Al menos tres personas resultaron lesionadas tras el descarrilamiento del tren que cubría la ruta Guantánamo-Habana en las inmediaciones de la carretera de las Cuevas de Bellamar, en la ciudad de Matanzas. El accidente, que afectó unos 200 metros de vía y comprometió siete vagones, vuelve a poner de manifiesto el deterioro estructural del sistema ferroviario bajo la gestión del régimen de La Habana.
El siniestro ocurrió en horas de la tarde, cuando el convoy sufrió la salida de vía de siete de sus coches, cuatro de los cuales quedaron completamente desvinculados del resto de la formación. Según declaraciones del tripulante Rafael Roldán Simón al medio estatal Girón, el maquinista tuvo que aplicar los frenos de emergencia al percatarse del deplorable estado de los rieles. Esta maniobra de urgencia fue clave para evitar que los vagones volcaran, lo que habría podido derivar en una tragedia de mayores proporciones.
Las víctimas, identificadas como un pasajero y dos trabajadoras del servicio a bordo, fueron trasladadas al hospital provincial Faustino Pérez. Las autoridades sanitarias confirmaron que los lesionados presentan contusiones leves y un cuadro de descompensación arterial, pero sus vidas no corren peligro. El centro médico activó un equipo de urgencia con una veintena de especialistas para atender a los afectados, y se espera el arribo de otras dos personas en condiciones similares.
El abandono de la red ferroviaria y la crisis de los servicios públicos
Este accidente no es un hecho aislado, sino el resultado directo de la política de abandono y desinversión que ha caracterizado la gestión del gobierno cubano durante décadas. El sistema ferroviario, otrora una de las principales arterias de transporte en la isla, sufre un proceso acelerado de obsolescencia. La falta de mantenimiento, la escasez de piezas de repuesto y la ineficiencia burocrática han convertido los viajes en tren en una experiencia peligrosa para la ciudadanía, sumándose al largo listado de servicios públicos colapsados que agravan la crisis estructural del país.
Hasta el momento, las autoridades de la isla no han ofrecido detalles técnicos sobre las causas exactas del descarrilamiento, ni han informado sobre la apertura de una investigación oficial. Esta opacidad informativa es una constante de la dictadura cubana, que suele minimizar los accidentes derivados de la crisis infraestructural para evadir responsabilidades. Mientras tanto, los ciudadanos continúan enfrentando riesgos innecesarios en su movilidad diaria, atrapados en un sistema de transporte precario que refleja el fracaso del modelo impuesto en la nación.
