La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó recientemente a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez de su lista de Nacionales Especialmente Designados. La medida, que carece de justificación oficial por parte de Washington, revierte las sanciones impuestas en 2018 y representa un respaldo diplomático a Caracas que podría tener repercusiones directas en el sostenimiento del régimen cubano.
La actualización emitida por el Tesoro estadounidense se limitó a informar la supresión de las dos entradas bajo las que aparecía la funcionaria, sin ofrecer explicaciones políticas ni anunciar un paquete más amplio. Esta acción deshace la ofensiva lanzada hace ocho años por la administración de Donald Trump contra el círculo íntimo de Nicolás Maduro. En aquel entonces, Washington bloqueó los bienes de Rodríguez y le prohibió realizar transacciones bajo jurisdicción estadounidense por ser considerada una pieza clave en el engranaje autoritario que permitía a Maduro afianzar su dominio mientras la población venezolana enfrentaba una severa crisis.
El levantamiento de la sanción es interpretado por agencias internacionales como un reconocimiento de la Casa Blanca hacia la dirigente chavista como autoridad legítima. Este viraje abre la puerta para que el gobierno encabezado por Rodríguez asuma el control de activos venezolanos en territorio estadounidense, entre ellos la petrolera CITGO, consolidando su posición tras meses de contactos estrechos, visitas oficiales y acuerdos energéticos bilaterales. Hasta el momento, Washington no ha explicado por qué la figura que en 2018 presentaba como sostén del autoritarismo es ahora la única beneficiaria visible de esta reversión, quedando fuera otros sancionados de aquel paquete.
Implicaciones para el régimen cubano
Este movimiento geopolítico no ocurre en el vacío y es observado con atención desde La Habana. El gobierno cubano depende históricamente del flujo de petróleo venezolano y del respaldo político de Caracas para paliar su profunda crisis energética y económica. El reconocimiento de Washington a figuras clave del chavismo alivia la presión internacional sobre el aliado principal de la isla, lo que indirectamente oxigena a las autoridades de la isla en medio de un colapso sistémico, inflación galopante, desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes.
La ausencia de una explicación pública sobre este cambio de criterio plantea serias interrogantes sobre la coherencia de la política exterior estadounidense en la región. Mientras la dictadura cubana y sus aliados celebran estos gestos de distensión que aseguran el flujo de recursos, la sociedad civil de ambos países continúa enfrentando la represión y la falta de libertades fundamentales. La comunidad internacional teme que los intereses geopolíticos y energéticos terminen sepultando la exigencia de derechos humanos y democráticos en el Caribe, dejando en el olvido las promesas de castigo a los responsables de la persecución política y el deterioro institucional.
