La vicecanciller cubana, Josefina Vidal, reconoció durante una gira por México la falta de avances en las conversaciones con Washington, al tiempo que rechazó de plano cualquier debate sobre el sistema político interno de la Isla. Mientras la cúpula militar y civil se blinda frente a nuevas sanciones internacionales, el discurso oficial vuelve a escudarse en la soberanía para evadir responsabilidades sobre la profunda crisis que asola a la población.
En una reciente entrevista concedida a un medio mexicano, la vicecanciller Josefina Vidal Ferreiro admitió que el canal de comunicación directo entre el gobierno cubano y Estados Unidos se mantiene, aunque reconoció que «no ha habido un progreso significativo». La funcionaria del régimen de La Habana intentó proyectar una imagen de disposición al diálogo, pero dejó claro cuáles son los límites infranqueables que la dictadura ha impuesto a cualquier acercamiento diplomático sustantivo.
Vidal declaró que el gobierno cubano está dispuesto a discutir «absolutamente todo», con una única y estratégica excepción: la independencia, la soberanía, la autodeterminación y el «ordenamiento interno» del país. Este último término resulta ser el núcleo de la cuestión. Al ampararse en la defensa de la soberanía, el régimen de La Habana cierra la puerta a cualquier exigencia de apertura democrática, mejoras en los derechos humanos o liberación de presos políticos, reduciendo el diálogo a un mero intercambio de cortesías que no beneficia en absoluto a la sociedad civil oprimida.
La queja oficial se centró en la actitud de Washington, acusando a la administración estadounidense de aplicar nuevas medidas de presión cada vez que se sientan a la mesa. «Se ha dado el caso en que nos sentamos a conversar y, unos días después, llega una nueva sanción», afirmó Vidal. Sin embargo, este relato omite convenientemente el motivo de tales medidas: la persistente represión interna y el control férreo de la economía por parte de la cúpula militar, factores que provocan la justificada respuesta de la comunidad internacional.
Precisamente, el endurecimiento del cerco económico sobre la élite gobernante se materializó con la inclusión en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de figuras y entidades clave para el sostenimiento del régimen. Entre los sancionados figura Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, lo que evidencia cómo el poder en Cuba se concentra en un núcleo familiar y militar que opera por encima de las necesidades populares y las leyes.
Junto a la nuera de Raúl Castro, la medida afectó a cuatro entidades estratégicas: Almacenes Universales S.A., el Banco Financiero Internacional S.A. (BFI), la Empresa Siderúrgica José Martí, Geominera S.A. y Rafin S.A. Estas empresas están estrechamente vinculadas al conglomerado empresarial GAESA, el brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que controla la mayor parte de la riqueza generada en la Isla con una opacidad absoluta.
Desde la perspectiva estadounidense, el endurecimiento tiene una justificación clara. Altos funcionarios de Washington han defendido las sanciones señalando que GAESA funciona como el principal mecanismo de expolio de los recursos nacionales. El aparato económico-militar ha sido acusado de desviar los escasos bienes del país hacia la represión, el espionaje y la subversión, en lugar de destinarlos a la infraestructura, la educación o las necesidades básicas del pueblo cubano, sumido en una pobreza estructural e indignante.
Ante la presión internacional, el discurso de la vicecanciller derivó hacia la paranoia y la amenaza militar. Vidal aseguró percibir una «amenaza militar latente» por parte de la administración de Donald Trump, argumentando que desde las más altas esferas de Estados Unidos se reiteran frases que sugieren el no descarte de una acción bélica contra la Isla. «No lo deseamos, porque van a morir personas», señaló, añadiendo que, mientras conversan, el régimen se prepara para la «legítima defensa». Esta retórica bélica es un clásico recurso de la dictadura para justificar el gasto militar y la represión interna bajo el pretexto de un asedio externo.
En el ámbito interno, Vidal defendió el paquete de 176 propuestas de «transformaciones económicas» presentado recientemente ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. La vicecanciller fue tajante al afirmar que estas medidas no implican un cambio en la naturaleza del sistema político cubano, asegurando que el control sobre los sectores fundamentales —energía, biotecnología y turismo— seguirá en manos del Estado. Esta declaración desmiente cualquier esperanza de liberalización económica real, confirmando que las reformas son parches de supervivencia para el régimen, no una apertura hacia el libre mercado o la propiedad privada genuina.
