesada maquinaria en la vía y terminó embistiendo contra las personas que se encontraban frente a una vivienda, transformando un espacio cotidiano en una escena de tragedia irremediable.
Entre las víctimas mortales figuran Aliomar A. Sotolongo Alcina, de 21 años; Anairis Sánchez Blanco, de 24 años, quien se encontraba en estado de gestación; Deisy Javier Pérez, de 53 años; y la pequeña Miliany Pérez Javier, de apenas 9 años de edad. La pérdida de una joven embarazada y una niña ha profundizado el dolor de los habitantes de la comunidad pinareña, quienes se enfrentan una vez más a la vulnerabilidad de sus calles.
La doctora Sandra Ramírez Guzmán, directora general de Salud Pública en la provincia, confirmó que los tres lesionados reciben atención médica en el hospital Abel Santamaría Cuadrado y en el hospital pediátrico Pepe Portilla. En este último centro es atendida Marlenis Martínez Blanco, de 10 años, quien se encuentra reportada en estado grave. De los otros dos accidentados, uno fue intervenido quirúrgicamente y se mantiene en condición crítica, mientras que el tercero está bajo cuidados sin peligros para su vida.
Estadísticas oficiales que reflejan el colapso vial en la isla
La letalidad de los accidentes de tránsito en Cuba ha alcanzado niveles tales que incluso las propias autoridades de la isla se han visto obligadas a reconocer la magnitud del problema. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó a mediados de mayo pasado que el número de muertes por siniestros viales aumentó un 18% durante el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Los datos ofrecidos por el titular son elocuentes: entre enero y marzo de este año se reportaron 173 fallecidos, 27 más que en igual lapso de 2024, cuando se contabilizaron 146. Paradójicamente, el número total de accidentes disminuyó de 1.882 a 1.738, y la cifra de lesionados también descendió a 1.514 personas, 87 menos que en el primer trimestre del año pasado. Esta disonancia estadística —menos accidentes pero más muertes— sugiere que las condiciones en las que ocurren los siniestros son cada vez más violentas, un reflejo directo del estado calamitoso de los vehículos y las vías.
Rodríguez Dávila admitió que las estadísticas muestran una reducción en los siniestros y los lesionados, pero reconoció que «preocupa el aumento de víctimas mortales, especialmente en el mes de marzo, cuando el repunte fue más acentuado». Además, destacó disparidades regionales notables: mientras en el occidente las cifras descendieron, en provincias centrales y orientales como Villa Clara, Cienfuegos, Granma, Sancti Spíritus y Las Tunas se registraron incrementos. En cuanto a fallecidos, La Habana, Ciego de Ávila y Camagüey encabezan la lista de provincias más afectadas. Durante todo 2024, la Comisión Nacional de Seguridad Vial contabilizó 7.507 accidentes, un 12% menos que en 2023.
La coartada del «factor humano» frente a la negligencia del Estado
Ante estos alarmantes indicadores, el gobierno cubano continúa atribuyendo la mayoría de los siniestros al llamado «factor humano», una explicación cómoda que evita profundizar en las verdaderas causas estructurales del desastre. Al culpar casi exclusivamente a la supuesta imprudencia de los conductores, el ejecutivo cubano esquiva su responsabilidad directa en el deterioro del estado vial, la escasa o nula señalización, y la profunda crisis del transporte público que obliga a millones de ciudadanos a recurrir a medios de transporte inseguros.
El caso de la rastra en Pinar del Río no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un sistema colapsado. Las carreteras cubanas están plagadas de baches, carecen de iluminación adecuada y sus señales de tránsito son casi inexistentes o ilegibles debido al abandono. A esto se suma el envejecido parque vehicular del país. La mayoría de los camiones y trailers que circulan por las vías nacionales son máquinas reparadas de manera precaria, carentes de piezas originales y con sistemas de frenado deficientes, lo que las convierte en armas de destrucción masiva ante el menor error o fallo mecánico.
La crisis económica que atraviesa la isla ha empeorado dramáticamente esta situación. Con un transporte estatal prácticamente inexistente, la población se ha visto forzada a depender de alternativas privadas que operan al margen de cualquier control de seguridad real. Los conocidos «camiones jaula», vehículos de carga adaptados para transportar pasajeros, y el transporte animal, se han multiplicado en las carreteras nacionales. La ciudadanía, desesperada por movilizarse para acudir a sus trabajos o buscar alimentos, asume riesgos mortales diarios ante la imposibilidad de exigir al régimen soluciones dignas y seguras.
La dictadura cubana ha demostrado una y otra vez su incapacidad para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Mientras destina cuantiosos recursos al aparato represivo, al turismo de enclave y a proyectos faraónicos sin viabilidad, las infraestructuras básicas del país se desmoronan. El abandono de la red vial y la falta de control sobre el transporte de carga pesada son expresiones claras de la falta de control democrático y de la desidia institucional que caracteriza al poder en La Habana.
Las consecuencias de esta tragedia en Pinar del Río se suman al inmenso dolor de un país que ve cómo sus ciudadanos mueren no solo por la represión política o la falta de medicinas, sino también por la negligencia en la gestión pública. El aumento de la mortalidad en las carreteras es un termómetro más del fracaso del modelo impuesto. Mientras la comunidad internacional observa la crisis cubana, es imperativo comprender que el colapso estructural de la isla se cobra vidas a diario en las calles, y que la exigencia de un cambio de sistema no es solo una demanda política, sino una urgencia humanitaria para evitar que más familias lloren a sus muertos en accidentes que podrían haberse prevenido con un Estado funcional y responsable.
