Alberto Díaz Pérez, uno de los seis hombres que fueron inicialmente sentenciados a la pena de muerte tras la violenta fuga de la prisión de Canaleta en 1999, ha denunciado el grave estado de abandono médico y los presuntos maltratos psicológicos que sufre en la cárcel de Guanajay, donde cumple actualmente una condena de cadena perpetua. El recluso alerta sobre la indolencia de las autoridades penitenciarias frente a un problema de salud que se agrava sin recibir atención adecuada, poniendo de manifiesto las precarias condiciones del sistema carcelario cubano.
En una comunicación reciente, Díaz Pérez detalló que padece desde hace más de dos meses una inflamación y acumulación de líquido en su rodilla derecha, una afección por la cual no ha recibido ningún tipo de tratamiento médico efectivo. Según su relato, el personal de salud del penal se ha limitado a prometerle la realización de una radiografía sin concretar fecha, dejándolo en un estado de postración e incertidumbre. La situación alcanzó un punto crítico tras un incidente con una enfermera del centro, identificada únicamente como Yaquelin, a quien solicitó una inyección para aliviar su padecimiento.
El recluso aseguró que la respuesta de la enfermera fue contundente y agresiva, manifestándole que debía olvidarse de recibir cualquier inyección, ni en el momento ni en el futuro, y añadiendo que incluso si estuviera al borde de la muerte no le proporcionarían el medicamento. Díaz Pérez calificó esta actitud como una forma de «maltrato psicológico», aunque señaló desconocer si estas presuntas represalias responden a directrices superiores o están vinculadas al delito por el cual fue condenado hace más de dos décadas. «Es muchas personas que lo rodean a él», expresó, en alusión al entorno del jefe del penal.
Antecedentes de la fuga de Canaleta y el procesamiento judicial
La historia penal de Alberto Díaz Pérez se remonta a diciembre de 1999, cuando fue detenido tras la sangrienta fuga ocurrida en la prisión de Canaleta, ubicada en la provincia de Ciego de Ávila. Durante aquel incidente, un grupo de reclusos tomó el control del penal tras un enfrentamiento armado con funcionarios de Orden Interior (FOI). En su propio testimonio, Díaz Pérez ha admitido que el plan fue ejecutado como una respuesta a los abusos sistemáticos que sufrían los presos en ese recinto, llegando a afirmar que mataron a todos los FOI que estaban de guardia aquel día para asegurar el control de la instalación.
La reconstrucción de los hechos por parte de organizaciones de derechos humanos estableció que cinco funcionarios perdieron la vida durante el motín y varios más resultaron heridos. Tras permanecer tres días oculto en zonas rurales, Díaz Pérez fue capturado el 9 de diciembre de 1999. Posteriormente, fue procesado en la Causa 44/2000 y condenado a la pena capital junto a otros cinco implicados: Osmany Brito Cartaya, Julio Alberto Morales Montero, Morlaix Nodal Pozo, Reidel Rodríguez Reyes y Héctor Santana Vega.
El caso trascendió las fronteras de la isla y en 2001 organizaciones como Amnistía Internacional emitieron alertas urgentes sobre la situación de los seis condenados a muerte. Estas advertencias se produjeron después de que el Tribunal Supremo cubano confirmara las penas capitales y el Consejo de Estado, máximo órgano de poder en la isla, rechazara las apelaciones de los reos, evidenciando la falta de garantías procesales y el carácter arbitrario de la justicia en el país.
Conmutación de penas y traslado por el sistema penitenciario
En 2008, la condena de Díaz Pérez fue modificada de pena de muerte a cadena perpetua. Esta modificación ocurrió en el marco de una política impulsada por el régimen de La Habana, durante la presidencia de Raúl Castro, mediante la cual se sustituyeron la mayoría de las penas de muerte vigentes por sanciones de entre 30 años y privación perpetua de libertad, con la excepción de tres individuos acusados de actos de terrorismo. Las autoridades de la isla presentaron esta medida como un gesto humanitario, aunque la realidad para los reclusos continuó marcada por el rigor y el aislamiento.
Durante sus más de dos décadas de reclusión, Díaz Pérez ha transitado por varias cárceles de máxima seguridad en Cuba, sufriendo condiciones que él mismo ha catalogado de tortura. En testimonios manuscritos, ha denunciado haber sido víctima de golpizas sistemáticas, aislamiento en celdas de castigo, exposición prolongada al frío y, lo más alarmante, descargas eléctricas en al menos tres ocasiones durante su estancia en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba.
Las denuncias de Díaz Pérez encuentran respaldo en los relatos de otros ex presos. El periodista y poeta Manuel Vázquez Portal, uno de los opositores encarcelados durante la llamada Primavera Negra de 2003, dejó constancia en sus escritos carcelarios de la presencia de Díaz Pérez en Boniato. Vázquez Portal describió aquel pabellón como un corredor de la muerte de máxima seguridad, donde los internos eran mantenidos en condiciones degradantes, siendo esposados y obligados a llevar grilletes en los pies para realizar actividades básicas como salir al patio, hablar por teléfono, recibir medicamentos o acudir al hospital penitenciario.
Contexto: El colapso del sistema penitenciario y sanitario en Cuba
El abandono médico que sufre Alberto Díaz Pérez no es un caso aislado, sino un reflejo del colapso estructural del sistema de salud pública en Cuba, que afecta con mayor crudeza a la población reclusa. La dictadura cubana ha mantenido durante décadas un control absoluto sobre las prisiones, convirtiéndolas en centros de opacidad donde las violaciones a los derechos humanos ocurren sin ningún tipo de control independiente o fiscalización internacional. La falta de medicamentos básicos, la ausencia de especialistas y la deficiencia higiénico-sanitaria son prácticas comunes en los recintos penales de la isla.
En el contexto de la profunda crisis económica que atraviesa el país, el gobierno cubano ha demostrado una incapacidad absoluta para garantizar la integridad física y mental de los reclusos. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico y la falta de insumos médicos han provocado que enfermedades tratables se conviertan en condenas de muerte o discapacidad para los presos. La negativa de atención médica se utiliza frecuentemente como una herramienta de represión adicional para castigar a quienes protestan o tienen antecedentes de rebeldía dentro del sistema.
Además, el régimen de La Habana ha incrementado en los últimos años la criminalización de la protesta social, llenando las cárceles de presos políticos y ciudadanos comunes que intentaron cruzar el exodo migratorio de forma irregular. Este hacinamiento ha empeorado las condiciones de vida en prisiones como Guanajay, donde la sobrepoblación y la falta de recursos exacerban las tensiones y facilitan el abuso de poder por parte del personal penitenciario, como se evidencia en la denuncia del recluso contra la enfermera del penal.
Implicaciones y necesidad de monitoreo internacional
La denuncia de Alberto Díaz Pérez pone sobre la mesa la urgente necesidad de que la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos redoblen la atención sobre la situación en las cárceles cubanas. Mientras la isla permanezca cerrada a inspecciones independientes de relatores de la ONU o de organizaciones no gubernamentales, el régimen continuará operando con impunidad, perpetuando un sistema penitenciario que vulnera sistemáticamente los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado cubano.
El futuro de Díaz Pérez y el de miles de reclusos en la isla depende en gran medida de la presión externa y del acompañamiento de la sociedad civil. La indolencia médica que hoy sufre este hombre condenado por la fuga de Canaleta es un recordatorio de que, más allá de la naturaleza de los delitos cometidos, el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar la vida, la salud y la dignidad de todas las personas bajo su custodia, una obligación que el poder en Cuba ha incumplido de manera sistemática y deliberada.
