Carlos Alberto Montoya Palomino, quien a sus 20 años servía como oficial del Ministerio del Interior (MININT), ha relatado cómo su decisión de acercarse a la religión en 1994 desencadenó una persecución ininterrumpida por parte del Estado. Desde su expulsión deshonrosa de las fuerzas del orden hasta el hostigamiento sistemático contra su familia, su caso ilustra el método de la dictadura cubana para aniquilar cualquier atisbo de disidencia ideológica o espiritual, dejándolo con secuelas psicológicas profundas y en constante temor por su vida.
El origen de la represión contra Montoya Palomino se remonta a meses antes del estallido social conocido como el Maleconazo, ocurrido el 5 de agosto de 1994. En aquel entonces, el joven oficial informó a sus superiores que había comenzado a asistir a una iglesia evangélica y deseaba profundizar su espiritualidad. Aquella confesión, considerada una herejía en el seno de una institución militarizada y atea de facto, desató de inmediato un torrente de represalias. La respuesta institucional no se hizo esperar: fue objeto de burlas, amenazas constantes y expulsado de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, mientras se gestaba su baja deshonrosa de la Policía.
La situación se agravó drásticamente tras las protestas del Maleconazo. A pesar de no haber participado en los disturbios y de haber sido ya notificado de su separación del MININT, la Contrainteligencia Militar lo detuvo. Durante varios días, Montoya Palomino fue trasladado por diferentes instalaciones bajo la amenaza de un procesamiento penal que nunca se concretó. Finalmente, las autoridades de la isla optaron por someterlo a lo que él describe como un «juicio de honor», una maniobra disciplinaria y política más que un proceso judicial con garantías legales.
En aquella reunión, oficiales de su mismo rango y superiores reconocieron su excelente expediente profesional y su valor demostrado en el servicio. Sin embargo, el debate no giró en torno a su desempeño, sino a su nueva fe. El capitán político de la unidad expuso ante los presentes el «problema»: Montoya se había convertido en cristiano pentecostal. A partir de ese momento, el tono se volvió hostil y sus compañeros comenzaron a plantearle dilemas hipotéticos para cuestionar su idoneidad como agente de la ley, utilizando los mandamientos bíblicos como arma de acoso.
El expolicía recuerda cómo le interrogaron sobre qué haría si sorprendiera a un cristiano robando una bodega, o si sería capaz de disparar para proteger a un compañero en un operativo, citando el mandamiento «No matarás». Debido a su juventud y al escaso bagaje teológico que tenía en ese momento, Montoya no logró articular respuestas teológicas complejas, lo que fue aprovechado por sus superiores para justificar su purga definitiva del aparato represivo del Estado.
La salida del MININT no significó el fin del calvario, sino el inicio de una nueva fase de asfixia económica. El régimen de La Habana desplegó a agentes de la Seguridad del Estado para asegurar que Montoya no pudiera sostener a su familia. Cada vez que conseguía un empleo, los agentes visitaban el centro de trabajo y lograban su despido inmediato. Esta persecución laboral se prolongó durante décadas e incluyó medidas punitivas como una multa de aproximadamente 48.000 pesos, impuesta con el evidente objetivo de obligarlo a entregar la licencia de su negocio privado y empujarlo a la indigencia.
Cuando formó su familia a partir de 1999, la dictadura extendió la represión a su esposa y a sus hijos. Criados en un entorno de fe y con convicciones contrarias al oficialismo, los menores se negaron a saludar la bandera y a entonar el Himno de Bayamo en sus escuelas. La respuesta del sistema educativo, fiel a la doctrina estatal, fue la suspensión y la humillación pública. Montoya denuncia que en una ocasión una maestra intentó levantar por la fuerza el brazo de su hijo Yohanan para obligarlo a realizar el saludo, un acto que evidencia la intolerancia del aparato educativo cubano hacia cualquier manifestación de libre pensamiento.
