La Fundación e-Governance Academy de Estonia ha abierto un proceso de licitación para adquirir equipamiento tecnológico destinado a la digitalización del Estado en Cuba, con una inversión inicial de 441.000 euros financiados por la Unión Europea. El proyecto, que se extenderá hasta 2028, busca adaptar el modelo estonio a la isla, aunque levanta serias interrogantes sobre el control y la vigilancia estatal en un país catalogado como \»No libre\».
La iniciativa, denominada \»Cuba Digital\», es un proyecto de cooperación internacional implementado por la entidad estonia junto a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP), vinculada al Gobierno de España. Con un presupuesto total de 3,1 millones de euros, el plan contempla la adquisición de equipos de comunicación móvil, periféricos y soluciones de visualización. Sin embargo, la información pública sobre la licitación omite detalles cruciales, como las cantidades exactas, los modelos o el organismo cubano que recibirá y custodiará esta infraestructura.
Según las declaraciones de los responsables del proyecto, el objetivo es reforzar las capacidades estatales para ofrecer servicios públicos digitales, impulsar la identidad digital y establecer sistemas de teleasistencia. Hannes Astok, director ejecutivo de la e-Governance Academy, ha defendido la transferencia de experiencia estona para construir sistemas \»eficientes y transparentes\». No obstante, esta narrativa choca frontalmente con la realidad institucional de la isla, donde las autoridades de La Habana mantienen un control centralizado y absoluto sobre la infraestructura tecnológica y el acceso a internet.
Modernización administrativa o fortalecimiento del aparato represivo
El debate ético sobre la cooperación tecnológica con un régimen no democrático resulta inevitable. Mientras el ejecutivo cubano enfrenta un colapso sistémico que incluye apagones constantes, hiperinflación y un éxodo migratorio histórico, la inyección de capital europeo para digitalizar trámites administrativos genera un profundo escepticismo. Organizaciones internacionales como Freedom House han clasificado a Cuba como un país \»No libre\» en su informe Freedom on the Net 2024, otorgándole apenas 20 puntos de 100 debido a la severa censura y la vigilancia gubernamental en el entorno digital.
La pregunta central que rodea este proyecto no es si la digitalización agilizará la burocracia, sino quién controlará la arquitectura de datos resultante. En manos de la dictadura cubana, la modernización de los sistemas de impuestos, registros públicos y catastros puede transformarse fácilmente en una herramienta de mayor eficiencia para el control social y la persecución ciudadana. Sin garantías reales de protección de datos y privacidad, la asistencia europea corre el riesgo de fortalecer la capacidad de vigilancia del Estado en detrimento de los derechos fundamentales de la población cubana.
