La Seguridad del Estado citó e interrogó a Carlos Alejandro Campos Cruz, de 20 años, y a Ernesto de Jesús González Fleitas, aún menor de edad, tras publicar un tema musical que critica la nueva y restrictiva política de precios de la compañía estatal de telecomunicaciones. Los adolescentes fueron acusados de «alteración del orden» y amenazados con hacerlos responsables de cualquier incidente que ocurra en las instalaciones de la empresa, en un claro episodio de amedrentamiento y censura por parte del aparato represivo de la isla.
El periodista Mario J. Pentón fue quien reveló los detalles de la represión a través de fuentes cercanas a los jóvenes. Según el comunicador, la dictadura cubana se abalanzó sobre ellos tratándolos «como si fueran terroristas» para llevarlos a una unidad policial. Allí, fueron sometidos a un interrogatorio y a amenazas directas, en un intento del poder por silenciar a quienes han logrado canalizar el profundo descontento popular a través del arte y la sátira.
La medida represiva contra estos artistas responde directamente a su crítica hacia el llamado «Tarifazo» de ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones. Desde el pasado 30 de mayo, la empresa impuso un nuevo esquema comercial que ha sido calificado por la ciudadanía como un «robo a mano armada». La política restrictiva limita a una sola recarga mensual en moneda nacional (CUP) a un máximo de 360 pesos, restringiendo severamente el acceso a planes básicos de datos, llamadas y mensajes para la inmensa mayoría de la población.
Paralelamente, las autoridades de la isla promocionan de manera agresiva ofertas en dólares estadounidenses, las cuales solo pueden adquirirse desde el exterior o a través de la billetera digital Monedero MiTransfer, un sistema que opera exclusivamente con divisas. Esta brecha monetaria obliga a los cubanos que no reciben remesas a desconectarse del mundo digital, mientras que quienes deseen acceder a más de 6 GB mensuales deben depender del envío de dinero desde afuera.
Indignación ciudadana y rechazo generalizado
La respuesta social no se ha hecho esperar. En las redes sociales, figuras de la sociedad civil y el ámbito intelectual han alzado la voz contra lo que consideran una medida excluyente. La activista Saily González Velázquez, exiliada en Estados Unidos, denunció un esquema de «extorsión institucional» y «apartheid digital». González comparó la dinámica del régimen de La Habana con la de un secuestrador que pide rescate, instando a la emigración cubana a cortar temporalmente el flujo de recargas como forma de presión.
Por su parte, el escritor y académico Pedro de Jesús López Acosta cuestionó duramente la decisión desde su perfil en Facebook. El intelectual señaló que poner un tope de 6 GB al mes es una cantidad irrisoria que limita descaradamente los derechos digitales de los ciudadanos, dejando a investigadores, profesores y editores «a merced de la pedigüeñería internacional». López Acosta se preguntó sobre el destino de la supuesta «sociedad de la información y el conocimiento» que el discurso oficial prometía construir, concluyendo que el acceso ahora está condicionado al envío de dólares desde el extranjero.
Incluso los espacios controlados por el gobierno cubano han reflejado la irritación popular. En publicaciones realizadas por comunicadores afines al oficialismo, como el periodista Lázaro Manuel Alonso, decenas de comentarios de ciudadanos comunes expresaron su rechazo a la medida. Los usuarios señalaron con crudeza la desconexión de la élite con la realidad: «El plan extra supera el salario mínimo», «El que no tenga familia en el extranjero, ¿qué hace?» y «Cada día la vida del cubano es más imposible», fueron algunas de las quejas que inundaron las plataformas estatales.
Contexto sistemico: Crisis económica y control digital
El tarifazo de ETECSA no es un hecho aislado, sino un síntoma más de la profunda crisis estructural que asfixia a la isla. La economía cubana atraviesa un periodo de hiperinflación, desabastecimiento crónico de alimentos y colapso del sistema electroenergético, con apagones que duran horas y afectan la productividad y la vida diaria. En este escenario, el salario mínimo en moneda nacional es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, por lo que limitar el acceso a internet a 360 CUP equivale a una desconexión forzada para millones de personas que no tienen acceso a divisas.
El acceso a internet en Cuba ha sido históricamente controlado por el régimen de La Habana como una herramienta de vigilancia y contención social. Tras la llegada del servicio de datos móviles en 2018, la conectividad se convirtió en una válvula de escape para la ciudadanía, pero también en un campo de batalla. La dictadura ha empleado el apagón selectivo de redes y la desconexión de internet en momentos de protesta civil, como ocurrió durante el estallido social del 11 de julio de 2021. El nuevo esquema tarifario representa una forma de censura económica, donde la libertad de información queda supeditada a la capacidad de pago en moneda extranjera.
Asimismo, la medida expone la dependencia absoluta del ejecutivo cubano hacia las remesas. El gobierno, incapaz de generar riqueza interna o atraer inversión productiva, ha diseñado un modelo de extorsión donde la supervivencia de los cubanos dentro de la isla depende del flujo de dinero enviado por los más de un millón de emigrantes que han abandonado el país en los últimos años. Esta dinámica de «rescates» forzados alimenta el constante éxodo migratorio, ya que la falta de oportunidades y el costo de vida empujan a la juventud a abandonar el país.
Represión a la disidencia artística
La acción policial contra Campos Cruz y González Fleitas se inscribe en la habitual estrategia de la dictadura cubana de criminalizar la protesta social. Acusar a dos jóvenes de «alteración del orden» y «provocar malestar» por el simple hecho de componer una canción satírica demuestra el nivel de intolerancia del aparato estatal. Las amenazas de inculparlos por cualquier daño a ETECSA constituyen una práctica de hostigamiento psicológico típica de la Seguridad del Estado, que busca sembrar el miedo y desincentivar a otros ciudadanos de alzar la voz.
Desde la implementación del Decreto 370 y otras normativas restrictivas, el gobierno cubano ha perseguido a periodistas independientes, artistas y activistas que utilizan el ciberespacio para denunciar la realidad nacional. Los jóvenes músicos se unen así a una larga lista de creadores reprimidos por reflejar en su obra el sentir de un pueblo frustrado por la falta de libertades y el colapso material.
El acoso contra estos dos muchachos envía un mensaje de intimidación a la juventud cubana, pero la magnitud del rechazo al tarifazo de ETECSA sugiere que el descontento ha superado el umbral del miedo. La fractura evidente en el discurso oficial y la exigencia de la diáspora de cortar el flujo de remesas anticipan un escenario de mayor tensión social. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben mantener la atención sobre el caso de estos jóvenes, cuya única «culpa» ha sido darle voz y ritmo a la indignación de una nación cansada del abuso y la exclusión.
