La joven Elianne Reyes Gómez, de 26 años, fue asesinada por su pareja en su vivienda de Madruga, provincia de Mayabeque, elevando a 44 la cifra de feminicidios verificados durante este año en la isla. La confirmación provino de plataformas independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC), quienes llenan el vacío informativo dejado por la ausencia de estadísticas oficiales transparentes por parte de las autoridades cubanas.
El crimen, ocurrido el pasado 7 de diciembre, dejó huérfana a una hija pequeña de la víctima, según detallaron los observatorios en sus redes sociales. La verificación de este caso se realizó a través de una consolidada red de contactos locales y fuentes comunitarias, una metodología que ha sido clave para documentar la violencia machista frente al hermetismo institucional. Hasta la fecha, los registros de OGAT y YSTCC también contabilizan 16 intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género, además de mantener abiertas tres investigaciones que requieren acceso a los expedientes policiales para su esclarecimiento.
Opacidad estatal y criminalización del activismo feminista
Ante la negativa del Estado cubano de publicar datos sistemáticos y desagregados, los colectivos independientes se han erigido como la única fuente fiable para dimensionar esta crisis. El régimen de La Habana evita tipificar legalmente el feminicidio y prefiere utilizar eufemismos como \»asesinato por razones de género\». Aunque el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), entidad oficialista, reconoció hace meses 76 mujeres asesinadas en procesos judiciales concluidos, la cifra no refleja la totalidad de los crímenes ocurridos en el período y carece de la profundidad analítica que exigen las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Desde 2019, las organizaciones feministas han documentado al menos 300 feminicidios en la isla, operando en un entorno de constante hostigamiento. La dictadura cubana mantiene una política de criminalización hacia el activismo feminista, limitando el acceso a fuentes institucionales y reprimiendo cualquier intento de protesta social que exija la aprobación de una ley integral contra la violencia de género. Esta represión se suma a una profunda crisis estructural marcada por el colapso de los servicios públicos, la inseguridad ciudadana y un éxodo migratorio sin precedentes, factores que agravan la vulnerabilidad de las mujeres en el país.
Mientras las organizaciones de la sociedad civil mantienen abiertas alertas de posibles nuevos crímenes en provincias como Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, Artemisa, Villa Clara y Granma, la exigencia de protocolos públicos de registro se vuelve cada vez más urgente. La inacción del ejecutivo cubano no solo perpetúa la impunidad de los agresores, sino que evidencia el desprecio institucional por la vida de las mujeres. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deberán continuar presionando para que el gobierno rinda cuentas sobre esta violencia sistémica y adopte medidas reales, más allá de la retórica oficial, para proteger a la ciudadanía.
