El gobierno cubano ha implementado una nueva estrategia de control social mediante la instalación selectiva de paneles solares en las viviendas de trabajadores considerados leales y figuras afines al poder. Mientras la mayoría de la población soporta apagones prolongados que a menudo superan las 12 y 18 horas diarias, las autoridades de la isla garantizan el suministro eléctrico a un grupo reducho de ciudadanos a cambio de su respaldo político incondicional. Esta práctica se inscribe en una larga tradición del régimen de utilizar prebendas para asegurar la fidelidad en medio de crisis estructurales profundas, despojando a la ciudadanía del derecho básico a los servicios públicos y convirtiéndolos en privilegios revocables.
Según ha trascendido a través de diversos testimonios en la isla, la colocación de estos sistemas fotovoltaicos comenzó justificándose bajo un discurso oficial de reconocimiento a maestros y personal de la salud. Sin embargo, la medida se ha extendido rápidamente hacia las residencias de los denominados «héroes nacionales del trabajo» y, de manera predecible, a los hogares de figuras públicas y funcionarios claramente identificados con la cúpula de poder. Para el resto de los cubanos, la oscuridad se ha convertido en el paisaje cotidiano, mientras que estos sectores beneficiados disfrutan de una estabilidad eléctrica que resulta inalcanzable para el ciudadano de a pie.
La lógica detrás de esta distribución selectiva no responde a un plan de desarrollo sostenible o a una transición energética equitativa, sino a un mecanismo de coacción y recompensa. No resulta difícil prever que los receptores de estos paneles solares serán precisamente aquellos llamados a gritar consignas a favor de la dirigencia, a asistir a las organizadas «marchas del pueblo combatiente» y a participar sin objeciones en los Días de la Defensa y otras actividades vinculadas a la llamada Guerra de Todo el Pueblo. La energía eléctica, un derecho humano fundamental, es administrada por el ejecutivo cubano como una moneda de cambio para comprar voluntades y silenciar disidencias.
Antecedentes históricos de la prebenda como mecanismo de control
El uso de privilegios económicos y materiales para asegurar la lealtad de sectores estratégicos no es una práctica nueva para el régimen de La Habana. Durante décadas, la jerarquía gubernamental ha manipulado la escasez para consolidar su base de apoyo, contradiciendo abiertamente el principio teórico de distribución socialista que reza «de cada cual según su capacidad, y a cada cual según su trabajo». En etapas anteriores de crisis, el acceso a bienes y servicios se convirtió en la principal herramienta de subordinación política.
Un ejemplo paradigmático de esta dinámica fue la asignación de vehículos estatales a determinados empleados de empresas y entidades. Aunque teóricamente destinados a funciones laborales, estos autos eran utilizados por los beneficiarios como bienes particulares: los llevaban a sus casas al término de la jornada, los usaban para actividades recreativas y gestiones personales. En un país azotado por el colapso crónico del transporte público, poseer un vehículo generaba un estatus de privilegio absoluto. A cambio de esta concesión, muchos de estos trabajadores se convertían en férreos defensores del gobierno, demostrando una lealtad que poco tenía que ver con la convicción ideológica y mucho con el beneficio material.
Otro momento clave en esta estrategia de captación de voluntades ocurrió durante la vigencia de la dualidad monetaria, cuando se instauró la primacía del CUC en el comercio minorista. Mientras la población recibía sus salarios en moneda nacional, depauperada y sin poder adquisitivo en el mercado de oferta en divisas, las tiendas mejor surtidas operaban exclusivamente en CUC. Ante este escenario, la maquinaria del poder optó por pagar un estímulo de 10 CUC mensuales —añadidos al salario en moneda nacional— a ciertos trabajadores que ocupaban plazas clave en la economía. Ese plus salarial, que equivalía a un pequeño fortune en el contexto de la isla, garantizaba el acceso a productos de primera necesidad y, en reciprocidad, aseguraba el apoyo irrestricto al sistema por parte de quienes recibían el beneficio.
La entrega de cajas de pollo mensuales al cuerpo de serenos y custodios estatales durante una etapa de escasez aguda de alimentos es otro capítulo revelador de esta metodología. Cuando el robo y el delito se volvieron comunes en fábricas y entidades debido a la desesperación popular, el gobierno cubano buscó fortalecer la vigilancia de los escasos recursos estatales. Para captar personal dispuesto a pasar malas noches de guardia, muchas veces mujeres y personas de la tercera edad, se les garantizó una caja de pollo además de su salario. Este producto, altamente codiciado en el mercado negro, aseguraba alimento para sus hogares e incluso una fuente de ingresos ilícitos mediante la reventa. La lealtad de estos custodios no radicaba en la defensa del socialismo, sino en el miedo a perder aquel sustento vital, como lo demostraban los frecuentes comentarios de que abandonarían el trabajo si les retiraban la caja de pollo.
