Dos destacados analistas publicaron una contundente exhortación al gobierno canadiense para que modifique su histórica política de acercamiento hacia La Habana, abandonando la denominada «diplomacia silenciosa» que, a su juicio, solo ha permitido al régimen de la isla profundizar su represión interna y consolidar alianzas con potencias autoritarias. El llamado supone un desafío directo a la tradición diplomática de Ottawa y busca alinear a Canadá con las democracias occidentales frente a la crisis hemisférica.
En un artículo de opinión difundido a través del periódico The Hamilton Spectator, la abogada especializada en derechos humanos Sarah Teich y el activista cubano-canadiense Michael Lima, director de la organización Democratic Spaces, trazaron una radiografía crítica de las relaciones entre Ottawa y La Habana. Los expertos sostienen que es imperativo para el ejecutivo canadiense dejar atrás los supuestos erróneos que han moldeado su política exterior durante décadas, adoptando en cambio un enfoque proactivo, basado en principios democráticos y en estricta coordinación con sus aliados internacionales.
El texto argumenta que la creencia canadiense de que el comercio, la inversión y el diálogo a puertas cerradas podrían alejar al gobierno cubano de sus socios estratégicos ha demostrado ser un fracaso rotundo. Teich y Lima advierten que los vínculos de La Habana con Moscú y Pekín no son meramente tácticos ni superficiales, sino que responden a una visión compartida para instaurar un nuevo orden global hostil a la democracia, sustentada en tácticas represivas mutuas. Ante esta realidad geopolítica, la respuesta de Canadá debe reflejar la gravedad de la amenaza regional.
A pesar del prolongado compromiso diplomático de Ottawa, los autores constatan que la dictadura cubana ha incrementado notablemente su severidad contra la población civil. Como evidencia palpable, citan la brutal represión desatada tras las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021, que se tradujo en detenciones masivas, el silenciamiento de periodistas independientes y la censura sistemática de artistas. Esta violencia estatal, señalan, ha transcurrido sin un reproche contundente por parte de la comunidad internacional, lo que ha generado un clima de absoluta impunidad para el poder en la isla.
La crítica institucional se extiende a la propia sede diplomática de Canadá en La Habana. Los analistas reprochan que la embajada canadiense limite su interacción a funcionarios del régimen y a organizaciones no gubernamentales alineadas con el poder, ignorando por completo a los defensores de derechos humanos y a la sociedad civil independiente que arriesga su vida en la isla. Esta dinámica de aislamiento de la disidencia, argumentan, invalida cualquier intento genuino de promover cambios democráticos desde la diplomacia institucional.
En el plano internacional, el artículo alerta sobre la creciente inserción de las autoridades de la isla en un bloque autoritario de alcance global. Haciendo eco de investigaciones publicadas por The Wall Street Journal y el Center for Strategic and International Studies (CSIS), los autores mencionan la operación de instalaciones de vigilancia china en territorio cubano, una simbiosis entre la tecnología de espionaje de Pekín y las redes de inteligencia de La Habana. A esto se suman los lazos militares con Rusia e Irán, y el respaldo incondicional a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.
Frente a este escenario, los expertos proponen que Canadá despliegue herramientas diplomáticas, legales y políticas concretas. Entre las medidas sugieren la imposición de sanciones selectivas contra funcionarios cubanos implicados en violaciones de derechos humanos y en la colaboración con Rusia y Bielorrusia en el marco de la guerra contra Ucrania. Subrayan que Ottawa ya ha aplicado este mecanismo de castigo en casos como Irán, Rusia, Venezuela y Myanmar, por lo que su aplicación en el contexto cubano representaría una extensión coherente de su política exterior.
Asimismo, Teich y Lima desestiman la eficacia de las reuniones privadas con funcionarios cubanos en materia de derechos humanos, asegurando que no han arrojado resultados tangibles en décadas. En su lugar, defienden que la condena pública internacional ejerce una presión mucho mayor sobre los regímenes autoritarios y que Cuba no sería la excepción. El artículo también cuestiona la permisibilidad con los medios de propaganda estatal, recordando que en 2023 Democratic Spaces solicitó formalmente al regulador canadiense (CRTC) la exclusión de Cubavisión Internacional por retransmitir contenidos del canal ruso RT, una petición que hasta la fecha permanece sin respuesta por parte de las autoridades.
Una isla sumida en el colapso estructural
El llamado a endurecer la postura canadiense coincide con uno de los momentos más críticos de la historia reciente de Cuba. El régimen de La Habana atraviesa una profunda crisis estructural, caracterizada por una hiperinflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y el colapso total de servicios básicos como el suministro eléctrico, la distribución de agua y la atención sanitaria. Este deterioro acelerado ha empujado a cientos de miles de cubanos al exodo migratorio en los últimos años, configurando el mayor éxodo de la isla en décadas y vaciando al país de su fuerza laboral y juvenil.
Ante la incapacidad de ofrecer respuestas económicas a la ciudadanía, el gobierno cubano ha optado por el endurecimiento represivo como única herramienta de control social. La criminalización de la protesta, las condenas desproporcionadas para cientos de manifestantes del 11J y el acoso constante a la prensa independiente son los pilares de una estrategia de supervivencia política que ignora cualquier costo diplomático. En este contexto, la pasividad o el apaciguamiento de actores internacionales como Canadá resulta funcional a la impunidad con la que opera la dictadura.
Antecedentes de una relación histórica
Históricamente, Canadá ha mantenido una postura atípica respecto a Cuba dentro del bloque occidental. A diferencia de Estados Unidos, Ottawa nunca rompió relaciones diplomáticas con la isla tras el triunfo de la revolución y, durante décadas, apostó por el «engagement» o compromiso constructivo como vía para fomentar aperturas. Sin embargo, la realidad de los últimos años ha evidenciado que esta estrategia no ha generado contrapartidas en materia de libertades, sino que ha sido utilizada por el poder en La Habana para obtener legitimidad internacional mientras intensificaba el control interno y estrechaba sus lazos con potencias rivales de Occidente.
Los analistas señalan que, si el gobierno liderado por Mark Carney desea marcar un nuevo rumbo, distinto al de la era de Justin Trudeau, debe adoptar una política exterior más proactiva y basada en principios. La transición política en Canadá representa una oportunidad para reevaluar alianzas y dejar atrás políticas anacrónicas que ya no reflejan la realidad geopolítica del hemisferio ni los valores democráticos que Ottawa promueve en otros escenarios globales.
Implicaciones a futuro
La propuesta de Teich y Lima plantea un punto de inflexión en la percepción internacional sobre el papel de Cuba en la geopolítica global. Si el gobierno canadiense asume estas recomendaciones, no solo enviaría un mensaje contundente de solidaridad a quienes luchan por la libertad dentro de la isla, sino que podría catalizar una reacción similar en otras democracias de la región que aún mantienen posturas complacientes. Por el contrario, el mantenimiento de una política de apaciguamiento significaría la complicidad tácita con el eje autoritario que se consolida en América Latina.
Como concluyen los analistas en su exhortación, los canadienses se enorgullecen de sus valores en política exterior, y el apaciguamiento hacia regímenes represivos no debería ser uno de ellos. Existe un camino mejor, basado en principios y acción, que garantizaría que la diplomacia canadiense se alinee con la sociedad civil oprimida y no con quienes suprimen sus derechos fundamentales. Imponer sanciones selectivas, retirar del aire a medios de propaganda como Cubavisión Internacional y exigir rendición de cuentas a la dictadura cubana son los primeros pasos para construir esa nueva realidad.
