La organización independiente Food Monitor Program ha denunciado que las autoridades de la isla han emitido la orden de «barrer a los mendigos» de las calles de Cuba, en medio de una profunda crisis económica que ha arrojado a miles de jubilados a la pobreza absoluta. El reporte expone la cruda realidad de un sistema de seguridad social colapsado, donde el reciente incremento anunciado por el gobierno cubano resulta insuficiente frente a una inflación galopante y la dolarización forzosa de la economía.
A través de un extenso y detallado testimonio, la organización documentó el caso de María, una anciana de 80 años que resume el drama de miles de cubanos en situación de calle. Exmaestra alfabetizadora y jubilada tras toda una vida de trabajo bajo el sistema estatal, María sobrevive hoy hurgando en latones de basura, víctima de un aparato gubernamental que le prometió protección social y le devolvió abandono total. Su historia desmiente de facto el discurso oficial que insiste en negar la miseria visible en las calles del país.
El Estado cubano reconoce que cerca del 40% de los jubilados perciben la pensión mínima. Recientemente, el ejecutivo cubano anunció un aumento de estos haberes, que pasarán de aproximadamente 1.500 pesos cubanos a cerca de 3.000. Sin embargo, como señala el reporte de Food Monitor Program, este incremento es puramente nominal y estadístico. En la práctica, esa cantidad no permite el acceso a productos básicos de la canasta alimentaria, siendo insuficiente incluso para comprar un litro de leche, un muslo de pollo o un paquete de huevos a los precios actuales del mercado informal.
El análisis de la organización va más allá del simple monto numérico y apunta a las causas estructurales del desastre. El texto advierte que cualquier aumento salarial o de pensiones carece de valor real si no se erradican los males que aquejan a la economía nacional: la inflación incontrolada, la dolarización de los mercados, los precios abusivos y el fracaso de la economía centralizada. Las malas políticas y la falta de inversión en sectores estratégicos han convertido la vejez en una condena de miseria para amplios sectores de la población que dedicaron su vida laboral al Estado.
La negación institucional y la criminalización de la pobreza
La respuesta del régimen de La Habana ante esta crisis humanitaria ha sido la negación sistemática y la manipulación de la información. La exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, negó rotundamente ante el Parlamento la existencia de mendigos en las calles de la isla. En su lugar, la funcionaria aseguró que se trataba de individuos «disfrazados» que habían optado por «un modo de vida fácil» y por participar en «actividades económicas ilegales» para evadir al fisco, una afirmación que minimiza el hambre y criminaliza la indigencia.
Estas declaraciones contrastan de manera obscena con la realidad documentada. El testimonio de María revela una vida marcada por el sacrificio inútil para el sistema. Tras perder su vivienda debido al derrumbe de un solar, fue derivada a un albergue estatal. Sin embargo, las condiciones infrahumanas de estos centros —caracterizados por el hacinamiento extremo, la falta de agua y alimentos, y la ausencia de atención médica— la obligaron a huir. En la calle, durmiendo en parques y portales, su deterioro físico fue evidente hasta el punto de ser tildada de «loca» y rechazada por una sociedad también empobrecida.
Frente a esta situación, la advertencia de que «la orden de barrer a los mendigos está dada» enciende las alarmas sobre la posible represión policial contra los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. La dictadura cubana, acostumbrada a ocultar la pobreza para mantener una fachada de igualitarismo hacia el exterior, parece optar por la persecución en lugar de la asistencia. La crítica de la organización es tajante al respecto, señalando que la verdadera locura reside en la negación de los altos funcionarios de ver a los miles de personas que «bucean en los tanques» y piden dinero para sobrevivir.
El colapso estructural y el envejecimiento poblacional
El drama de los jubilados como María no es un hecho aislado, sino el síntoma más cruel de la crisis estructural que atraviesa Cuba. La isla enfrenta uno de los procesos de envejecimiento poblacional más acelerados del hemisferio occidental, agravado por un éxodo migratorio masivo que ha vaciado al país de su fuerza laboral joven. Con menos trabajadores activos aportando al sistema de seguridad social y un Estado carente de liquidez, el esquema de pensiones ha colapsado bajo su propio peso, sin perspectivas de recuperación a corto o mediano plazo.
A esto se suma el deterioro irreversible de los servicios públicos. La salud pública, otrora presentada como uno de los grandes pilares del sistema, sufre de un desabastecimiento crónico de medicinas y material médico. Los adultos mayores son los principales perjudicados de este colapso, viéndose obligados a depender de remesas familiares —cuando las hay— o a mendigar para costear tratamientos básicos. El caso de María, quien padece de cáncer sin recibir atención adecuada, ilustra cómo el abandono estatal es total y definitivo para quienes ya no son productivos para el aparato gubernamental.
Antecedentes de un sistema fracasado
Desde la instauración del modelo económico centralizado, el Estado cubano monopolizó la distribución de la riqueza y la prestación de servicios sociales. Durante décadas, la narrativa oficial se sustentó en la idea de que el sacrificio de las generaciones presentes garantizaría un retiro digno en el futuro. No obstante, la caída de los subsidios soviéticos en los años noventa y la ineficiencia productiva crónica del modelo mostraron las fisuras del sistema. Las reformas económicas implementadas en los últimos años, lejos de aliviar la carga, han profundizado la desigualdad y destruido el poder adquisitivo de la moneda nacional, empujando a los sectores más vulnerables a la indigencia.
El sistema de asistencia social, que debería funcionar como una red de contención para casos como el de María, es hoy una estructura burocrática vacía. Los albergues y comedores estatales carecen de recursos para operar, y la ayuda se vuelve inaccesible debido a la trabas administrativas y la falta de suministros. La promesa de un Estado paternalista ha quedado reducida a la propaganda, dejando a los ciudadanos solos frente a la emergencia.
Consecuencias y perspectivas futuras
La orden de «barrer» a los mendigos augura un escenario aún más oscuro para la ciudadanía cubana. La criminalización de la pobreza no resolverá la crisis de las pensiones ni devolverá la dignidad a quienes dedicaron su vida al trabajo. Mientras el gobierno cubano persista en negar la evidencia y evite implementar reformas estructurales que liberalicen la economía y permitan la generación de riqueza real, el número de adultos mayores en las calles seguirá en aumento. La imagen de María empujando un saco viejo de papas con sus cartones para dormir es la metáfora más dolorosa del fracaso del modelo cubano.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán prestar atención a esta política de invisibilización y represión contra los sectores más vulnerables. El silencio oficial no puede convertirse en la tumba de miles de ancianos abandonados a su suerte. La responsabilidad de esta tragedia humana recae directamente sobre las autoridades de la isla, que ante la incapacidad de proveer soluciones, optan por esconder el problema bajo la alfombra de la represión policial.
