Una nueva tragedia de violencia machista sacude a Cuba. El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) confirmó el feminicidio de Yeni María Peñas Leyva, de 23 años, ocurrido en el municipio de Las Tunas. Con este caso, la organización independiente eleva a 42 el número de feminicidios verificados en la isla durante 2026, evidenciando un alarmante incremento de la violencia letal contra las mujeres que el régimen de La Habana no logra contener ni parece dispuesto a abordar con políticas públicas eficaces.
De acuerdo con el reporte difundido por el OGAT, la joven fue atacada por su expareja durante la noche del 13 de julio, frente a su propia vivienda en el barrio La Fabela, ubicado en la zona periurbana de la cabecera provincial tunera, a la altura del kilómetro dos y medio. La víctima deja atrás a dos hijos en edad temprana, una niña y un niño, mientras que fuentes cercanas al caso señalaron a la organización que Peñas Leyva podría haber estado embarazada al momento del ataque, lo que agravaría aún más la dimensión de este crimen de género.
Ante la reiteración de estos sucesos, el colectivo de activistas lanzó un desesperado llamado a la ciudadanía para completar la información sobre el crimen y denunció la situación a través de sus canales oficiales con la contundente frase: «¡Nos están matando!». La angustia se ha extendido entre familiares, allegados y compañeros de trabajo de la joven, quienes han manifestado su profundo dolor en redes sociales. Este crimen se suma al asesinato de Yesneidys López Hernández, ocurrido apenas dos días antes en Güines, provincia de Mayabeque, también a manos de su expareja, lo que dibuja un patrón sistemático de violencia letal que cobra vidas casi a diario.
Las cifras proporcionadas por el monitoreo independiente reflejan un deterioro profundo en la seguridad de las mujeres cubanas. Hasta el 15 de julio de 2026, el OGAT contabiliza 42 feminicidios, 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. El contraste con el año anterior es estremecedor: entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se verificaron 37 feminicidios, frente a los 18 documentados en el mismo período de 2025. Esto representa un aumento aproximado del 105,6 %, duplicando los casos en apenas seis meses y demostrando que las medidas estatales, si las hay, son completamente inoperantes.
La labor de documentación de estas organizaciones no se detiene, ante la evidente pasividad institucional. Actualmente, el observatorio mantiene bajo investigación 11 posibles feminicidios y cuatro intentos reportados en 2026. Además, revisan 12 posibles feminicidios, cinco intentos y el asesinato de un hombre en contexto de violencia feminicida correspondientes a 2025, lo que sugiere que la magnitud real de la tragedia podría ser aún mayor de lo que los registros preliminares muestran frente a la opacidad oficial.
El caso de Peñas Leyva revive el horror de la violencia contra mujeres en estado de gestación. El OGAT recordó que desde el 5 de junio de 2024 no se documentaba el feminicidio de una mujer embarazada, cuando fue verificada la muerte de Katia Ortiz Figueredo, de 25 años, también en Las Tunas y a manos de su expareja. La repetición de este modus operandi en la misma provincia subraya la ineficacia de las medidas de protección preventiva, que brillan por su ausencia en el sistema jurídico y policial de la isla.
La ausencia de estadísticas oficiales y la inacción del Estado
El registro del OGAT se sustenta en una compleja red de observadoras, fuentes comunitarias, reportes ciudadanos, medios de prensa independientes y colaboraciones con otras plataformas. En su informe anual de 2025, la organización subrayó que este monitoreo alternativo nació por la necesidad imperiosa de suplir el vacío dejado por el gobierno cubano, el cual se niega a publicar estadísticas completas, periódicas, desagregadas y transparentes sobre feminicidios, intentos y otras formas extremas de violencia contra mujeres y niñas. Esta omisión deliberada forma parte de la política de ocultamiento de la dictadura cubana, que prioriza la supuesta imagen de paz social del país por encima de la vida y seguridad de sus ciudadanas.
En el plano legal, las deficiencias son igualmente alarmantes. El Código Penal cubano no emplea la denominación de feminicidio o femicidio como un delito autónomo. Aunque su artículo 345.2 establece que quien dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género puede recibir las mismas sanciones previstas para el asesinato —entre 20 y 30 años de prisión, privación perpetua de libertad o pena de muerte—, la tipificación específica es fundamental para visibilizar y combatir el problema estructural. Las autoridades de la isla se limitan a la respuesta penal posterior al crimen, sin implementar mecanismos eficaces de prevención que eviten que las mujeres lleguen a ser asesinadas.
Violencia de género en medio del colapso estructural
El incremento de la violencia machista no puede desvincularse de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, los apagones prolongados y el hacinamiento en viviendas precarias crean un caldo de cultivo para la frustración social y el aumento de la violencia intrafamiliar. En este entorno de precariedad extrema, las mujeres suelen ser las principales víctimas, asumiendo además la carga del cuidado en hogares sin recursos básicos, mientras el régimen de La Habana evade su responsabilidad en la gestión de la crisis y criminaliza la pobreza.
A esto se suma el impacto del masivo éxodo migratorio, que ha alterado las dinámicas familiares y dejado a muchas mujeres solas frente a sus agresores, sin redes de apoyo suficientes. La represión social y la censura también limitan la capacidad de las víctimas para buscar ayuda o denunciar a tiempo, sabiendo que las instituciones del Estado carecen de la voluntad política para protegerlas. La dictadura cubana ha desmantelado cualquier forma de autonomía civil, impidiendo que existan refugios estatales suficientes o campañas de prevención con impacto real, dejando a las mujeres a merced de sus victimarios en un sistema que las abandona de manera sistemática.
Ante este panorama desolador, los observatorios independientes y las organizaciones feministas han reclamado de manera persistente la aprobación de una ley integral que aborde la violencia de género. Esta legislación debería incluir mecanismos de prevención, protección inmediata para las víctimas, atención psicológica y material para los hijos de las mujeres asesinadas, refugios seguros y la publicación de datos públicos verificables. Sin embargo, el ejecutivo cubano ha hecho oídos sordos a estas demandas, manteniendo una estructura legal e institucional obsoleta e ineficaz frente a la emergencia feminicida que azota al país.
El feminicidio de Yeni María Peñas Leyva es la última de una larga lista de tragedias que evidencian el fracaso del modelo impuesto en la isla. Mientras la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos mantienen su atención sobre la represión política en Cuba, la violencia letal contra las mujeres continúa cobrando víctimas en silencio, agravada por la inacción y el encubrimiento del Estado. La falta de una respuesta institucional contundente augura que, sin cambios profundos en el sistema político y social, las cubanas seguirán enfrentando una emergencia de seguridad que el régimen parece incapaz o poco dispuesto a resolver.
