Las plataformas independientes Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) confirmaron dos nuevos feminicidios ocurridos en la isla, lo que eleva a 24 los crímenes mortales machistas verificados en 2025. Las víctimas, asesinadas en Holguín y Pinar del Río, evidencian la inacción estatal frente a la violencia de género y el aumento de la criminalidad en el país.
Los hechos ocurrieron los días 4 y 5 de agosto. Milagros Batista Estévez, de 56 años, fue asesinada por su expareja en su vivienda del reparto Alex Urquiola, en Holguín. Según denunciaron las organizaciones, este crimen se consumó a pesar de que la víctima había presentado varias denuncias previas ante la Policía, lo que subraya la negligencia de las fuerzas del orden. Un día antes, Mailenis Blanco Amor, de 47 años, fue ultimada en su hogar en Puerta de Golpe, municipio Consolación del Sur (Pinar del Río), por tres desconocidos que se hicieron pasar por agentes de la autoridad para irrumpir en la casa.
Aunque el asesinato en Pinar del Río está vinculado a un asalto, el OGAT y YSTCC precisaron que constituye un feminicidio debido al claro sesgo de género: los agresores esperaron a que la víctima estuviera sola y ejercieron una violencia desmedida contra ella. Las organizaciones enviaron sus condolencias a los familiares de ambas mujeres y señalaron directamente la responsabilidad del Estado. En el caso de Holguín, lamentaron la inacción policial que permitió el terror del agresor, mientras que en Pinar del Río advirtieron que el crimen refleja el crecimiento del crimen organizado en la isla.
Opacidad institucional y ausencia de protección legal
La crisis de seguridad y la violencia machista se enmarcan en el colapso estructural que atraviesa la nación. Desde 2019, los observatorios independientes han documentado 267 feminicidios en Cuba, operando en un entorno de represión y criminalización del activismo feminista impulsado por la dictadura cubana. A pesar de la gravedad de la situación, el régimen de La Habana se niega a tipificar el feminicidio en su legislación, limitándose a emplear eufemismos como \»asesinato por razones de género\» o \»violencia de género extrema\» para evadir responsabilidades directas.
La falta de protocolos públicos de registro y de una ley integral contra la violencia de género deja a las cubanas en total desamparo frente a la escalada de criminalidad. Mientras el ejecutivo cubano mantiene su política de opacidad estadística —evidenciada recientemente en un informe estatal que admitió 76 asesinatos judicializados en 2024 sin usar el término feminicidio—, las organizaciones de la sociedad civil siguen exigiendo justicia. La inacción del gobierno cubano no solo perpetúa el ciclo de violencia machista, sino que profundiza el deterioro social y consolida un clima de impunidad que agrava la crisis de derechos en el país.
