El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Ucrania, Oleksandr Merezhko, solicitó la imposición de sanciones contra el régimen de La Habana por su complicidad en el envío de miles de combatientes cubanos a la guerra de agresión rusa. La demanda se produjo durante una reunión bilateral con parlamentarios británicos en el Palacio de Westminster, donde el legislador también cuestionó la cooperación económica de la Unión Europea con la isla.
En su intervención, Merezhko denunció la presencia de aproximadamente 20.000 cubanos combatiendo en las filas del ejército ruso. Aunque el gobierno cubano ha negado oficialmente cualquier implicación, el parlamentario ucraniano subrayó que en un sistema totalitario este tipo de movilización masiva no podría ocurrir sin el permiso, al menos tácito, de las autoridades de la isla. La declaración, respaldada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), expone cómo la dictadura cubana ha permitido que sus ciudadanos sean utilizados como carne de cañón para sostener los intereses geopolíticos de Moscú.
El legislador ucraniano dirigió fuertes críticas hacia la Unión Europea por mantener su Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con el ejecutivo cubano. Merezhko recordó que, bajo este marco, Bruselas financia unos 80 proyectos de desarrollo por valor de 155 millones de euros, a pesar de que el régimen de La Habana viola sistemáticamente los compromisos de derechos humanos estipulados en el propio acuerdo. A esto se suma el hecho de que el Reino Unido y otros miembros del Club de París han condonado 8,5 billones de dólares de la deuda cubana acumulada desde 1986, beneficiando a un gobierno que hoy amenaza la integridad territorial de Europa.
Complicidad estatal y crisis estructural
El reclamo de Ucrania no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la política exterior de la dictadura cubana, que desde el inicio de la invasión rusa a gran escala ha mantenido una postura de respaldo al Kremlin. El envío de mercenarios se inserta en un contexto de profunda crisis económica y represión social en la isla, donde la falta de oportunidades y el desabastecimiento empujan a la ciudadanía a aceptar contratos militares en el extranjero como una vía desesperada de supervivencia. Esta dinámica evidencia cómo el régimen lucra con la vulnerabilidad de su población mientras evade cualquier control democrático.
Las exigencias del Parlamento ucraniano se producen tras la decisión de Kiev de cerrar su embajada en La Habana y votar en contra del levantamiento del embargo estadounidense en la Organización de Naciones Unidas (ONU). El endurecimiento de la postura ucraniana marca un precedente para la comunidad internacional y presiona a las democracias occidentales para que reevalúen sus lazos diplomáticos y comerciales con la isla. La exigencia de sanciones envía un mensaje claro: la complicidad con la agresión rusa y la violación de derechos humanos deben tener consecuencias tangibles para el gobierno cubano, aislando aún más a un régimen que depende históricamente del respaldo de potencias extranjeras para sostenerse en el poder.
