El legislador Marko Cortés Mendoza impulsa un punto de acuerdo en el Senado para exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum y a Pemex un informe detallado sobre los embarques de combustible a la isla, los cuales se han triplicado y superan los 3.000 millones de dólares en pocos meses, bajo un cuestionado amparo de «ayuda humanitaria» que ignora la grave crisis de derechos humanos en la nación caribeña.
El senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, presentará un punto de acuerdo ante la Cámara Alta para exigir rendición de cuentas de manera urgente al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, y a la secretaria de Energía, Luz Elena González. La solicitud exige un informe exhaustivo y público sobre los envíos de hidrocarburos y combustibles subsidiados a Cuba desde el 1 de octubre hasta la fecha, tras revelarse una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que evidencia una alarmante triplicación en estos despachos.
Cortés cuestionó severamente que el ejecutivo mexicano clasifique estos embarques bajo la etiqueta de «ayuda humanitaria». La exigencia del legislador se fundamenta en la realidad de la dictadura cubana, que mantiene un férreo control social y represivo sobre la población. Según documentación de la ONG Prisoners Defenders, el régimen actual mantiene a 1.185 personas presas por motivos políticos, incluyendo mujeres y niños, como represalia por manifestarse pacíficamente. Ante este escenario, el senador subrayó que los recursos de los mexicanos no deben utilizarse para subsidiar a un gobierno que vulnera sistemáticamente los derechos humanos y que el Estado no puede aplicar selectivamente los principios de política exterior ignorando la promoción de las libertades fundamentales.
Millonario flujo financiero a la isla
Las cifras expuestas por el legislador revelan la magnitud del flujo financiero hacia el régimen de La Habana. Entre mayo y agosto de 2025, los embarques a través de «Gasolina Bienestar», empresa sucursal de Pemex, sumaron 3.000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 60.000 millones de pesos. Este volumen contrasta de manera drástica con los poco más de 1.000 millones de dólares enviados durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), lo que evidencia un escalamiento significativo en el apoyo energético a la isla bajo la nueva administración.
El exhorto parlamentario solicita el desglose minucioso de las operaciones, incluyendo volúmenes totales de crudo, diésel, turbosina y derivados, así como sus valores económicos estimados y los subsidios implícitos. Además, exige claridad sobre los puertos de salida, tales como Coatzacoalcos (Veracruz) y Tampico (Tamaulipas), y los puntos de destino en territorio cubano. Un punto crítico de la demanda radica en la identificación de los buques utilizados, particularmente el Sandino y el Ocean Mariner. Cortés advirtió que el Sandino está incluido desde el 24 de septiembre de 2019 en la lista de embarcaciones sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que exige una evaluación del riesgo de sanciones económicas, financieras y diplomáticas para México.
Opacidad institucional y pérdidas en Pemex
La filial Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., creada en 2022 específicamente para estas exportaciones, ha reportado pérdidas superiores a 324 millones de dólares (unos 5.836 millones de pesos) atribuidas a los subsidios otorgados a la isla. Previamente, Pemex se negó a entregar a medios locales los comprobantes de pago que el gobierno cubano habría realizado por los envíos desde 2023, argumentando su naturaleza de sociedad mercantil de derecho privado para evadir las obligaciones de transparencia. Esta postura fue rechazada por Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien recordó que cualquier entidad que ejerce recursos públicos está obligada a rendir cuentas bajo el artículo 6º constitucional, independientemente de su figura jurídica.
Los datos oficiales corroboran el incremento sostenido en estas operaciones. Reportes de Pemex ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), citados por Industry & Energy Magazine, indican que la petrolera elevó en 6% el valor de sus exportaciones de hidrocarburos a Cuba en el primer semestre de 2025. El promedio enviado fue de 17.900 barriles diarios, representando el 3,3% de las exportaciones totales de crudo y el 1,8% de los petrolíferos de la empresa en ese periodo. Información de la Secretaría de Energía (SENER), recopilada por medios locales, ubica el valor de estas exportaciones en 289 millones de dólares en ese mismo lapso.
Contexto: El oxígeno financiero a un sistema en colapso
El flujo constante de combustible mexicano llega a una Cuba sumida en una profunda y prolongada crisis estructural, caracterizada por el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), desabastecimiento generalizado, inflación galopante y el deterioro acelerado de los servicios públicos. Sin embargo, la ayuda energética rara vez se traduce en un alivio directo para la ciudadanía. Por el contrario, el gobierno cubano utiliza estos recursos estratégicos para mantener operativa la maquinaria estatal, alimentar el sector militar-turístico y evitar un apagón total que precipite un estallido social inmanejable para el poder.
Mientras el régimen de La Habana recibe combustibles subsidiados o donados, la represión política se mantiene como su principal herramienta de control social. La dictadura cubana prioriza la estabilidad de su aparato represivo por encima del bienestar de la población, ignorando las demandas democráticas que motivaron las protestas históricas del 11 de julio de 2021. El éxodo migratorio masivo, que ha visto salir a cientos de miles de cubanos en los últimos años hacia distintos continentes, es consecuencia directa de esta falta de oportunidades económicas y de la asfixia sistemática de las libertades fundamentales.
Históricamente, la dependencia energética de la isla ha sido su talón de Aquiles. Con las fluctuaciones en los suministros de Venezuela y la incapacidad de la industria nacional para procesar de manera eficiente el crudo pesado extraído en el norte del país, las autoridades de la isla han buscado benefactores alternativos. El apoyo mexicano, bajo el amparo de la solidaridad diplomática, ha servido como una válvula de escape para un sistema económico ineficiente y centralizado que se niega a realizar reformas estructurales que puedan amenazar su monopolio del poder.
Implicaciones futuras y costo político
La exigencia del Senado mexicano plantea un dilema crucial para la administración de Claudia Sheinbaum en materia de política exterior y manejo de recursos públicos. Destinar miles de millones de pesos a subsidiar a la dictadura cubana, mientras en México persisten necesidades apremiantes en infraestructura educativa, investigación de delitos federales, seguridad y atención a desastres naturales, representa un costo político interno elevado que la oposición busca capitalizar. La presión parlamentaria busca garantizar que la transparencia prevalezca sobre la opacidad con la que se han manejado estos convenios bilaterales.
A futuro, el escrutinio legislativo y de la sociedad civil podría obligar a revisar los términos de estos envíos energéticos. Cualquier interrupción o condicionamiento del apoyo mexicano pondría en jaque a las autoridades de la isla, quienes dependen cada vez más del respaldo internacional para sostener un modelo que ha demostrado su fracaso rotundo. La comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, también observa de cerca estas transacciones, lo que podría generar fricciones diplomáticas si se confirma el uso de embarcaciones sancionadas para sostener económicamente al régimen cubano.