La funcionaria aseguró que estas propuestas no surgieron de forma improvisada, sino que son el resultado de debates iniciados entre 2020 y 2021, retrasados supuestamente por la pandemia y el endurecimiento de las sanciones. La realidad, sin embargo, indica que la dictadura ha postergado durante décadas las reformas necesarias por miedo a perder el control político absoluto, y solo recurre a ellas cuando el agotamiento del modelo y la presión popular hacen insostenible la situación.
La gira de Vidal, que también incluyó a Canadá, tuvo como uno de sus principales objetivos la búsqueda de apoyo internacional y alivio material. En México, la vicecanciller agradeció el respaldo del gobierno mexicano y destacó el envío de nueve barcos con alimentos e insumos desde territorio azteca, así como embarcaciones de bandera mexicana que han transportado leche y suministros desde otros países. Esta dependencia de la ayuda externa contrasta dramáticamente con la soberbia soberanista del discurso oficial, evidenciando la incapacidad del régimen para garantizar la subsistencia de su propia población.
El laberinto de las relaciones bilaterales y el control militar
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han oscilado históricamente entre la hostilidad abierta y la diplomacia cautelosa. En la última década, los intentos de acercamiento han chocado sistemáticamente con la negativa del régimen de La Habana a flexibilizar su control político y social. La figura de GAESA es central en este conflicto; este holding empresarial, gestionado por militares, monopoliza sectores clave como el turismo, el comercio y la inversión extranjera, operando con opacidad total y marginando al sector privado emergente y a la clase trabajadora.
Las sanciones dirigidas a estas entidades buscan estrangular la fuente de financiamiento de la represión, evitando que el régimen utilice los ingresos comerciales para mantener su aparato de seguridad. No obstante, la cúpula gobernante ha demostrado una notable capacidad de adaptación y supervivencia, externalizando la crisis hacia la población mediante el racionamiento y la escasez, mientras que las élites mantienen sus privilegios intactos. El «ordenamiento interno» que Vidal se niega a discutir no es más que la perpetuación de este esquema de desigualdad y control absoluto, donde el Estado se confunde con una corporación militar inviolable.
El contexto de crisis multidimensional que atraviesa la Isla obliga al gobierno cubano a desplegar una intensa actividad diplomática para asegurar aliados que provean de combustible, alimentos y medicinas, bienes que la economía estatal es incapaz de producir o importar por sus propios méritos. La soberanía invocada por los funcionarios del régimen se diluye cuando la supervivencia diaria del país depende de donaciones y envíos solidarios desde naciones terceras, mientras la burocracia militar administra la escasez.
Un diálogo estéril para los cubanos
La admisión de Vidal sobre la falta de progreso en el diálogo con Estados Unidos no es sorprendente, pero sí reveladora. Confirma que, para el régimen de La Habana, la diplomacia es un escenario para ganar tiempo y exigir el levantamiento de sanciones sin ofrecer contrapartidas en materia de derechos humanos o apertura democrática. La estrategia consiste en presentarse como víctima ante la comunidad internacional mientras se intensifica la persecución contra disidentes, periodistas independientes y ciudadanos comunes dentro de Cuba.
Al negarse a discutir el ordenamiento interno, la dictadura está admitiendo que su mayor temor no es la agresión externa, sino el escrutinio sobre su gestión despótica. Mientras la cúpula militar y sus aliados buscan oxígeno en foros internacionales y donaciones de países amigos, los cubanos continúan enfrentando apagones prolongados, inflación galopante y represión sistémica. Las 176 medidas económicas, lejos de ser una solución, son un maquillaje de un sistema caduco que se niega a reconocer su fracaso rotundo.
La verdadera soberanía que Vidal esgrime como escudo seguirá siendo una quimera mientras el poder de decisión sobre el futuro de Cuba siga secuestrado por una élite que solo rinde cuentas ante sí misma. El diálogo con Washington puede mantenerse abierto en los despachos oficiales, pero en las calles de la Isla, la realidad impuesta por la dictadura demuestra que no habrá progreso real hasta que el pueblo cubano sea libre de decidir su propio destino sin la tutela coercitiva del Estado.
