El gobierno cubano ha aprobado una nueva legislación petrolera que entrará en vigor el próximo 19 de octubre, la cual permitirá por primera vez que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas soliciten concesiones para la extracción de hidrocarburos en el territorio nacional. La norma sustituye la obsoleta ley de 1938 y establece que el precio de los combustibles se determinará a partir de los precios del mercado internacional, en medio de la peor crisis energética que ha atravesado la isla en décadas.
La medida representa un giro inédito en la política energética del país, hasta ahora monopolizada por empresas estatales como Cuba Petróleo (CUPET) y sus filiales. Durante más de ocho décadas, la extracción, refinación y comercialización de hidrocarburos permanecieron bajo control absoluto del Estado, siguiendo el modelo centralista que ha caracterizado al sistema económico cubano desde los primeros años de la revolución. La nueva legislación reconoce implícitamente la incapacidad del aparato estatal para garantizar la soberanía energética del país.
La ley derogada, promulgada en 1938 durante el gobierno de Federico Laredo Bru, establecía un marco jurídico para la industria petrolera nacional en una época en que Cuba aún mantenía relaciones con compañías estadounidenses y británicas en el sector. Su vigencia durante 88 años, incluso después del triunfo de la revolución en 1959, refleja la parálisis legislativa y la falta de modernización institucional que han marcado el funcionamiento del Estado cubano. Que una norma del siglo XX haya permanecido activa hasta 2026 constituye un testimonio elocuente del estancamiento normativo impuesto por el régimen.
Una apertura forzada por el colapso, no por voluntad reformista
Analistas consultados coinciden en que esta apertura no responde a una voluntad genuina de liberalización económica, sino a la urgencia extrema de un sistema que no logra sostener la producción nacional de combustibles. Cuba importa actualmente más del 50% del combustible que consume, dependiendo fundamentalmente de los envíos provenientes de Venezuela, que también atraviesa serias dificultades para mantener sus compromisos de suministro. La producción interna de petróleo, proveniente principalmente de los yacimientos de Varadero y norte de la provincia de Matanzas, ha disminuido progresivamente por falta de inversión, tecnología obsoleta y mantenimiento deficiente.
La crisis energética se ha manifestado con una severidad sin precedentes durante los últimos años. Los apagones prolongados, que en algunas provincias han superado las 18 horas diarias, han provocado protestas espontáneas en numerosas localidades, reprimidas sistemáticamente por la dictadura mediante despliegues policiales, amenazas y detenciones arbitrarias. La incapacidad del gobierno cubano para garantizar un servicio básico como el suministro eléctrico ha evidenciado el fracaso del modelo centralizado y ha generado un descontento social que las autoridades intentan contener con medidas como esta, que buscan aparentar dinamismo y apertura.
La decisión de fijar los precios de los combustibles según el mercado internacional representa otro elemento disruptivo respecto a la política tradicional del régimen. Hasta ahora, el Estado subsidiaba parcialmente el costo de los combustibles mediante un sistema de precios diferenciados que mantenía tarifas artificialmente bajas, generando distorsiones económicas, escasez y un mercado negro floreciente. La eliminación de este subsidio implícito probablemente elevará los precios para el consumidor final, en un contexto donde el poder adquisitivo de la población se ha desplomado tras la inflación galopante y la pérdida de valor del peso cubano.
El contexto de las mipymes: ¿apertura real o mecanismo de control?
Las mipymes fueron legalizadas en 2021 como parte de las denominadas «medidas de ordenamiento económico», un paquete de reformas que el régimen de La Habana presentó como una modernización del modelo económico pero que, en la práctica, ha estado marcada por restricciones burocráticas, trabas para la importación y un marco regulatorio cambiante que genera incertidumbre constante entre los emprendedores. La inclusión de estos actores en la actividad petrolera podría interpretarse como un paso hacia la diversificación económica, pero los especialistas advierten que las condiciones reales para que una mipyme pueda operar en la extracción de hidrocarburos son extremadamente exigentes en términos de capital, tecnología y capacitación técnica.
La capacidad real de las mipymes y cooperativas cubanas para asumir concesiones petroleras es cuestionable. La extracción de petróleo y gas requiere inversiones sustanciales en maquinaria especializada, personal técnico calificado, infraestructura de transporte y almacenamiento, así como cumplimiento de normativas ambientales. En un país donde el acceso a financiamiento es limitadísimo, donde la banca estatal ofrece créditos con tasas que no acompañan la realidad económica, y donde la importación de equipos enfrenta innumerables obstáculos burocráticos, resulta difícil imaginar que el sector no estatal pueda competir en condiciones de igualdad con empresas estatales o extranjeras.
Sin embargo, la apertura podría tener un impacto positivo en la producción de gas asociado, especialmente en pequeñas reservas o pozos abandonados que las empresas estatales no consideran rentables explotar. Cooperativas locales podrían aprovechar estos recursos para generar electricidad a escala comunitaria o abastecer instalaciones productivas, aliviando parcialmente la presión sobre el Sistema Electroenergético Nacional. El éxito de esta iniciativa dependerá fundamentalmente de la voluntad del gobierno cubano para eliminar las trabas burocráticas que tradicionalmente han asfixiado al sector privado emergente.
Implicaciones políticas y perspectivas
La nueva legislación debe enmarcarse en un contexto más amplio de crisis estructural que afecta todos los sectores de la economía cubana. La caída del azúcar como industria rectora, el deterioro del turismo tras la pandemia y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses han dejado al país sin fuentes estables de ingresos en divisas. La dependencia del remesas, que según estimaciones supera los 5.000 millones de dólares anuales, evidencia la incapacidad del modelo productivo estatal para generar riqueza. En este escenario, la dictadura se ve obligada a abrir espacios que durante décadas consideró intocables.
La comunidad internacional y los observadores económicos deberán monitorear de cerca la implementación de esta nueva legislación. La historia reciente de Cuba demuestra que las reformas anunciadas con bombos y platillos frecuentemente se diluyen en la práctica mediante resoluciones complementarias, inspecciones arbitrarias y persecución fiscal selectiva contra los emprendedores más exitosos. El régimen de La Habana tiene un largo historial de medidas que en el papel parecen aperturistas pero que en la realidad funcionan como mecanismos adicionales de control sobre el sector no estatal.
La verdadera prueba para esta nueva legislación petrolera será si el gobierno cubano permite que las mipymes y cooperativas operen con autonomía real, accedan a divisas para importar tecnología y reciban un trato equitativo frente a las empresas estatales. Si, por el contrario, las concesiones se conceden solo a entidades con vínculos políticos o se limitan a figuras formales sin sustancia económica, la medida será percibida como otra operación de maquillaje del régimen para mostrar apertura ante la comunidad internacional y los organismos financieros multilaterales, sin abordar las causas profundas del colapso productivo que mantiene a Cuba sumida en la crisis permanente.