Actualmente, Carlos Alberto Montoya Palomino se desempeña como *moreh* —término hebreo que designa a un maestro o instructor— de la Comunidad Noájida de Cuba. El noajismo, o movimiento Bnei Noach, es una corriente monoteísta dirigida a personas no judías que observan las Siete Leyes de Noé, consideradas universales en la tradición judía. Estos preceptos prohíben la idolatría, la blasfemia, el asesinato, el robo y las relaciones sexuales ilícitas, entre otros, y exigen el establecimiento de sistemas de justicia. Desde esta posición, Montoya no siente vergüenza por su pasado policial; al contrario, afirma que esa experiencia le permite contrastar la doctrina represiva que le enseñaron con los principios universales de los derechos humanos.
El impacto psicológico de la represión constante
Tres décadas de hostigamiento han dejado una huella imborrable en la salud mental del expolicía. Montoya confiesa padecer insomnio crónico y vivir en un estado permanente de alerta, consumido por la idea de ser arrestado en cualquier momento. El miedo se ha trasladado a su núcleo familiar: sus hijos lo llaman constantemente para verificar que está a salvo, y su esposa se comunica con él cada pocos minutos cuando sale a trabajar, ante el terror de que sea secuestrado o desaparezca en las mazmorras del régimen.
La paranoia y el trauma lo llevaron incluso a portar una cadena para defenderse de posibles agresiones por parte de policías o agentes vestidos de civil. Montoya admite luchar contra pensamientos violentos derivados de la angustia de imaginar una nueva agresión física. «Si me atacan en la calle, si me mandan a un esbirro vestido de civil para golpearme, pienso qué haría, si lo mato. Es un daño psicológico muy malo», relata, concluyendo que tanto él como su familia están «dañados psicológicamente» por la maquinaria de asedio político.
Contexto sistemico: La criminalización de la fe y la disidencia
El caso de Montoya Palomino no es un hecho aislado, sino un síntoma de la crisis estructural de libertades que padece la isla desde hace más de seis décadas. La dictadura cubana ha mantenido históricamente una política de control absoluto sobre la sociedad, donde cualquier ideología ajena al marxismo-leninismo —ya sea religiosa, política o cultural— es percibida como una amenaza existencial al poder. Durante los años 90, en plena crisis del Período Especial tras la caída de la Unión Soviética, el Estado reforzó su maquinaria represiva para evitar el colapso del régimen, utilizando a los organismos de inteligencia para purgar a cualquier elemento «ideológicamente impuro» dentro de sus propias filas.
El uso del desempleo forzado y la marginalidad económica como armas de castigo es una táctica recurrente del gobierno cubano contra los opositores y activistas. Al negar el acceso al trabajo estatal —el único disponible durante gran parte de la historia reciente del país— y sabotear los emprendimientos privados mediante multas arbitrarias y decomisos, el ejecutivo cubano busca doblegar la voluntad de los disidentes mediante el hambre y la desesperación. Esta política se acentúa en el contexto actual de hiperinflación, desabastecimiento crónico y colapso de los servicios básicos, donde sobrevivir sin ingresos estables es un desafío titánico que empuja a cientos de miles de cubanos al exilio migratorio.
Además, la persecución a los hijos de los disidentes en las escuelas demuestra cómo el régimen utiliza la educación como herramienta de adoctrinamiento y represión generacional. Obligar a los niños a participar en rituales políticos en contra de las convicciones de sus familias es una violación flagrante de los derechos del niño y de la libertad de conciencia. Esta política de terror psicológico busca fracturar el núcleo familiar y disuadir a los padres de transmitir sus valores a las nuevas generaciones, garantizando así la continuidad del modelo totalitario.
El testimonio de Carlos Alberto Montoya Palomino resuena como una denuncia contundente frente a la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Su historia evidencia que, más allá de las reformas cosméticas o las aperturas económicas limitadas que el régimen de La Habana pueda instrumentar, el núcleo de su poder sigue sustentado en la represión, la vigilancia y el daño psicológico sistemático contra la ciudadanía. Mientras la impunidad permita que un expolicía siga temiendo por su vida tres décadas después de declararse hombre de fe, la promesa de una Cuba libre y democrática permanecerá secuestrada por el miedo.
