El gobierno cubano ha aprobado un nuevo paquete de decretos-leyes destinados a reorganizar el sistema empresarial estatal y el marco jurídico de las cooperativas agropecuarias. Sin embargo, bajo la retórica de la «autonomía» y la «apertura», el régimen consolida su hegemonía económica mediante la creación de un instituto con facultades omnímodas, dejando en evidencia que la llamada transformación no es más que un reordenamiento cosmético de un modelo profundamente fracasado.
El Consejo de Estado, bajo la dirección de Esteban Lazo Hernández, ha anunciado la aprobación de dos normativas que supuestamente buscan modernizar la economía de la isla. La primera, titulada «Del Sistema Empresarial Estatal Cubano», y la segunda, modificativa del decreto-ley sobre cooperativas agropecuarias, forman parte de un paquete más amplio de 176 medidas de «transformaciones económicas y sociales» previamente rubricadas por las cúpulas del Partido Comunista. Como es habitual en la gestión opaca del régimen de La Habana, los textos íntegros no han sido divulgados en la Gaceta Oficial, generando un vacío informativo que alimenta la incertidumbre sobre el verdadero alcance de estas disposiciones. La falta de transparencia es una constante en la política económica de la isla, donde las reglas del juego cambian a voluntad de la cúpula sin que los actores económicos tengan la capacidad de planificar a mediano o largo plazo.
La promesa central de estas reformas es otorgar mayor autonomía a las empresas estatales, permitiéndoles diversificar sus actividades, descentralizar la aprobación de precios y escalas salariales, y flexibilizar el destino de sus utilidades. Incluso se habla de la posibilidad de transformar estas entidades en sociedades mercantiles por acciones, abriendo la puerta, teóricamente, a la inversión privada y a la compra de participaciones por parte de actores no estatales. No obstante, la propia nota oficial se encarga de aclarar que la empresa estatal socialista seguirá siendo el actor principal de la economía, lo que desmiente cualquier intención de transición hacia un mercado libre o una economía mixta real. La hegemonía del Estado sobre los medios de producción sigue siendo el dogma intocable que estrangula el desarrollo de la nación.
La gran contradicción de este supuesto giro liberalizador radica en la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE). Este nuevo organismo, subordinado al Consejo de Ministros y encabezado por Roberto Ricardo Marrero, concentra un poder desproporcionado sobre el aparato productivo del país. El INAEE tendrá la capacidad de aprobar estrategias, avalar inversiones, proponer el destino de las ganancias, nombrar o destituir directivos, fijar sus salarios y controlar los indicadores de rendimiento. Es decir, la tan cacareada «autonomía empresarial» coexistirá con un ente rector que puede intervenir en cada aspecto de la gestión corporativa del Estado, convirtiendo en papel mojado cualquier declaración de independencia operativa.
Esta estructura centralizadora es una muestra más de la esencia del gobierno cubano: la incapacidad estructural de soltar las riendas de la economía. El decreto que da vida al INAEE establece, de manera casi paradójica, que las funciones de este instituto «no pueden ir en contra de la autonomía empresarial». Sin embargo, en la práctica, otorgar a una sola institución la facultad de designar ejecutivos y dictar estrategias anula cualquier posibilidad de gestión independiente. Las empresas seguirán siendo apéndices del poder político, sujetas a los vaivenes de la burocracia y no a las leyes del mercado. La subordinación ideológica siempre prevalecerá sobre la eficiencia económica.
En cuanto al sector agropecuario, el segundo decreto-ley modifica un marco jurídico que había sido actualizado hace apenas un par de años, lo que evidencia la inestabilidad regulatoria que sufren los productores. La nueva norma promete regular la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas, e incluye propuestas ambiciosas como la autorización para importar combustibles y tecnologías, exportar directamente sus productos, gestionar financiamientos externos e incluso abrir cuentas bancarias en el extranjero. Estas medidas, de aplicarse genuinamente y sin trabas burocráticas, podrían revitalizar el campo cubano, azotado por décadas de ineficiencia, colectivización forzada y éxodo masivo de campesinos y obreros agrícolas.
