Una familia completa, integrada por la pequeña Alejandra Cotilla de siete años y sus padres, perdió la vida tras el colapso de un edificio multifamiliar en la calle Monte 722, entre Rastro y Carmen, en el municipio de La Habana Vieja. Aunque las autoridades de la isla han mantenido un hermético silencio oficial sobre las víctimas, el Centro Loyola Reina confirmó el deceso de los tres integrantes de su comunidad educativa, evidenciando una vez más la profunda crisis de la infraestructura habitacional cubana y la desidia institucional.
La tragedia, ocurrida en la madrugada del pasado 12 de julio, fue confirmada a través de un comunicado de condolencias emitido por el Centro Loyola Reina, una obra socioeducativa de la Compañía de Jesús en Centro Habana. La institución lamentó profundamente la pérdida de Alejandra, a quien describieron como «la más pequeña» de su taller de dibujo, destacando su «vocación, su gracia y su extraordinario talento para las artes plásticas». Asimismo, la organización resaltó el papel activo de la madre de la menor, señalándola como un «ejemplo de amabilidad y compromiso con la formación de su hija».
Silencio oficial y manejo de la información
Hasta el momento, los medios estatales han omitido los nombres de las víctimas y no han emitido un reporte oficial que confirme los fallecimientos. El mismo día del siniestro, el gobierno de La Habana se limitó a informar a través de su página en Facebook que el derrumbe había ocurrido en la madrugada y que se continuaban «las acciones para acceder a tres personas ubicadas dentro del inmueble» que habían quedado atrapadas. Fue el perfil afín al oficialismo Ransel Londres quien adelantó que las tres personas atrapadas habían perdido la vida, incluyendo a una niña de siete años, sin aportar identidades.
Esta dinámica de ocultamiento o minimización de las tragedias cotidianas es una constante en la prensa oficialista. La falta de transparencia sobre los fallecidos no solo representa una falta de respeto hacia los familiares y amigos de las víctimas, sino que también busca evadir la responsabilidad directa del Estado sobre el estado de ruina en que se encuentran miles de inmuebles a lo largo del país.
Otra tragedia evitable en Diez de Octubre
El derrumbe de Monte y Rastro no es un hecho aislado, sino la muestra más reciente de la alarmante vulnerabilidad de la infraestructura capitalina. Menos de 24 horas después, las autoridades de la capital reportaron el colapso de otro edificio de tres niveles en el municipio Diez de Octubre. El siniestro ocurrió en la tarde del viernes en la calle San Bernardino, entre Serrano y Durege, en el Consejo Popular Tamarindo. Pese a reiteradas advertencias sobre el peligro de ingresar al lugar, el inmueble —declarado como deshabitado y en proceso de demolición desde hacía más de tres meses— colapsó dejando a dos personas atrapadas.
El sábado, el diario oficial Tribuna de La Habana informó que los rescatistas habían recuperado el cuerpo de una víctima de entre los escombros. El fallecido fue identificado como Roberto Álvarez Castillo, de 60 años y residente en el municipio Cerro. La nota oficial señaló que los familiares presentes en el lugar recibieron «todas las atenciones por los especialistas de Salud y las autoridades locales», una afirmación que contrasta con la habitual falta de recursos de los cuerpos de emergencia y la nula asistencia material brindada a los afectados por estas tragedias.
El caso de Roberto Álvarez Castillo ilustra además otro de los dramas habitacionales de la isla: la situación de los ciudadanos que, ante la falta de alternativas, ocupan o se niegan a abandonar inmuebles declarados inhabitables por las autoridades. En muchas ocasiones, el Estado cubano ordena el desalojo o la demolición sin ofrecer una solución de reemplazo adecuada, obligando a las personas a elegir entre la indigencia o el riesgo de morir bajo los escombros. La burocracia estatal y la lentitud de los procesos administrativos agravan aún más esta crisis, dejando edificios en estado de abandono durante años.
El colapso estructural como síntoma de la crisis sistémica
La situación de la vivienda en Cuba representa una de las crisis más profundas y prolongadas del país, directamente ligada a la ineficiencia del modelo económico centralizado. El régimen de La Habana, como principal propietario y administrador del fondo habitacional durante décadas, ha sido incapaz de garantizar el mantenimiento básico de las edificaciones, muchas de las cuales datan de hace más de un siglo. Desde la crisis de los años noventa, conocida como Período Especial, el estado de la infraestructura ha ido en franco deterioro, y las inversiones estatales en construcción y reparación han sido históricamente deficientes.
Año tras año, la capital cubana sufre el colapso de cientos de edificaciones. Según estimaciones de organismos independientes y de la propia Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), más del 60% del fondo habitacional del país se encuentra en estado regular o malo, y una porción significativa está en situación crítica. La falta de materiales de construcción, la inflación galopante y la precariedad salarial impiden a las familias realizar reparaciones por cuenta propia, condenándolas a vivir en inmuebles al borde del derrumbe. Las lluvias torrenciales, combinadas con este deterioro estructural no atendido, se han convertido en una sentencia de muerte para los habitantes de barrios como Habana Vieja, Centro Habana y Diez de Octubre.
Ante esta realidad, la dictadura cubana ha optado por la indolancia y el ocultamiento. La censura sobre las verdaderas dimensiones de estas tragedias busca minimizar el descontento social y evadir el debate sobre el fracaso de las políticas urbanísticas y habitacionales. Mientras el ejecutivo cubano destina cuantiosos recursos a la represión política, al aparato policial y al mantenimiento de infraestructuras turísticas, los barrios populares se desmoronan literalmente, cobrando vidas inocentes como la de la pequeña Alejandra y sus padres.
Consecuencias y abandono institucional
La falta de una política pública efectiva en materia de vivienda y el abandono de los barrios históricos auguran que estos sucesos seguirán repitiéndose con ineludible frecuencia. La población cubana se encuentra atrapada no solo por la falta de libertades y la represión, sino por el peligro físico constante que representan sus propias casas. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben exigir al gobierno cubano transparencia en la información sobre estos eventos y rendición de cuentas por el estado de indefensión en el que mantiene a millones de ciudadanos.
El luto del Centro Loyola Reina y de quienes conocieron a la familia Cotilla es el reflejo del dolor de una nación entera que ve desaparecer a sus hijos bajo los escombros de un sistema que ha fracasado en su obligación más básica: proteger la vida y el bienestar de su pueblo. Sin cambios estructurales profundos que incluyan la libre circulación de materiales de construcción, el fin del control estatal absoluto sobre la propiedad y una real democratización del país, las calles de La Habana seguirán siendo testigos de tragedias evitables que ensombrecen el futuro de la isla.