El colapso estructural del Sistema Electroenergético Nacional
La actual distribución de paneles solares adquiere su verdadera dimensión en el contexto del desplome total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La infraestructura eléctrica de la isla atraviesa su peor crisis en décadas, marcada por el envejecimiento de las plantas termoeléctricas, la falta de mantenimiento preventivo, la ausencia de piezas de repuesto y la escasez crónica de combustible para la generación distribuida. Los apagones, que en otros tiempos se anunciaban como eventos excepcionales, son hoy una constante que asfixia la economía informal y formal, destruye la red de frío alimentario y deteriora la calidad de vida de millones de personas.
Este déficit energético no es un fenómeno aislado, sino un síntoma más de la crisis sistémica que sufre el país. La incapacidad del régimen de La Habana para diseñar una economía viable, dependiente durante años del crédito blando de aliados como Venezuela y, anteriormente, de la Unión Soviética, ha llevado a un punto de inflexión. La inflación descontrolada, la depreciación del salario real, el desabastecimiento de medicamentos y el colapso del sistema de salud y educación conforman un panorama desolador. En este ecosistema de precariedad, la falta de electricidad actúa como un multiplicador de la miseria, impidiendo la conservación de alimentos, el bombeo de agua y el desarrollo de las crecientes actividades de cuenta propia, que son el único refugio para muchas familias.
Ante la imposibilidad de ofrecer soluciones macroeconómicas, las autoridades de la isla han optado por la gestión de la crisis a través del privilegio selectivo. Al instalar paneles solares en viviendas específicas, el gobierno cubano reconoce tácitamente su incapacidad para mantener el servicio para toda la población, pero en lugar de priorizar sectores vitales como hospitales o sistemas de acueductos de manera transparente, utiliza la energía como un instrumento de clientelismo político. Esta política profundiza la fractura social, creando una nueva clase de privilegiados cuya tranquilidad doméstica contrasta escandalosamente con el sufrimiento del entorno.
Represión y silencio en la oscuridad
La desesperación generada por los apagones ha provocado estallidos sociales espontáneos en diversas comunidades del país, con cacerolazos y protestas en las calles que han sido rápidamente sofocados. La dictadura cubana ha respondido a estas manifestaciones de inconformidad con la habitual violencia estatal, despliegue policial, amenazas y detenciones arbitrarias. El mensaje gubernamental es claro: protestar por la falta de luz tiene consecuencias represivas, mientras que permanecer alineado con el poder puede garantizar la inmunidad frente al apagón. Es un chantaje de supervivencia en el que los derechos humanos y las libertades civiles son pisoteados para mantener el statu quo.
El otorgamiento de paneles solares a los «leales» también funciona como un dispositivo de vigilancia pasiva. Los beneficiarios, conscientes de que su confort depende de su buena conducta política, se convierten en agentes de contención social dentro de sus propios barrios. Su silencio o su defensa del gobierno ante el descontento de sus vecinos es el precio que pagan por mantener los electrodomésticos encendidos. De este modo, el régimen externaliza el control social, creando burbujas de bienestar rodeadas de miseria, donde la fidelidad es la única moneda de cambio aceptada.
Implicaciones futuras y perspectivas
El uso de la energía solar como prebenda política evidencia la bancarrota del modelo impuesto por la dirigencia cubana. A corto plazo, esta estrategia puede permitir al ejecutivo cubano contener el descontento de ciertos sectores estratégicos, evitando que profesionales de la salud o educadores se sumen a la creciente ola migratoria o a las filas del descontento civil. Sin embargo, a mediano y largo plazo, el resentimiento social generado por estas desigualdades flagrantes podría convertirse en un catalizador de inestabilidad mayor.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan monitoreando la grave situación en la isla. La instrumentalización de los servicios básicos para fines de control político representa una violación de los derechos económicos y sociales de la población cubana. Mientras el régimen de La Habana persista en negar las causas reales del colapso —la falta de libertades, la ineficiencia del modelo estatal centralizado y la corrupción institucionalizada—, medidas como la distribución clientelar de paneles solares serán únicamente parches ineficaces sobre una herida que amenaza con gangrenarse. La verdadera solución a la crisis energética y social de Cuba pasará inevitablemente por un cambio estructural que devuelva a los ciudadanos no solo el derecho a la electricidad, sino el derecho a decidir su propio destino.