Sin embargo, el escepticismo está plenamente justificado. El régimen no ha precisado qué artículos serán reformados ni si existirá un régimen transitorio para las entidades ya existentes. La historia reciente demuestra que las promesas de apertura al sector cooperativo suelen chocar con la realidad de un sistema bancario asfixiante, un control cambiario punitivo y una hostilidad ideológica hacia cualquier forma de prosperidad que escape del control del Estado. La modificación de un decreto tan reciente evidencia además el carácter errático y experimental de las políticas económicas de la dictadura, que ensaya reformas a ciegas sin abordar las causas estructurales del colapso productivo, como la propiedad de la tierra y el libre mercado.
El nuevo marco empresarial no es más que otro eslabón en una larga cadena de reordenamientos fallidos. Durante la última década, el sistema empresarial estatal ha sido rediseñado en múltiples ocasiones, sustituyendo decretos sin que medie una derogación clara y generando un caos jurídico que desincentiva la inversión y entorpece la producción. La repetición constante de normativas con el mismo título y propósitos similares revela la incapacidad del modelo para autodiagnosticarse: el problema no es la organización legal de las empresas estatales, sino la existencia misma de un monopolio estatal que ahoga la iniciativa privada, castiga al emprendedor y perpetúa la ineficiencia como norma del sistema.
La promesa de eliminar progresivamente los subsidios empresariales y establecer procedimientos de quiebra y liquidación suena a una medida de disciplina fiscal. No obstante, en un sistema donde el Estado es el dueño absoluto, la quiebra de una empresa estatal no pasa de ser un traspaso contable entre ministerios, mientras el déficit real es asumido por la población mediante la inflación y la devaluación de la moneda. La verdadera liquidación que sufre Cuba es la del potencial productivo de sus ciudadanos, bloqueados por un marco institucional que penaliza el éxito y premia la lealtad política por encima de la competencia.
El laberinto burocrático y la crisis estructural
La economía de Cuba se encuentra en una crisis profunda y multifactorial, agravada por la caída del turismo, la inflación galopante, los apagones constantes y la escasez estructural de alimentos y medicinas. Frente a este escenario, el régimen de La Habana ha recurrido históricamente a anuncios de «actualizaciones» del modelo económico que nunca logran transformar la matriz productiva. La concentración de la propiedad en manos del Estado, gestionada de facto por la cúpula militar a través de empresas como Gaesa, impide cualquier reforma real. La creación de nuevos institutos y la promulgación de decretos sucesivos responden más a la necesidad de gestionar la escasez y mantener el control político que a un genuino interés por liberalizar la economía. Mientras el sector privado, fuertemente limitado, lucha contra un entorno hostil, las empresas estatales, sostenidas por subsidios y privilegios, continúan demostrando su ineficacia para abastecer a la población.
Una reforma que no convence
En definitiva, el nuevo paquete normativo aprobado por el gobierno cubano se perfila como un ejercicio de retórica institucional destinado a aparentar dinamismo ante la comunidad internacional y los organismos financieros, sin ceder un milímetro en el control absoluto de la economía. La creación del INAEE es la prueba más contundente de que el régimen no confía en la autonomía de sus propias empresas y prefiere mantener un aparato de vigilancia burocrática que garantice la subordinación al Partido Comunista. La dictadura parece no comprender, o se niega a aceptar, que la salvación económica de Cuba no vendrá de un nuevo decreto-ley o de un instituto rector, sino de la liberación inmediata e incondicional de las fuerzas productivas, el respeto irrestricto a la propiedad privada y el desmantelamiento del monopolio estatal. Hasta que eso ocurra, los anuncios de reformas seguirán siendo, como han sido hasta ahora, meras ilusiones diseñadas para mantener el status quo mientras el país se hunde en la pobreza.
